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China como campo de pruebas: este es el futuro de la represión política en el mundo
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Daniel Iriarte

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China como campo de pruebas: este es el futuro de la represión política en el mundo

El país asiático está a la vanguardia mundial en sistemas de vigilancia: no solo tiene la tecnología, sino que ya la aplica en varias regiones. Y el resto del planeta está comprándola o imitándola

Foto: Un pantallazo del sistema de vigilancia chino SenseTime durante una prueba para periodistas en la oficina de la empresa en Pekín, en octubre de 2017. (Reuters)
Un pantallazo del sistema de vigilancia chino SenseTime durante una prueba para periodistas en la oficina de la empresa en Pekín, en octubre de 2017. (Reuters)

Iman tuvo suerte: fue puesto en libertad sin motivo aparente, probablemente porque un pariente lejano en el aparato del Partido Comunista intervino en su favor. Tras poner el pie en el aeropuerto de Xinjiang, la provincia de mayoría musulmana en el oeste de China, había sido arrestado sin previo aviso e internado en un campo de reeducación. Su reclusión apenas duró un mes, y pudo contarlo en un artículo a su regreso a Estados Unidos, donde estudiaba con una beca. La mayoría de los allí internados -un millón de personas, según aseguró este mes la ONU-, a menudo detenidos sin cargos formales, como él mismo, no ha vuelto a pisar la calle.

Pero estos campos, los 'gulags para musulmanes' de etnia uigur establecidos por Pekín para combatir el extremismo islámico, como ha contado El Confidencial esta misma semana, son solo una parte del asunto. Como descubrió Iman al tratar de retomar su vida, su pasado “criminal” estaba ahora integrado en su documento de identidad. En la práctica, no podía entrar en edificios oficiales, tomar el transporte público e incluso poner en pie en centros comerciales. Estaba atrapado tras lo que algunos observadores han definido como “barrotes digitales”.

Foto: Un grupo de militares vigila una calle de Kashgar, la capital histórica de Xinjiang, en marzo de 2017. (Reuters)

Es probable que, a estas alturas, hayan oído hablar del 'carnet por puntos' que China ha establecido para distinguir entre “buenos” y “malos” ciudadanos, un sistema de crédito social de la que los chinos dependen para encontrar trabajo, acceder a algunos servicios e incluso reservar un billete de avión: aquellos que se comportan “mal”, según los parámetros del Gobierno chino (lo que, por supuesto, abarca toda disidencia política), quedan excluidos de los beneficios, en lo que es un modelo orwelliano casi perfecto. Pero en Xinjiang, la cosa va mucho más allá: además de la presencia de puestos de control, miembros de las fuerzas de seguridad, espías e informantes de forma casi omnipresente, Pekín ha establecido el que, hoy por hoy, es probablemente el sistema de vigilancia tecnológica más avanzado del mundo.

En esta región, la más conflictiva de China, se están utilizando drones para vigilar las fronteras y los puntos más sensibles. El régimen ha desplegado cámaras de vigilancia con sistemas de reconocimiento facial en las gasolineras y otros lugares, se están creando bases de datos de ADN, y se experimenta con aparatos de reconocimiento de la voz y el iris. En febrero, además, la organización Human Rights Watch denunció el uso masivo de 'big data' -desde matrículas hasta informes médicos o registros bancarios- para acumular información sobre los ciudadanos sin su consentimiento y poder clasificarles como “fiables” o “no fiables”.

“Por primera vez podemos demostrar que el uso de 'big data' y la política predictiva del Gobierno chino no solo viola descaradamente los derechos de privacidad, sino que también permite a los funcionarios detener a gente de forma arbitraria”, afirma Maya Wang, investigadora sobre China de HRW. “Las autoridades dicen que esta campaña va contra los 'elementos terroristas', pero en la práctica va mucho más allá, e incluye a cualquiera sospechoso de deslealtad política, lo que en Xinjiang puede querer decir cualquier uigur, particularmente aquellos que expresan, incluso de forma pacífica, su identidad religiosa o cultural”, dice la organización en un informe al respecto.

placeholder Un hombre uigur observa el despliegue de policías paramilitares durante un ejercicio antiterrorista en Urumqi, Xinjiang, en mayo de 2014. (Reuters)
Un hombre uigur observa el despliegue de policías paramilitares durante un ejercicio antiterrorista en Urumqi, Xinjiang, en mayo de 2014. (Reuters)

'Apps' para denunciar a tu vecino

Además, los residentes denuncian que a menudo, en los puestos de control, la policía les obliga a descargar aplicaciones en su móvil. Una de ellas, llamada “Jingwang” (literalmente, “Limpieza de la web”), escanea el contenido de los teléfonos y avisa a sus usuarios de que ciertos archivos son problemáticos, por ejemplo los de carácter islámico que no hayan sido sancionados por las autoridades religiosas oficiales, y les conmina a borrarlos. Otros programas sirven para escuchar las conversaciones, y otro, llamado “Baixing Anquan” (“Seguridad ciudadana”), ayuda a los usuarios a denunciar los comportamientos sospechosos de sus vecinos. Esta última 'app' es muy popular: durante los tres primeros meses tras su aparición fue descargada 147.000 veces.

El Gobierno chino está gastando enormes recursos en gestionar la información recogida por todos estos medios y unificarla para crear perfiles de los ciudadanos de Xinjiang. También se crean diagramas de sus relaciones con familiares y amigos, utilizando un software que el New York Times pudo observar en acción a principios de este verano. “Es una especie de laboratorio de campaña sobre vigilancia. Dado que está un poco fuera del ojo público, puede haber más experimentación”, afirma Adrian Zenz, uno de los académicos que más en profundidad ha estudiado esta situación.

Foto: Un grupo de niños escucha un mensaje del presidente Xi Jinping durante una ceremonia olímpica en la Gran Muralla de Pekín, el 27 de febrero de 2018. (Reuters)
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En Xinjiang, en los 12 meses previos a septiembre de 2017, el Gobierno anunció 100.000 puestos en empleos relacionados con la seguridad, y el gasto en ese ámbito creció un 45% durante la primera mitad de ese mismo año. Y las empresas del sector están haciendo su agosto: Leon Technology, con base en la ciudad de Urumqi, la capital de la región, experimentó un crecimiento del 260% en el primer cuarto de 2017. “El Gobierno de Xinjiang está comprometido a gastar enormes sumas de dinero para salvaguardar las propiedades de la gente y sus vidas, protegiendo la paz, el desarrollo y la estabilidad de la región”, afirma en su web.

Pero los expertos creen que Pekín aspira a extender el sistema al resto del país, como ya se ha hecho con las tecnologías más exitosas. En toda China ya hay instaladas más de 200 millones de cámaras de vigilancia (una cifra que cuadruplica la de EEUU, por ejemplo), y se cree que llegarán a los 300 millones para 2020. Otros sistemas permiten rastrear las comunicaciones y el uso de internet, las estancias de hotel, los viajes en tren y avión e incluso en coche, en algunos lugares. El país gastará otros 30.000 millones de dólares en los próximos años en vigilancia tecnológica, según un experto gubernamental citado por medios chinos.

“Igual que permitirá censurar el discurso de forma retroactiva, la inteligencia artificial y el 'big data' permitirán el control predictivo de los potenciales disidentes. Eso se asemejará al análisis de consumidores que hacen Amazon o Google, pero será mucho más efectivo, dado que los gobiernos autoritarios podrán basarse en los datos de formas que no se permiten en las democracias liberales”, opina Nicholas Wright, consultor tecnológico y académico de la Universidad Georgetown.

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China se ha colocado a la vanguardia de la tecnología de vigilancia del planeta. (Reuters)

La mejor vigilancia: la autocensura

La acumulación masiva de datos genera otros problemas: la base de datos china sobre individuos a vigilar incluye de 20 a 30 millones de personas, según declaró al New York Times un ejecutivo tecnológico que trabaja para el Gobierno chino. Eso, afirma, es demasiada gente para que un sistema de reconocimiento facial pueda procesarlo en su totalidad. Además, los sistemas están lejos de haber sido implementados de igual forma en todo el país, y las tecnologías varían de lugar en lugar. Pero, como señala el rotativo neoyorquino, incluso la percepción de estar siendo vigilados tiene un efecto disuasorio sobre gran parte de la población.

“Para impedir que el sistema haga predicciones negativas sobre ellos, muchas personas empezarán a imitar los comportamientos de un miembro 'responsable' de la sociedad. Esto podría ser algo tan sutil como cuánto abre uno los ojos al mirar a diferentes elementos en la pantalla de un móvil”, señala Wright, quien recuerda que “la autocensura era tal vez el mecanismo disciplinario más importante de la Stasi”, la policía política de la Alemania Oriental.

Foto: Un agente de seguridad en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, el 18 de octubre de 2017. (Reuters)

Por ello, las autoridades chinas se jactan ya públicamente de sus éxitos en este campo. Por ejemplo, el verano pasado, 49 presuntos criminales fueron arrestados en un festival de la cerveza en la ciudad costera de Qingdao después de que los sistemas de reconocimiento facial los identificasen como individuos buscados por la policía. “Estos criminales en busca y captura bajaron la guardia en el festival, que no pide un documento de identidad. Pero no eran conscientes de que una simple imagen de sus rostros conduciría a su arresto”, declaró un policía local.

El año pasado, la firma china Yitu ganó una competición abierta de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EEUU para desarrollar algoritmos de reconocimiento facial, y otras empresas chinas lograron resultados sobresalientes. Según Shen Xinyang, jefe de tecnología de la empresa tecnológica Eyecool, el mercado de la seguridad pública en el país fue valorado en más de 80.000 millones de dólares en 2017, pero podría crecer aún más a medida que China aumenta sus capacidades. Un pastel que, por supuesto, no ha pasado desaparecido fuera de sus fronteras.

“Las compañías de vigilancia chinas han recibido apoyo de promotores occidentales en el pasado, lo que presenta serios dilemas éticos”, afirma Peter Irwin, portavoz del Congreso Mundial Uigur, una organización de exiliados con base en Múnich. “Las compañías occidentales que siguen haciendo negocios con el Gobierno regional [de Xinjiang] o aquellas que pueden estar contribuyendo directamente a violaciones de derechos humanos allí deberían ser objeto de sanciones”, dice a El Confidencial.

placeholder Una cámara de vigilancia en la plaza Tiananmen de Pekín, en marzo de 2018. (Reuters)
Una cámara de vigilancia en la plaza Tiananmen de Pekín, en marzo de 2018. (Reuters)

Un camino para el resto del planeta

Pero lo cierto es que cuanto más progresa China en este campo, más aumentan sus ventas a otros países. “El autoritarismo digital no se limita a China. Pekín está exportando su modelo”, afirma Wright. El sistema chino de censura para internet, denominado la “Gran Muralla Digital”, ha sido adoptado por Vietnam y Tailandia. Expertos chinos han proporcionado apoyo o equipos para ayudar a los censores gubernamentales de Sri Lanka, Etiopía, Irán, Rusia, Zambia, Zimbabwe y varios países de Oriente Medio. La firma china Yitu le ha vendido cámaras de reconocimiento facial a los servicios de seguridad de Malasia. Y la lista sigue.

No es ningún secreto que los gobiernos autoritarios cooperan entre sí. El problema es que, en un contexto de creciente inestabilidad y con los valores liberales en retirada en gran parte del planeta, las democracias occidentales se sienten cada vez más tentadas de recurrir a estos mismos sistemas de vigilancia para controlar a su ciudadanía, con el consiguiente riesgo de abusos. Algunos pensadores, como Wright, son optimistas, y creen que los sistemas de supervisión y responsabilidad existentes en los países democráticos impiden que en último término pueda producirse una deriva similar a la de los ejemplos apuntados arriba. “La tendencia humana a enmarcar la competición en términos de 'nosotros contra ellos' puede llevar a los países occidentales a definir sus actitudes hacia la censura y la vigilancia al menos parcialmente en oposición a esta nueva competición [con los estados autoritarios]”, escribe. “Los Gobiernos y las empresas tecnológicas en las democracias liberales tendrán que explicar en qué son diferentes”, concluye.

Foto: Una mujer pasa por delante de un poster de Ho Chi Minh en Hanoi, el 30 de agosto de 2017. (Reuters)

Eso no significa que el peligro no sea real. Por poner algunos ejemplos, no olvidemos que a finales de 2016, casi en silencio y prácticamente sin oposición, una democracia tan consolidada como el Reino Unido aprobó una de las leyes de vigilancia “más extremas de la historia”. Australia debate estos días una nueva legislación que promueve el uso de reconocimiento facial y biométrico y la obligación legal de que los gigantes de Silicon Valley proporcionen a las fuerzas de seguridad acceso a las comunicaciones y aparatos de sus usuarios, de un modo no muy diferente a las exigencias de China. La medida no ha sido aprobada (todavía) porque una mayoría parlamentaria ha considerado que su redacción iba mucho más allá de la mera persecución de la criminalidad y el terrorismo, y dejaba la puerta abierta a "otros usos".

Y no olviden todo lo que ya nos contó Edward Snowden. Mejor no bajar la guardia.

Iman tuvo suerte: fue puesto en libertad sin motivo aparente, probablemente porque un pariente lejano en el aparato del Partido Comunista intervino en su favor. Tras poner el pie en el aeropuerto de Xinjiang, la provincia de mayoría musulmana en el oeste de China, había sido arrestado sin previo aviso e internado en un campo de reeducación. Su reclusión apenas duró un mes, y pudo contarlo en un artículo a su regreso a Estados Unidos, donde estudiaba con una beca. La mayoría de los allí internados -un millón de personas, según aseguró este mes la ONU-, a menudo detenidos sin cargos formales, como él mismo, no ha vuelto a pisar la calle.

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