Los fondos europeos se están convirtiendo en una historia moral (y eso puede acabar mal)

En Alemania, suele bromearse con que allí la economía no es una disciplina perteneciente a las ciencias sociales sino una rama de la filosofía moral

Foto: Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Reuters)
Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Reuters)
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Los humanos somos seres morales: necesitamos hacernos una idea de lo que está bien y lo que está mal para poder actuar con cierto convencimiento.

Por eso resultó tan sorprendente la manera en que la Unión Europea encaró la resolución de la crisis social y económica provocada por el covid-19. Porque el virus no era una historia moral. En términos globales, quizá pueda hacerse responsable a China de la propagación de un virus nacido en Wuhan. Pero en el ámbito europeo, al menos antes del verano, era imposible establecer un relato de buenos y malos: tal vez habían fallado las alarmas en el norte de Italia, posiblemente en España el Gobierno reaccionó tarde, puede que celebrar la primera ronda de las elecciones municipales francesas el 15 de marzo fuera temerario. Pero los fundamentos de la nueva crisis no eran como los de la anterior: entonces, al menos una parte importante de los errores que habían llevado a la catástrofe estaban claros.

En Alemania, suele bromearse con que allí la economía no es una disciplina perteneciente a las ciencias sociales sino una rama de la filosofía moral. Y según esta, fue fácil establecer un relato claro de lo que había pasado en la década previa a 2008: los españoles se habían endeudado irresponsablemente y el Gobierno lo había permitido al no deshinchar una monstruosa burbuja inmobiliaria; los griegos habían falseado sus cuentas públicas y, además, habían convertido el fraude fiscal en un deporte olímpico; los italianos habían sido incapaces o reacios a llevar a cabo reformas en su esclerótico sistema público… Era moralmente sencillo —si se asume el peculiar 'ordoliberalismus' alemán— decidir que cualquier forma de ayuda a los países más golpeados por la crisis debía implicar una enmienda de su conducta: su sufrimiento estaba justificado y podía servir para una futura corrección. De acuerdo con esta peculiar filosofía alemana, las crisis son siempre una oportunidad para evitar la siguiente crisis.

Pero esta vez, con el covid-19, era distinto. De modo que la Unión Europea actuó de manera distinta. Acordó un paquete fiscal enormemente ambicioso de 750.000 millones de euros que se financiarían mediante una emisión de deuda conjunta. Esto no solo supuso un enorme paso adelante en las políticas fiscales de la UE, sino que además parecía que esta había aprendido la futilidad del relato moral de la economía y que incluso se encontraba en un momento hamiltoniano: ese instante de la historia de Estados Unidos en que el país se constituyó como tal al emitir, por iniciativa de Alexander Hamilton, su secretario del Tesoro, una deuda nacional que mutualizaba los riesgos de los estados de la Unión. Los sospechosos habituales Finlandia, Austria, Suecia y Dinamarca, llamados en el argot comunitario los 'cuatro frugales'— se quejaron, pero no demasiado. Al final, los países miembros tendrían derecho a revisar a qué dedicaban los demás la cantidad que se les otorgara y podrían elevar una queja si consideraban que era una muestra más de gasto improductivo, derroche o, en el peor de los casos, corrupción. Se abría un poco la puerta a la condicionalidad técnico-moral.

Y se ha ido abriendo cada vez más. Parece que al final el plan será mucho más modesto de lo que se anunció (la Comisión Europea tiende a hacer anuncios grandilocuentes de hechos que luego no están a la altura). Hoy, se discute en el Consejo Europeo si los países que no cumplan con las reglas básicas del Estado de derecho —esencialmente, la separación de poderes y la no sumisión del judicial al ejecutivo o el legislativo— merecen recibir los fondos; es poco probable que suceda, pero Polonia, uno de los objetivos de esa medida, ha amenazado con vetar la asignación de los fondos. La Comisión Europea ha publicado un informe en el que establece la manera en que los gobiernos pueden gastarse el dinero que eventualmente reciban. Es una lista bienintencionada, pero no es arriesgado asegurar que algunos países se la saltarán —parece que hasta Alemania incluirá parte de los fondos asignados en su presupuesto corriente— y que otros, los frugales, se lo reprocharán. Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, afirmó que el paquete de ayudas debe ir acompañado de una “agenda ambiciosa de reformas estructurales”. Y advirtió de que los fondos “se pueden y se deben utilizar para incentivar reformas” de carácter estructural que, de hecho, España ya necesitaba antes de la pandemia. Ahora, el centro de la conversación se está desplazando de “no podemos dejar caer ninguna empresa, porque ninguna ha incurrido en riesgo moral” a “no podemos mantener artificialmente empresas convertidas en muertos vivientes, sería injusto con los contribuyentes”.

Como se ve, la moralidad va entrando por las rendijas de un plan en el que Pedro Sánchez, y es probable que todo el 'establishment' español, confía demasiado para sacar el país de la crisis. Y esto no quedará ahí. Puede que la segunda oleada de contagios que se está produciendo ahora mismo en buena parte de Europa lo impida, pero es posible que los países que han gestionado mejor la crisis (como la propia Alemania o Países Bajos, al menos hasta hace pocos días) se pregunten por qué deberían sufragar sin condiciones una crisis económica agravada por la mala gestión de gobiernos como el español. Dentro de España, las comunidades autónomas repetirán estos agravios: ¿por qué va Asturias a renunciar a fondos que cree merecer en favor de la Comunidad de Madrid, cuya gestión ha sido muy ineficiente? Y así sucesivamente.

Los fondos europeos destinados a aliviar la crisis provocada por la pandemia fueron una excelente noticia. Es posible que sean un buen paso adelante en la integración de la UE y que anuncien otros avances subsiguientes. Pero su efectividad y su neutralidad se han exagerado. No solo existe el riesgo de que los países los utilicen en gastos interesados y clientelares, además, puede que ni siquiera potencien el crecimiento ni lleguen a buena parte de los pequeños empresarios y trabajadores desempleados que están tan necesitados. Más allá de eso, lo más probable es que antes de que acabe el año normalicemos la conversación sobre las condicionalidades. No tienen por qué ser malas: España no reformará nada si no se ve obligada. Sin embargo, luego habrá que gestionar esa decepción. Necesitaremos moral: pero no solo en el sentido alemán, sino en el del Alcoyano.

Tribuna Internacional
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