¿Quién controla al Ejecutivo británico?

Se avecina una crisis constitucional en el Reino Unido. La petición de Boris Johnson a la reina para que suspenda el Parlamento hasta el 14 de octubre ha puesto contra las cuerdas no solamente a los parlamentarios —ampliamente contrarios a un Brexit sin acuerdo— sino también a Isabel II. Parlamento y monarquía, dos instituciones clave de la democracia británica, en aprietos por los deseos de un primer ministro y un Gobierno todavía por refrendar en las urnas.

La oposición parlamentaria entiende que la capacidad del legislativo para parar un Brexit sin acuerdo se ve drásticamente reducida si se alarga el receso parlamentario hasta poco antes de la fecha límite para el Brexit, el próximo 31 de octubre. En su carta a los diputados, Johnson argumenta dos cosas: que la actual sesión parlamentaria dura ya demasiado tiempo, por lo que se impone este receso, y que reabrirlo el 14 de octubre no impediría un debate sobre los resultados del Consejo Europeo del 17-18 de octubre, el último antes de la fecha límite del Brexit.

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Pero a nadie se le escapa que la cercanía en fechas hace más difícil aprobar legislación contraria al 'no deal' tras los necesarios (y largos) debates parlamentarios. Como tampoco que en el Consejo Europeo de octubre los líderes europeos no se amoldarán a la petición de Johnson de renegociar con prisas un acuerdo de retirada de 600 páginas y que consideran cerrado.

Es más realista pensar que Johnson pone por delante uno de sus dos objetivos: llegar al precipicio esperando que sea la Unión quien dé marcha atrás o que esta crisis constitucional derive en unas elecciones anticipadas que le permitan reforzar su (exigua) mayoría parlamentaria. El problema es que, tomando riesgos, las probabilidades de accidente aumentan.

En el fondo del movimiento de Johnson planean cuestiones de mayor calado, propias de la teoría política. Jugando con las instituciones a su antojo, Johnson ha obligado a la reina (figura neutral) a tomar partido político y dirimir entre una petición del poder ejecutivo y los derechos del poder legislativo. Los 'checks and balances' del sistema político británico se han resentido como consecuencia de una pésima gestión del Brexit, tanto de este Gobierno como del de Theresa May. Queda por ver si el poder judicial entra también en juego, como ha sugerido el 'expremier' John Major.

Y más al fondo, ¿quién controla hoy al Ejecutivo británico? ¿Es el Parlamento de Westminster? ¿O más bien los partidarios de una determinada interpretación de un referéndum extraordinario de resultado ajustado y que, además, nunca preguntó a los británicos si quieren abandonar la Unión Europea a las bravas y afrontar las consecuencias?

* Pol Morillas es director del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob)