La multa del destierro
Dice mucho de España la decisión de abrir sus puertas sin restricciones a los turistas en verano pero decidir exigir ahora requisitos a veces difíciles de cumplir para los españoles que regresan en Navidad
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Desde el pasado lunes cualquiera que desee entrar en España por avión o barco deberá hacerlo con una prueba PCR negativa hecha en las 72 horas previas. La medida no ha generado ninguna polémica reseñable dentro del país, algo extraño acostumbrados a que cualquier mínimo asunto se traduzca en semanas de bronca política. De hecho ha recibido un apoyo bastante amplio, aunque el propio Fernando Simón considera que tiene poco impacto. Sin embargo, ha sentado como un puñetazo silencioso en las burbujas de españoles en el extranjero. No ha generado un enfado excesivo, lo que ha generado es desesperación y cansancio, la cronificación de una sensación de menosprecio y olvido.
Millones de jóvenes españoles, pero también muchos adultos, han tenido que abandonar el país desde 2008 debido a la falta de oportunidades laborales. El destierro da dos golpes: el primero es cuando te ves obligado a marchar, y el segundo cuando te das cuenta de que has sido olvidado de forma rápida. No ha sido tanto la exigencia de pruebas PCR, sino su contexto lo que ha hecho que estas semanas muchos hayan sentido ese segundo golpe del destierro.
Porque dice mucho del país que se vieron obligados a abandonar que durante este verano no se pidiera ni un solo requisito a los turistas alemanes, británicos, franceses, italianos o belgas que viajaban a España, pero que ahora, cuando miles de españoles llevan ahorrando muchos meses para volver a casa para las fiestas, el país que les echó confirme su olvido exigiendoles algo que no pidió a los que venían a dejarse el dinero en mojitos, tumbonas y souvenirs. No solo eres desterrado, sino que debes pagar una multa por ello.
No se trata de que la medida no sea racional, porque seguramente lo es y de hecho se llega, como mínimo, seis meses tarde respecto al resto de socios europeos. Pero existen alternativas. En Italia, por ejemplo, también se pide acudir con una PCR hecha en las 72 horas previas, aunque también permiten las pruebas de antígenos mucho más baratas, pero a los ciudadanos italianos y a los residentes se les ofrece la posibilidad de hacerse la prueba gratuita en el aeropuerto o en un centro. En el caso español, el que quiera viajar al país tendrá que, en el mejor de los casos, como en Bélgica, pagar más de 50 euros, aunque sin ninguna garantía de tener el resultado a tiempo para cuando le toque subirse al avión. En el peor de los casos las pruebas, si es que consigues cita para una, son mucho más caras, de más de 200 euros. Después toca cruzar los dedos para que no cancelen los pocos vuelos que despegan.
No es nada nuevo y quizás eso sea lo peor. Que es solo una demostración más de la sensación de ninguneo y olvido completo. Estos españoles que ahora se sienten en una situación difícil y molesta, tienen que afrontar ya otras dificultades en distintos aspectos. Votar desde el extranjero, por ejemplo, es una experiencia como mínimo poco agradable. Si tienes suerte y acabas recibiendo el voto en tu casa (no todos llegan) quizás tengas que pagar por emitir tu voto. Es el caso de los españoles que residen en el extranjero de forma temporal, o de los ciudadanos en muchos países donde no pueden franquear en destino. Que un país no tenga como prioridad que sus ciudadanos en el extranjero no tengan que pagar por ejercer su derecho a votar de nuevo dice mucho de sus prioridades.
El requisito de una prueba PCR es perfectamente proporcional para los turistas, pero no para los españoles migrantes. Sin embargo, estos días la atención se ha puesto de hecho de forma mayoritaria en el hecho de que no van a venir turistas, o que los españoles no podrán viajar, en una muestra de la invisibilidad de los migrantes.
Porque la norma parece diseñada para hacer difícil el retorno a casa: las exigencias limitan tu derecho de volver a tu país al obligarte a desembolsar sumas importantes de dinero por una prueba sin ninguna garantía de tenerla en 72 horas, cuando en Bélgica a veces han tardado diez días o más, y cuyos resultados por cierto tienen que estar en español o en inglés, dando por sentado muchas, muchas cosas. Los migrantes españoles se indignan porque parece difícil establecer unas reglas que tengan menos en cuenta la realidad de las condiciones de los ciudadanos en el extranjero. Es la decepción previa a digerir la realidad: para España hace años que empezaste a dejar de existir.