¿Se quedan atrás los retos sociales en la agenda de sostenibilidad?

La inversión privada caracterizada como sostenible o ESG se ha multiplicado en los últimos años. Son miles de fondos y productos financieros los que afirman poner el dinero a producir con la intención de luchar contra el cambio climático y abordar retos sociales, asegurando un gobierno diligente de la inversión y de las empresas donde esta se dirige.

Más del 40% de la inversión global estaría asociada a la ESG, aunque con intensidades muy diversas. Desde la mera exclusión de sectores dañinos (armas, combustibles fósiles…) a la inversión de impacto que combina altos estándares ambientales con la búsqueda de un impacto social positivo y diferencial.

La diferencia reside en la centralidad de la sostenibilidad en las políticas empresariales

Estas tres letras, ESG, a diferencia de las tres de la RSC, acogen un notable potencial de transformación de la actividad empresarial en relación con los formidables retos sociales y ambientales de nuestro tiempo. Más allá de siglas y de la cuantificación más robusta de la ESG, la diferencia reside en la centralidad de la sostenibilidad en las políticas empresariales, incluyendo su reporte directo al CEO y su presencia en la agenda de los consejos de administración.

Las décadas de recorrido de la RSC han estado plagadas de proyectos de acción social, voluntariado corporativo y medidas ambientales al interior de la empresa. Nada que objetar. Aunque la dedicación económica haya sido modesta, al menos en España, los proyectos son positivos y otras acciones han sentado la base de impulsos mayores. Dicho esto, la penetración de la RSC a la estrategia de la empresa ha sido marginal, ocupándose de las esquinas sin influir en el corazón del negocio y, por lo tanto, en lo que este conlleva en términos de sostenibilidad y derechos humanos.

Cabe preguntarse ahora si la oleada de inversión bajo el paraguas de la ESG está contribuyendo a cambios positivos en la sostenibilidad de la especie humana en el planeta y en la cohesión de las sociedades, también para la infancia y sus derechos. Si nos centramos en los asuntos sociales, la respuesta es tibia. Por un lado, el conjunto de la inversión ESG está en un tiempo de duda, tras varios años de generar grandes expectativas y vender resultados tal vez inalcanzables sin transformaciones más drásticas que provoquen un impacto real, a escala y medible. Por el otro, la lucha contra el cambio climático centra los esfuerzos, quedando el buen gobierno en su lugar regulatorio, y los retos sociales, salvo excepciones, en un segundo plano.

Los objetivos de algunos productos financieros vendidos como sostenibles pueden ser excesivos en número y ambición

Los cuestionamientos a los que se enfrenta la inversión ESG son diversos, y algunos suponen dilemas de difícil solución. Ya han saltado casos flagrantes de ESGwashing: gestores de fondos que exageran, en el mejor de los casos, lo verde y social de los productos financieros que venden. No ayuda a la transparencia las docenas de índices que miden factores diferentes con pesos diferentes, lo que da como resultado que la misma empresa esté en lo más alto de un índice de sostenibilidad y en la zona media de otro.

Los objetivos de algunos productos financieros vendidos como sostenibles pueden ser excesivos en número y ambición. Es difícil contentar todas las inquietudes ambientales y sociales de un inversor solo porque meta una parte de sus ahorros en un determinado fondo.

En el lado climático y a pesar de la fuerte inversión en energías renovables, el hecho es que las emisiones siguen aumentando y no parece que la inversión sostenible esté teniendo la fuerza para cambiar esa dramática tendencia. Una parte de ello se debe a que la medición "material" del cambio climático mira más al impacto de este en la empresa, en sus riesgos y resultados, que al impacto de la empresa y sus productos en el cambio climático. Por otro lado, apenas se invierte en adaptación al cambio climático de quienes ya sufren, o sufrirán en poco tiempo, su impacto devastador, siendo la adaptación el terreno climático más conectado con los retos sociales. Millones de niños y niñas tienen su presente y su futuro gravemente comprometido hoy por los fenómenos climáticos extremos.

Algunas voces apuntan a que los asuntos sociales deben ser regulados por el estado y no sujetos a impulsos voluntarios de las empresas

A pesar de quedarse corta, es innegable que la inversión privada se está implicando en la lucha contra el cambio climático, especialmente en el terreno de la transición energética. No ocurre lo mismo en la S que no logra la tracción de la E para ganar en ambición.

Mientras lo ambiental cuenta con un abanico de métricas y estándares notables, lo social se sigue basando en pactos y acuerdos internacionales, guías orientativas y exclusiones de determinados productos. Por lo tanto, está centrado en las garantías mínimas y en evitar impactos negativos. Mientras tanto, son miles los fondos de inversión y tipos de bonos, así como los apoyos públicos e incentivos, que apuestan por la transformación energética y ecológica. La inversión de impacto social o los incipientes bonos sociales apuntan en la buena dirección, pero suponen una pequeña fracción en relación con lo verde.

Algunas voces apuntan a que los asuntos sociales deben ser regulados por el Estado y no sujetos a impulsos voluntarios de las empresas. Lo cual es cierto, dado el rol de lo público a la hora de legislar, aunque parcial, ya que la regulación obligatoria y robusta se suele quedar en las fronteras nacionales o europeas, cuando las cadenas de valor son globales. Además, esta aproximación, centrada en los estándares mínimos, ignora el impulso positivo buscado por algunas empresas y productos de inversión de alta exigencia en cuanto a su impacto social.

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La regulación en lo social también se ralentiza. Por ejemplo, en el desarrollo de la Taxonomía Europea, que pretende dar seguridad a los inversores sobre las empresas y sus productos detallando a través de estándares cada aspecto de su impacto social y ambiental. Ya está aprobada la Taxonomía Verde, que abarca la mitigación y adaptación al cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Sin embargo, la Taxonomía Social sigue en estudio, frenada por sectores empresariales que aluden a su menor relevancia o a la dificultad para digerir tanta regulación. Cabe señalar que la Taxonomía refuerza la ya aprobada nueva Directiva de Reporte de Sostenibilidad de las Empresas y engarza con la Directiva Europea de Debida Diligencia en materia de Derechos Humanos que se encuentra en plena discusión, también con algunas vallas importantes en su camino.

A diferencia de lo ambiental, donde el manejo del trinomio riesgo-retorno-plazo puede encontrar soluciones en las que todos ganen, los retos sociales se encuentran con dilemas en los que la reducción del impacto negativo, o la contribución positiva, afecta antes al modelo de negocio de la empresa y a sus beneficios. La gestión de estos dilemas exige manejar tensiones y balancear contrarios por lo que la determinación del equipo ejecutivo y del consejo de administración debe ser más contundente.

El futuro será de las empresas que elijan liderar este cambio de paradigma, sin esperar a la obligatoriedad

En este tiempo de crisis superpuestas, los desafíos sociales son descomunales. Millones de niños y niñas más viven en la pobreza tras la pandemia y el estallido inflacionario. Los más vulnerables son los que menos capacidad tienen para adaptarse a huracanes y sequías. El acceso, sobre todo de las niñas, a la educación y la salud se ha frenado en muchos países. El coste de la vivienda y el empleo precario de madres y padres impacta en la infancia que siente la incertidumbre también en su salud mental.

Las empresas deben cumplir la legislación más estricta y evitar impactos negativos de sus productos y campañas, así como en su cadena de valor, llegue esta a donde llegue. Siendo esto indispensable, el cambio vendrá dado por compañías que apuesten e inviertan en el bienestar de la infancia, en productos sanos, en educación y salud accesible, en negocios inclusivos y bienestar social.

El futuro será de las empresas que elijan liderar este cambio de paradigma, sin esperar a la obligatoriedad. Esta decisión es la que les garantizará la licencia social para sobrevivir y prosperar como actores relevantes ante la sociedad.