La ciudad más liberal del planeta tiene su solución para el problema de la vivienda

Singapur es una isla y no puede enviar a sus clases trabajadoras a vivir en la periferia. Ha conseguido darles techo mediante el sistema de vivienda pública más ambicioso del mundo

Foto: Área residencial de Singapur vista desde el mirador de una de sus torres. (Reuters)
Área residencial de Singapur vista desde el mirador de una de sus torres. (Reuters)

Singapur probablemente sea el país con la economía menos regulada del mundo. Lo certifica la Heritage Foundation, un ‘think tank’ liberal financiado por los hermanos Koch que elabora anualmente este 'ranking' sobre “libertad económica” con el que pretende demostrar que los países más ricos y avanzados son los menos intervenidos. En la edición de 2019, España aparece en el puesto número 57, entre Indonesia y Eslovenia. Muy, muy lejos de Singapur, que cada año se disputa el oro con Hong Kong.

Además de ‘posterboy’ del autoritarismo de mercado (modelos con poca libertad política y mucha económica, muy frecuentes en Asia), el tigre estrella del Sudeste ha funcionado durante años como laboratorio de la globalización, un “entorno controlado”, literalmente una isla, en el que han surgido desafíos que tiempo después han llegado a otras metrópolis del continente y del mundo. Entre los más complejos, el de haber sido capaz de asegurar un techo a toda su población local al tiempo que se convertía en uno de los centros neurálgicos del capitalismo financiero.

Las preguntas serían más o menos las siguientes: ¿Dónde alojar a las clases trabajadoras en 721 km2 de terreno (poco más que el municipio de Madrid) en constante transformación vertical hacia las finanzas, la educación de élite y la innovación tecnológica? ¿Cómo evitar que los rascacielos de oficinas y los hotelazos acaben empujando al mar a las familias que no crecen al mismo ritmo que el PIB de la isla? ¿Cómo ha logrado el gobierno evitar un descontento ciudadano como el que paraliza desde hace meses Hong Kong?

¿Dejando que lo arreglen las leyes del mercado?

Más bien lo contrario.

Si descartamos dictaduras comunistas como Corea del Norte, la singapurense es la sociedad que más vivienda pública per cápita ha construido en las últimas décadas. El 82% de la población vive hoy en apartamentos levantados por el gobierno y entregados a precios asequibles y férreamente controlados. Algo más del 90%, además, son propietarios.

¿Cómo ha sido esto es posible? Nos ayuda a entenderlo Óscar Carracedo García-Villalba, nacido en Barcelona hace 47 años y actual director del Máster de Urbanismo y director del programa de Resiliencia Urbana en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Nacional de Singapur.

¿A qué nos referimos al hablar de 'vivienda pública' en Singapur?

A las llamadas HDB, las siglas de la Housing & Development Board, el organismo público que regula todo el proceso de construcción y gestión. Desde su creación en 1960, esta institución ha entregado más de un millón de pisos. Actualmente están en la quinta generación. Siguiendo los principios del movimiento moderno, la gran mayoría tienen una estructura parecida, con edificios de entre 10 y 12 alturas, plantas bajas abiertas y comunes destinada a actividades vecinales y que sirven de espacio público y de comunicación con los edificios circundantes.

¿Son colmenas humanas o apartamentos de lujo?

Yo diría que ni una cosa ni la otra. Son comunidades en altura, como las que se pudieron hacer en España en los años setenta y ochenta, pero las calidades no son de lujo, es vivienda pública. Las nuevas generaciones de proyectos tienen mejores estándares, pero las más antiguas carecen de cosas como el aire acondicionado, ya que se proyectan con los principios de la arquitectura tropical de “energía pasiva”.

Los primeros desarrollos atendían a las necesidades básicas. Tenían un aspecto parecido a este:

Edificio construido en 1963 en Singapur. (Reuters)
Edificio construido en 1963 en Singapur. (Reuters)

Y los últimos tienen como objetivo proveer de otros servicios a las comunidades. Como este:

Zonas comunes de uno de los últimos desarrollos públicos de Singapur. (HDB)
Zonas comunes de uno de los últimos desarrollos públicos de Singapur. (HDB)

¿Se construyen todos los apartamentos igual?

Los tamaños y tipologías varían y su oferta es diferente en cada proyecto. Desde cinco habitaciones para quienes tienen hijos o padres al cargo, hasta estudios para aquellos que viven solos, aunque los jóvenes solteros solo pueden acceder a las viviendas públicas a partir de los 32 años. Por lo que respecta a los precios, van en función del tipo de piso escogido, pero se mantienen dentro de unas tablas fijas que se actualizan año tras año.

¿Todo el mundo que vive en Singapur tiene acceso a esto?

No todo el mundo. La legislación deja fuera del acceso a compra de la vivienda pública a alrededor de un 25% de los habitantes: los ‘expatriados’ e inmigrantes. Básicamente, aquellos que no tienen pasaporte ni residencia permanente: alrededor de un millón y medio de personas. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las viviendas son de venta, y solo un pequeño número son de alquiler para aquellos con rentas más bajas que no pueden acceder a la compra.

Si los precios son tan bajos, ¿no hay patadas para hacerse con una vivienda pública?

Al ser una ciudad-estado, el gobierno conoce muy bien los perfiles y la demanda de la población local, por lo que puede cubrir las necesidades. El estado construye nuevos apartamentos en relación a las previsiones, aunque siempre hay unas ciertas listas de espera. Al mismo tiempo, el estado argumenta continuamente que, al tratarse de una isla, hay escasez de suelo, por lo que en ocasiones las nuevas viviendas se realizan tirando abajo las existentes y haciendo nuevos desarrollos más densos y con más unidades. En la actualidad hay una cierta crisis en la producción, ya que la demanda se ha reducido por el bajo nivel de natalidad. Algo que se prevé que continúe acentuándose.

¿Y cómo pagan todo eso?

Singapur dispone de otra singularidad que obedece a otras siglas, el llamado CPF (Central Provident Fund), una suerte de hucha de las pensiones de la que se puede sacar dinero en cualquier momento con algunos propósitos concretos. Es un sistema flexible bastante único, parecido a nuestra seguridad social, en el que el Estado retiene un porcentaje del salario en torno a un 25%. Al contrario que la seguridad social española, la gente puede gastar parte del fondo si es necesario para una serie de gastos sociales, como los copagos de la Sanidad, la educación… o la vivienda. Los HDB se financian parcialmente con el dinero recaudado a través de este sistema, así como por otros impuestos e ingresos derivados de otras actividades. Lo particular de este sistema es que no tienes que esperar a jubilarte para disponer de ese dinero. Si lo necesitas puedes usarlo, por ejemplo, para ejercer un derecho tan básico como el de la vivienda.

¿El Gobierno reparte los pisos como quiere?

La HDB administra diversos aspectos, por ejemplo, la distribución étnica de los vecindarios, asignando cuotas para que no se generen guetos raciales entre los cuatro principales grupos étnicos del país. También se encargan de que las familias se reagrupen, ayudando a que todo el mundo viva cerca de sus familiares cercanos, de forma que los más jóvenes puedan cuidar de sus mayores si lo desean. De esta forma priorizan el reparto en función a muchas variables sociales. Igualmente, se fomenta que las personas cambien fácilmente de apartamento a lo largo de su vida. Por ejemplo, que se vayan a uno más grande cuando tengan niños y vuelvan a uno más pequeño cuando los hijos se van de casa.

El centro financiero de Singapur. (Reuters)
El centro financiero de Singapur. (Reuters)

¿Y pueden venderse o alquilarse los HBD?

Ambas cosas, aunque la persona que vende su casa no vuelve a tener acceso al mercado de vivienda pública. Cabe decir que el precio de venta también está regulado. Por otra parte, hay gente que por su poder adquisitivo puede comprar otra vivienda en el mercado libre y mantiene la propiedad del HDB para alquilarla. El alquiler en este caso no está regulado por HDB y el precio es el del mercado libre. Mucho más elevados, aunque siempre menores que en un condominio de propiedad privada. En general, la gente de Singapur está muy satisfecha con la vivienda pública, los barrios construidos y el sistema que los regula. Existe un fuerte sentimiento de pertenencia como resultado de la política de aportar un techo para todos, y que el derecho a la vivienda esté garantizado trabajes donde trabajes.

¿Y la vivienda privada?

Antes de responder a la pregunta hay que entender otra gran singularidad de Singapur: la propiedad del suelo, que pertenece prácticamente en su totalidad al estado. La gran mayoría de los edificios, ya sean de construcción y/o gestión pública o privada, se entregan en concesión, en periodos de tiempo definidos. Por ejemplo, en el caso de la vivienda pública la concesión es por 99 años, y en desarrollos privados pueden ser por el mismo período o por menos tiempo.

Esto significa que, en cierta manera, se compra una vivienda por 99 años, pero al pasar este tiempo la propiedad vuelve al estado. O, dicho de otra forma: lo que se compra es el derecho al uso de la vivienda, y no la vivienda en sí. En cuanto a los desarrollos privados, habitualmente el suelo se saca a concurso público con una serie de requisitos para el constructor y promotor. Diciéndolo de forma sencilla, el que mejor oferta económica y prestaciones presente se llevará el concurso.

¿Cómo funciona ese mercado no regulado?

El ladrillo privado, el de los condominios, sirve a las necesidades de quienes no tienen acceso a un HDB, de quienes prefieren vivir en residencias más lujosas pagando el precio de mercado, o incluso de aquellos que quieren invertir. Los precios de la vivienda privada los rige el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda y, por supuesto, son mucho más altos que en la vivienda pública. En régimen de alquiler, se pueden encontrar casos de alquileres por habitaciones en que se paguen alrededor de unos 800 a 1.000 euros por una habitación. Los sueldos, eso sí, son bastante altos. En la actualidad el salario mínimo establecido para contratar a un ¨expatriado¨ está fijado en aproximadamente unos 3.000 euros. Aunque esta cantidad aumenta en función de las cualidades del candidato y el puesto ofrecido.

Área residencia moderna. (Reuters)
Área residencia moderna. (Reuters)

¿Y se puede invertir en suelo?

Como en otros muchos países de Asia, el sector está protegido frente a la inversión extranjera y la especulación. La prioridad es que los ciudadanos y residentes permanentes tengan acceso a una vivienda. En este sentido, a pesar de ser una economía extremadamente liberal, podemos decir que se asimila a aspectos cercanos a ideologías socialistas en el que el acceso a la vivienda debe ser para todo el mundo y de manera igualitaria. No obstante, como país de economía liberal, sí que admite la inversión en suelo de concesión privada, tal como se ha explicado con anterioridad. Es decir, la inversión y el control del suelo están fuertemente vigilados por el estado.

¿Y hay algo que podamos aprender en Europa?

Siempre se puede aprender algo del estudio de otros casos, aunque hay que tener en cuenta las singularidades de Singapur. Aquí, por el tamaño del país y la limitada población, todo es relativamente fácil de controlar. En países más poblados y más grandes, como España, resulta algo más difícil. Pero definitivamente hay cosas que se podrían tener como referencias de las cuáles aprender y adaptar. Por ejemplo, el poder acceder libremente a la 'hucha' de los ahorros sociales para la compra de la vivienda genera una flexibilidad importante sobre los ahorros que la población va generando durante su vida laboral.

También la protección del suelo y el derecho de compra, que evitan la especulación y compra del suelo y del mercado público por parte de grupos inversores extranjeros, lo que evita las subidas de precios abusivas o la escasez de oferta de vivienda por especulación. El hecho de que en Singapur el suelo esté en cierta manera protegido, por ser de propiedad pública, aporta al estado un control muy importante que siempre puede variar en función de los intereses generales de la población. Eso sí, cabe también destacar que la base legislativa del país es diferente a la española, por lo que la aplicación de según qué medidas resultaría algo más complicada en nuestro caso.

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