Qué hay detrás del acuerdo entre Pedro Sánchez y Xi Jinping

La asociación con España no le interesa por sus exportaciones, sino porque constituye una pieza clave en su geoestrategia mundial, que se sustenta sobre relaciones económicas, comerciales y financieras

Foto: El presidente chino Xi Jinping, pronuncia unas palabras en presencia de la reina Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente chino Xi Jinping, pronuncia unas palabras en presencia de la reina Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

Hace pocos días hemos despedido al presidente Xi Jinping. Todavía flota en el ambiente esa sensación a medio camino entre la solemnidad y el pavor que ha despertado su visita, clausurada con una declaración conjunta que marca todo un “cambio de época”. Pero ¿qué es lo que se esconde detrás de las afirmaciones ampulosas y los tópicos diplomáticos del documento?

En primer lugar, se habla de fortalecer una “asociación estratégica integral”. China es sincera en este sentido. La asociación con España no le interesa por sus exportaciones, sino porque constituye una pieza clave en su geoestrategia mundial, también llamada estrategia geo-económica, pues se sustenta sobre relaciones económicas, comerciales y financieras –lo que popularmente se conoce como “diplomacia del talonario”.

A medio camino entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre el Norte y el Sur, nuestra península promete convertirse en una atalaya para la expansión china. Mientras nuestros empresarios se frotan las manos calculando la rentabilidad del aceite, el jamón y la uva que van a exportar a 1.400 millones de personas, el Gobierno chino aspira a un mercado infinitamente mayor para el que piensa exportar alta tecnología y otros productos de elevado valor añadido, a través de puertos financiados con capital propio y rutas comerciales controladas por los acuerdos internacionales de la Franja y la Ruta.

En este sentido, la declaración contradice parcialmente los titulares de la prensa española sobre la negativa de nuestro país a incorporarse a la iniciativa. De hecho, la agencia china Xinhua y el diario oficialista Global Times han resaltado las sinergias entre la nueva Ruta de la Seda, la Visión Estratégica para España en Asia y el Corredor Mediterráneo, en búsqueda de “beneficio mutuo”. Una vez más se promueve la lógica win-win–“si yo gano, tú también”- con que China seduce al mundo. Ahora bien, ¿estamos seguros de que ese beneficio será equitativo? ¿Se trata acaso de un acuerdo entre iguales?

Para comprender mejor el trasfondo de estos interrogantes es preciso conocer el plan Made in China 2025, así como su valoración por parte de las principales consultoras internacionales de negocios –pues las objeciones al comercio con China no provienen sólo ni principalmente de los colectivos proderechos humanos. De hecho, alguien tan poco sospechoso de promover la mentalidad anticapitalista como es el BBVA, tras apreciar las oportunidades que abren la Franja y la Ruta advierte en un informe sobre los desafíos de su impacto en la geoestrategia global, en el cambio tecnológico y en la distribución de los ingresos. En este sentido, se afirma claramente que habrá “ganadores y perdedores” y se proporciona un mapa por comunidades autónomas que completa el presentado por MERICS en torno a los países que verán negativamente afectada su competitividad debido al avance chino.

El primer ministro griego Antonis Samaras y el premier chino Li Keqiang en el puerto del Pireo, dos de cuyas tres terminales son propiedad de una empresa china, en 2014. (Reuters)
El primer ministro griego Antonis Samaras y el premier chino Li Keqiang en el puerto del Pireo, dos de cuyas tres terminales son propiedad de una empresa china, en 2014. (Reuters)

Riesgos para los países industrializados

El plan Made in China 2025 contempla un crecimiento de hasta el 70% en la cuota china del mercado de materiales básicos y componentes esenciales para la tecnología. “El coloso asiático lucha por una posición de liderazgo en sectores de los que hoy depende el crecimiento de numerosos países industriales: tecnologías de la información, maquinaria computarizada, robótica, vehículos de bajo consumo energético, instrumental médico, equipamiento de alta tecnología aeroespacial, transporte marítimo y ferroviario”, afirma el estudio de MERICS. Su objetivo final es lograr un salto cualitativo en la competitividad de las empresas chinas, impulsando su ascenso en la cadena global de valor hasta alcanzar una posición dominante en las redes mundiales de producción e innovación y expandiendo las inversiones del Gran Dragón en el extranjero –explica Scott Kennedy, del CSIS. Todo ello abre, sin duda, un horizonte de oportunidades, pero también supone importantes riesgos para los países industrializados y sus corporaciones multinacionales.

En este contexto, la benevolente referencia a las pymes en la declaración sino-española suena forzada y suscita en el lector menos ingenuo una sonrisa amarga. Es evidente que nuestras pequeñas y medianas empresas podrán beneficiarse de los acuerdos, pero las directrices del mercado para el cual van a producir quedarán marcadas por China y sus imperativos de crecimiento. Esto significará con toda probabilidad más horas de trabajo por menos dinero, menos derechos laborales, menos cobertura social, menos prestaciones, menos protección medioambiental. No es ningún futurible: ya estamos comenzando a experimentar qué significa competir con China en materia de sueldos y horarios; pronto sabremos qué significa trabajar con y para ese país.

A pesar de ello, la declaración Sánchez-Xi enfatiza que “España y China apuestan por una economía mundial global, abierta, equilibrada e inclusiva basada en las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), reafirman su compromiso de luchar contra el proteccionismo y unilateralismo, y se dedicarán a la promoción de un mercado más abierto”. Sorprende que, una vez más, Pekín haga este tipo de alardes cuando múltiples informes del Departamento de Comercio de Estados Unidos y de la propia OMC denuncian repetidas violaciones de las normas de la organización, entre ellas la encubierta asistencia del Estado chino a sus empresas, la falta de transparencia en materia de subsidios a la producción y el robo sistemático de propiedad intelectual –como ilustra el reciente escándalo publicado por Bloomberg. Incluso un responsable de las negociaciones para el ingreso de China en la OMC, Long Yongtu, se ha hecho eco de las quejas sobre la falta de un entorno legal transparente, predecible y estable en su país, lamentando que aplique una doble vara de medir al aprovechar la apertura de otros mercados sin abrir suficientemente el suyo.

No hace falta, pues, posicionarse en ningún bloque ideológico para reconocer que el gigante oriental no funciona como un auténtico libremercado sobre la base de los principios de no-discriminación, apertura, accesibilidad, reciprocidad, equidad y transparencia. Todas las grandes corporaciones chinas o bien pertenecen al sector público, o están controladas por el aparato del Partido Comunista Chino (PCC) de un modo que a la mentalidad occidental le cuesta trabajo comprender, pero que explica la opacidad en la raíz de situaciones como la tormenta financiera de 2015. En China el control estatal afecta de modo sistémico al conjunto de la economía, generando un capitalismo de Estado que en último término equivale a un corrupto “capitalismo de amiguetes”. Y sería demasiado naíf pensar que esta corrupción no va a afectar a los países con los que Pekín está estrechando su cooperación comercial, en este caso España. (Como apunte ilustrativo, baste recordar la queja presentada por las autoridades chinas cuando en 2017 el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió investigar al banco chino ICBC por un delito de blanqueo de capitales).

Por eso sorprende que nuestros representantes políticos hayan tratado a Xi Jinping como si fuera un socio comercial fiable, como si compartiera nuestros estándares y nuestra visión normativa de las “reglas del juego”. Porque es evidente que desea cambiarlas y que ya ha comenzado a hacerlo. El caso de Taiwán –la China democrática, a la que España da de lado en la declaración-, es tan evidente y sangrante que merece un próximo artículo.

Una bandera ondea sobre el consulado chino en Karachi, Pakistán. (Reuters)
Una bandera ondea sobre el consulado chino en Karachi, Pakistán. (Reuters)

Una relación de resultado asimétrico

Nuestro país da muestras de bisoña inexperiencia y de ingenua ambición cuando no se detiene a considerar el por qué de la creciente resistencia a avanzar en la relación comercial con China por parte de los países más estrechamente vinculados al gigante asiático: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido. Pues es evidente que operar en un mercado internacional abierto desde un mercado nacional cerrado y subsidiado como es el chino implica una importante ventaja estratégica. Además de no respetar la propiedad intelectual de las empresas occidentales, el Gran Dragón trata de hacerse con su 'know-how' adquiriendo sociedades, invirtiendo en ellas y exigiendo transferencias de tecnología a quienes operan en su territorio.

Ahora bien, no se trata únicamente de que los países occidentales estén descontentos por los asimétricos resultados de su interacción comercial con China, ya que su renuencia puede también atribuirse a razones de rivalidad geoestratégica. Hoy la oposición al coloso oriental se intensifica asimismo en actores no occidentales que fueron incentivados para integrarse en una “comunidad de vecindad” y que ahora la consideran una trampa.

Países como Malasia, Myanmar, Sri Lanka o Pakistán se encuentran abrumados por los sobrecostes de los proyectos de infraestructura que China financia en sus territorios, provocando déficits, endeudamiento y una arriesgada dependencia del vecino oriental. El dinero chino viene acompañado de onerosas condiciones –elevados tipos de interés, garantías de licitación para las compañías chinas, mano de obra importada… Sus préstamos se contabilizan en divisas y deben ser devueltos del mismo modo, pero se materializan en bienes de equipo, cemento, acero y otros excedentes de la sobreproducción industrial. El gigante asiático está así aprovechando la oportunidad para deshacerse de dos graves lastres de su economía: la sobrecapacidad productiva y el bajo consumo interno.

Las consecuencias de esta estrategia han comenzado a hacerse evidentes. El gobierno de la antigua Birmania debe casi el 40% de su deuda pública a China, que está construyendo un nuevo puerto en la Bahía de Bengala para conectarse con el Océano Índico. Malasia se ha visto obligada a paralizar proyectos por valor de 22.000 millones de dólares, debido a la multiplicación de casos de corrupción y a la promoción de la imagen de Xi como reclamo electoral. Sri Lanka está asfixiada por el servicio a la deuda con China, que ha alcanzado unos 11.000 millones de dólares al año, casi la totalidad de los ingresos fiscales del país. La importación de bienes de equipo para la construcción de un corredor económico entre China y Pakistán ha incrementado el déficit de este último en cuenta corriente, menoscabando sus reservas y afectando negativamente a su divisa.

Por contraste, en España las élites político-económicas se congratulan de la visita del presidente Xi. Sólo un inesperado Winnie the Pooh ha mancillado la fastuosidad de las galas desplegadas para celebrar “una relación más fructífera en la nueva era”. Ahora bien, ¿qué pensaríamos si estas bellas palabras de Xi Jinping llevasen la rúbrica de Vladimir Putin? “Las ambiciones de Pekín no han sido objeto del escrutinio que se ha realizado sobre la Rusia de Putin. Esta negligencia pone en peligro a Europa. (…) Y tendrá muchas más consecuencias en el medio y el largo plazo que la influencia del Kremlin”, advierten MERICS y GPPI en un severo documento.

Después de esta cita resulta bochornoso leer la declaración sino-española y reconocer que nuestro país ha logrado el entendimiento de los dos polos del espectro político en el gesto servil al nuevo Emperador.

*Mar Llera es Profesora Titular de la Universidad de Sevilla y Directora de Estudios en Asia Oriental (Grupo Compolíticas), y activista de Amnistía Internacional

Tribuna Internacional

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