Condena a los Jemeres Rojos: justicia imperfecta para el ISIS de los años 70

Hace una década visité la tumba de Pol Pot, en Anlong Veng, en la frontera norte de Camboya. El líder de los Jemeres Rojos fue incinerado en este lugar, su último bastión, desde el que dirigió la larga guerra insurgente que sacudió el país en los años 80 y 90. En la tumba, apenas un montículo bajo un techo de uralita rodeado por una cerca de madera, había flores y ofrendas funerarias. No lejos de allí, en la carretera hacia Choam, un pequeño templo improvisado rinde homenaje a los combatientes del Jemer Rojo. Mientras lo observaba, una anciana descendió por el asfalto, depositó velas junto a los altares en completo silencio, se arrodilló y empezó a orar. Incluso en la derrota, incluso tras conocerse las increíbles atrocidades perpetradas por el grupo, muchas personas en la zona, principalmente campesinos, les seguían venerando. Los Jemeres Rojos también eran una idea.

Pienso en esto al conocer la noticia de que los dos principales líderes que siguen vivos, Nuon Chea, de 92 años, y Khieu Samphan, de 87, han sido condenados a cadena perpetua por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos entre 1977 y 1979, bajo cargos de exterminio, asesinato, esclavitud, tortura, persecución por razones religiosas, raciales y políticas, desapariciones forzosas y violaciones en masa. Chea y Samphan eran, respectivamente, el “Hermano Número Dos y el “Hermano Número Cuatro” del régimen de Pol Pot. No es que la condena vaya a suponer un gran cambio: los dos estaban ya encarcelados de por vida por otra serie de crímenes contra la humanidad.

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Es fácil ver la sentencia de hoy como un triunfo de la justicia, como algo que, tarde, pero llega. Algo necesario para la salud de un país en el que todos los mayores de 40 años son necesariamente supervivientes de un exterminio. Con un agravante: el sociólogo y periodista francés Jean Lacouture lo denominó “autogenocidio”, porque, a diferencia de otras grandes matanzas merecedoras de este término legal, no se llevó a cabo contra otro grupo étnico o de población, sino contra el propio.

Entre una quinta y una tercera parte de la población camboyana fue eliminada por el régimen de Pol Pot, ejecutados por una organización fanática dispuesta a imponer el comunismo de golpe, sin etapas intermedias -llevar gafas, hablar idiomas extranjeros o simplemente no tener callos en las manos eran un signo de condición burguesa merecedora de la muerte-, o por hambre o agotamiento en los trabajos forzados en los campos a los que los Jemeres Rojos llevaron a todos los ciudadanos. Las ciudades quedaron vacías, con la excepción de un puñado de privilegiados -entre ellos el propio Pol Pot y sus lugartenientes- que se quedaron en Phnom Penh para administrar la estructura estatal y la diplomacia. El experimento fue definido como “comunismo de la edad de piedra”.

"El Vietnam de Vietnam"

Quienes incluyen el fenómeno de los Jemeres Rojos entre los grandes crímenes del comunismo en el siglo XX olvidan que fue otra potencia comunista, un Vietnam que acababa de vencer al ejército invasor de EEUU, el único país que intervino para parar esa barbarie. No solo eso: expulsados del poder, los Jemeres Rojos, desplazados a Tailandia y reconvertidos en guerrilla, recibieron el apoyo de la Administración Reagan y el Reino Unido de Margaret Thatcher, así como de la China de Deng Xiaoping, en su lucha contra el nuevo Gobierno provietnamita. Pese a que ya se conocía el alcance del genocidio, estas potencias antepusieron sus intereses geopolíticos a la justicia e hicieron todo lo posible para convertir Camboya en “el Vietnam de Vietnam”, prolongando durante casi dos décadas el sufrimiento del pueblo camboyano en una guerra que a día de hoy sigue cobrándose víctimas a través de las minas antipersona.

No, los Jemeres Rojos fueron otra cosa: el Estado Islámico de su tiempo, un grupo tan radical que horrorizó incluso a los partidarios más firmes de la idea que decían defender. Salvando las evidentes distancias, los paralelismos entre ambos movimientos son sorprendentes: los dos controlaron una zona geográfica más o menos amplia y establecieron su propia forma de gobernanza brutal, proclamaron su propio estado, fueron apoyados por potencias exteriores en el marco de un conflicto regional transfronterizo, y tras el colapso de su administración recurrieron a la guerrilla, asolando el territorio durante años. Y en todo momento siguieron contando con el apoyo de civiles que aún creían en su ideología.

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En 2009 tuve la oportunidad de asistir a otro de estos juicios del Tribunal Extraordinario de Camboya apoyado por la ONU, el de Kang Kek Ieu, aliad “Duch”, el responsable de la notoria prisión y centro de exterminio S-21 (más conocida como Tuol Sleng, hoy un museo en Phnom Penh), que vivió bajo una identidad falsa durante dos décadas hasta su arresto en 2009. Un anciano indefenso, casi vulnerable, al que contemplábamos a través de una pantalla de plasma situada en la sala de prensa del tribunal, puesto que no estaba permitido el acceso a la corte. Allí estaba Nic Dunlop, un periodista irlandés que, se había topado con Duch por casualidad mientras hacía un reportaje, una experiencia que plasmó en su libro “The Lost Executioner”. Unos días después de su encuentro, el viejo torturador se entregó a las autoridades.

En un momento dado, Duch se levantó y empezó a hablar: “Admito mi responsabilidad por los crímenes cometidos en Tuol Sleng. Sólo espero que puedan perdonarme”. Y más adelante: “Yo también tenía familia. Seguía órdenes, y jamás me atreví siquiera a pensar en cuestionarlas”. A la salida del tribunal, un monje llamado Thuch Mon explicó: “Desde una perspectiva budista, si alguien comete un error, se le debe perdonar, siempre que tenga la intención de reformarse. Claro, que esa no es necesariamente la perspectiva legal”. Pero Dunlop sacudía la cabeza. “Yo también pensaba eso del ancianito, pero ahora le he visto hablar… y no, tío, no”, comentó. “Ése es Duch, no cabe duda”.

Juicio a unos pocos

Por eso, desde el punto de vista de la justicia, el establecimiento del Tribunal Extraordinario para Camboya nunca ha sido plenamente satisfactorio. El mandato de la corte solo permite juzgar los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos durante en el período en el que estuvieron en el poder, de 1975 a 1979, pero no antes -cuando sus tácticas de terror solo variaban en escala respecto a lo que aplicarían más tarde, pero ya contaban con el apoyo de China-, ni después -cuando, ya destronados, empezaron a recibir respaldo británico y estadounidense-.

La única forma de sacar adelante el tribunal, evitando el veto en las Naciones Unidas, era pasar por alto la responsabilidad de las grandes potencias en lo sucedido en Camboya. Y mejor eso que nada, defendían sus partidarios. Cuando le señalé esta contradicción a Helen Jarvis, jefa de Asuntos Públicos de la corte, quien en un libro anterior había presionado fuertemente para el establecimiento de un proceso de justicia internacional, sonrió y se limitó a decirme que ahora hablaba en nombre del tribunal y no podía expresarse del mismo modo.

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Algunos observadores han calificado la condena de hoy de “momento Núremberg”, en referencia a la serie de juicios contra la cúpula nazi tras la Segunda Guerra Mundial. En cierto sentido, ambos procesos son similares, dado que solo una mínima de los perpetradores de las matanzas se ha sentado en el banquillo. “Hay que poner los límites en alguna parte”, me decía en 2009 Youk Chhang, director del Centro de Documentación [del genocidio] de Camboya.

En Camboya, los juicios al menos han servido para que una parte de los jóvenes camboyanos hayan abierto los ojos ante el pasado de su país, que muchos consideraban fabulaciones increíbles de sus mayores. Solo por eso, en un momento en el que las excavadoras desentierran fosas comunes en Oriente Medio y empieza a verse la magnitud de la barbarie del ISIS, parece necesario que sigan teniendo lugar este tipo de procesos que den esperanza a los supervivientes en el resto del mundo. Aunque dejen un sabor de boca raro y la justicia que se imparte sea necesariamente imperfecta.