La nueva Constitución de Cuba contada a mis vecinos en un debate callejero

El grupo no pasa de las treinta y tantas personas, aunque en otras circunstancias podría haber superado holgadamente la centena. La asamblea vecinal, convocada bajo uno de los contados faroles de alumbrado público que funcionan en esta calle del reparto Guiteras, a las afueras de La Habana, pretende que los ciudadanos participen en la discusión del nuevo texto constitucional que prepara el Gobierno cubano. La mayoría de los asistentes son vecinos de mediana edad o ancianos; los dos 'pioneros' (estudiantes de enseñanza primaria) que leyeron el imprescindible comunicado llamando a la “responsabilidad revolucionaria en el debate de nuestra nueva constitución”; y el dúo de “facilitadores” encargado de registrar las opiniones de los presentes.

El reloj marca las ocho y media de la noche cuando comienzan a escucharse las primeras opiniones. Más de una mujer consulta discretamente la hora. A pesar de la “importancia trascendental” que le atribuyen las autoridades, la discusión sobre la nueva carta magna no ha conseguido imponerse a la telenovela que cada noche transmite la televisión nacional. Si en cuarenta -a lo sumo cuarenta y cinco– minutos no ha terminado el encuentro, buena parte de los congregados hará discreto mutis por el foro. Previendo tal eventualidad, los organizadores de la asamblea han reclamado “concisión y exactitud” en las propuestas. El texto es analizado a saltos, pasando capítulos enteros con solo alguna acotación. En definitiva, ya se sabe que el Partido Comunista seguirá siendo la “vanguardia organizada de la nación”, que se proscribe la concentración de la propiedad pero no la de la riqueza y que todos los cubanos podrán poseer más de una ciudadanía. En cuanto al bajo poder adquisitivo del grueso de la población la postura del Estado es simple: no se incrementarán los salarios en tanto no crezca la productividad.

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Ninguno de los asistentes tiene claro cuál será el destino de las opiniones que planteen. En teoría, no hay temas tabú (así lo aseguró el presidente Miguel Díaz-Canel en una entrevista reciente con el canal multinacional Telesur). Cuanto se dice, será recogido en acta para su estudio por comisiones creadas al efecto en cada municipio. Siempre de acuerdo con lo anticipado por el gobierno, a finales de año la Asamblea Nacional del Poder Popular recibirá un resumen con las posibles modificaciones a realizar en el proyecto, sus diputados aprobarán una versión definitiva de este y la misma será sometida a referéndum en febrero de 2019. Pero nadie se engaña respecto a los límites reales del debate. Un excesivo entusiasmo “constitucionalista” puede resultar peligroso o –cuando menos– inconveniente.

“¿Quién garantiza que un estudiante que se atreva a plantear un criterio incómodo no sea sancionado por la UJC [la Unión de Jóvenes de Comunistas, ala juvenil del Partido] o llevado a una comisión disciplinaria; que un profesor no sea separado de su puesto por problemas ideológicos; que a un cuentapropista no le realicen una inspección en la que se ‘le descubra’ la receptación de productos procedentes del mercado negro y le retiren la patente?”, se preguntaba al inicio del actual proceso de consultas el profesor universitario José Raúl Gallego Ramos, en un artículo para la revista digital Cuba Posible. Su propia experiencia confirmó que no se trataba de un episodio de paranoia. En enero de este año fue sancionado y separado de la cátedra que impartía bajo el supuesto de que ejercía “una mala influencia sobre los estudiantes”. Su “falta”, en realidad, era mucho más grave: colaborar con publicaciones no autorizadas por el gobierno, algo inaceptable en un docente vinculado a la formación de los futuros periodistas del país.

Cerradas las puertas a cambios de fondo en cuanto a los sistemas político y electoral, y con la legislación económica estrechamente controlada por los decretos ley del Consejo de Estado y los Lineamiento del Buró Político del Partido Comunista, la atención de los cubanos se ha centrado en aspectos que la lógica más racional perfilaba como de una importancia menor.

A vueltas con el matrimonio igualitario

Entre todos destaca el matrimonio igualitario. El artículo 68 del proyecto que ahora se somete a consulta define el matrimonio como la “unión voluntariamente concertada entre dos personas”. La pequeña modificación respecto al texto constitucional de 1976 –que aclaraba que dicho enlace solo podría celebrarse entre un hombre y una mujer– motivó la oposición inmediata de numerosas agrupaciones religiosas, entre las que la Liga Evangélica de Cuba, las Convenciones Bautista Oriental y Occidental, y la Iglesia Evangélica Pentecostal han llevado la voz cantante. Bajo su impulso, desde finales de junio se ha venido desarrollando una suerte de cruzada en defensa del “diseño original” de la familia, cuyas muestras más visibles han sido las publicaciones y videos aparecidos en redes sociales como Facebook (la más usada en el contexto digital cubano) y los pequeños carteles colocados en las puertas de los hogares de sus practicantes.

Aunque con alcance nacional, hasta ahora la campaña ha encontrado su principal caja de resonancia en las cinco provincias orientales, la región de menores ingresos del país y donde esas corrientes protestantes disfrutan de un mayor poder de convocatoria. Por coincidencia, se trata del mismo escenario geográfico en el que históricamente la “Revolución” ha mantenido su base política fundamental; de hecho, la lucha guerrillera que llevó al poder a Fidel Castro, se inició en las serranías de esa zona y es en su capital oficiosa –la ciudad de Santiago de Cuba– donde se hayan depositadas sus cenizas desde diciembre de 2016.

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A comienzos de julio, fue también Santiago el lugar en el que se hizo pública la posición de la Iglesia Católica respecto al tema, planteada por Dionisio García Ibáñez, arzobispo de esa urbe y presidente de conferencia nacional de obispos. En su opinión, la propuesta del matrimonio igualitario es “ajena al sentir y la sabiduría del pueblo”, y resultado de una nueva forma de “colonialismo ideológico” e “imperialismo cultural”. Uno de sus efectos más preocupantes se pondría de manifiesto al autorizar la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, con lo que los primeros quedarían sin la posibilidad de “tener un padre o una madre”.

No es la interpretación más peregrina del fenómeno. En paralelo con la “preocupación” por las hipotéticas adopciones ha ganado preeminencia la inquietud por qué podría suceder con el ya bajo índice de natalidad cubano si se convierte en realidad el artículo de marras. “La familia de padre y madre fue creada con el objetivo de garantizar la preservación de nuestra especie”, justifica una defensora del “diseño original” ante El Confidencial.

“Para que sea posible el matrimonio igualitario en Cuba (…) habrá de configurarse todo el cuerpo legal complementario que garantice esa posibilidad. Pero en medio del júbilo es necesario tener en cuenta la resistencia de prejuicios, que se han visibilizado ya desde las sesiones del Parlamento (…). Tal resistencia retrasaría o limitaría de modo significativo la condición efectivamente igualitaria de esas uniones”, alertaba semanas atrás el prestigioso dramaturgo Abel González Melo.

Sin criterio oficial

Los hechos le han dado la razón. Por causas tan diversas como el fuerte machismo imperante en algunos sectores de la sociedad y la propaganda de signo religioso, el “68” –como ya se le conoce– ha devenido en protagonista de buena parte de las miles de asambleas de consulta que ya han tenido lugar, robándole la atención a asuntos de tanta urgencia como las reformas económicas, que incluso el presidente Díaz-Canel considera esenciales para el futuro del país.

La cobertura brindada por la prensa oficial podría haber favorecido tal orden de cosas. Así lo señalaba a finales de agosto Gallego Ramos, en un análisis del contenido de los periódicos Granma y Juventud Rebelde, los dos más importantes del país. En las ediciones de ambos el matrimonio igualitario se mantenía como un tema de “segunda línea” –si se observaba únicamente el número de intervenciones publicadas–, pero resaltaba por ser el único en el que se daba cabida a “argumentos contrapuestos”. Mientras, ni en las valoraciones acerca del papel del Partido dentro de la sociedad, ni en las centradas en la irrevocabilidad del socialismo se reflejaba ninguna opinión divergente. En el resto de los aspectos contemplados en el proyecto de carta magna el seguimiento se limitaba a dar cuenta de las propuestas de adición o modificaciones, sin aventurarse a emitir criterios.

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Lo visto durante septiembre ha servido para corroborar esa norma, a la que se han ajustado también las emisoras de radio y las cadenas de televisión. De atenerse solo a sus reportes, cabría pensar que el matrimonio igualitario es el único gran punto de contradicción de cara a la nueva ley fundamental.

“Los mambises [los independentistas del siglo XIX] nunca le preguntaron a los dueños de los esclavos si estaban de acuerdo con la abolición de la esclavitud; tampoco al comienzo de la Revolución los hombres fueron consultados respecto a la posibilidad de que las mujeres pudieran abandonar las tareas hogareñas e incorporarse al estudio y el trabajo. Los derechos fundamentales de las personas tienen esa condición de prioridad y no debieran tener que ser sometidos al escrutinio público para convertirse en realidad”, opinaba hace pocos días un internauta, en una de las múltiples páginas digitales relativas al tema.

Convenientemente, el gobierno cubano ha evitado hasta ahora asumir una posición definitiva. Mientras no esté en entredicho la “irrevocabilidad del socialismo”, no tiene por qué hacerlo.