Mujeres y pena de muerte: víctimas de una práctica cruel e inhumana impropia del s.XXI

La ejecución de Lisa Montgomery en EEUU el pasado mes de enero fue objeto de atención mediática no solo porque suponía la primera ejecución de una mujer a nivel federal —restablecidas por Donald Trump— en casi 70 años, sino porque cuestionaba el principio de no ejecución a personas con incapacidad mental. Montgomery había sido acusada de atacar a una mujer embarazada en el año 2004. Durante todo el proceso, sus familiares sostuvieron que su salud mental era el resultado de una infancia plagada de abusos físicos, torturas, además de haber sido víctima de explotación sexual a manos de su madre y su padrastro.

Zahra Esmaili, mujer iraní de 42 años, fue condenada a la pena de muerte por "admitir" el asesinato de su marido Alireza Zamani, al que había asesinado su hija. Zamani era director general del Ministerio de Inteligencia del país, y había intentado agredirla sexualmente. Zahra Esmaili falleció de un ataque al corazón mientras esperaba su turno y presenciaba las ejecuciones de las 16 personas antes que ella.

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Rizana Nafeek, trabajadora doméstica en Arabia Saudí y procedente de Sri Lanka, fue condenada a muerte, a pesar de que solo tenía 17 años, después de que un bebé de cuatro meses al que cuidaba se ahogara y muriera. Fue acusada de asesinato. Ella "confesó", pero más tarde se retractó de su confesión afirmando que había tenido lugar bajo coacción. No tuvo representación legal hasta después de su condena a muerte en 2007. El Tribunal Supremo de Riad confirmó su sentencia por decapitación en octubre de 2010. Provenía de una familia pobre en Sri Lanka oriental y había emigrado al país árabe en los años 90. No hablaba ni entendía árabe.

Según datos conocidos, actualmente hay al menos 500 mujeres condenadas a muerte en el mundo y otros varios centenares han sido ejecutadas en los últimos 10 años. Estos números ocultan además el destino de las mujeres que enfrentan la pena de muerte en los países ejecutores más prolíficos como China, Vietnam, Arabia Saudí, Irán o Irak, que no facilitan ninguna información. Algunos países como Bielorrusia, Guatemala y Tayikistán, que también mantienen la pena capital en su legislación, han eximido a las mujeres de este castigo. Otros retrasan las ejecuciones de mujeres embarazadas hasta después del parto. En la mayor parte de los casos, las mujeres sentenciadas no solo carecen de asistencia y defensa jurídicas —por desconocimiento o falta de medios económicos—, sino que también se enfrentan a menudo al estigma social y al rechazo familiar mientras esperan la ejecución de su sentencia.

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Son ejemplos de una realidad que puede tener consecuencias fatales: la pobreza y desesperación económica que lleva a muchas mujeres a cometer delitos de drogas, frecuentemente como mulas, castigado con la pena de muerteen varios países del mundo; la desprotección y vulnerabilidad rampantes de las mujeres migrantes; la violencia de género o los abusos físicos, sexuales y psicológicos. Cuando una mujer es sentenciada a muerte, la condena raramente considera estas variables de violencia, explotación, discriminación o, incluso, trata. La pena de muerte afecta tanto a mujeres como a hombres. Aunque el número de mujeres ejecutadas es significativamente menor al de hombres, constituye un grupo invisible y frecuentemente ignorado y, a menudo, estas mujeres en el corredor de la muerte provienen de contextos de gran vulnerabilidad, penuria socioeconómica y analfabetismo.

Aunque el número de mujeres ejecutadas es significativamente menor al de hombres, constituyen un grupo invisible e ignorado

El mes de marzo, dedicado a la igualdad de género, es una buena ocasión para poner de relieve la discriminación a la que se enfrentan las mujeres a diario en todo el mundo, pero también cuando son condenadas a la pena capital. Las especificidades de los delitos que llevan a las mujeres a este tipo de sentencias y condenas son, a menudo, resultado de una situación de discriminación estructural y sistémica de género. Es importante que los estados reconozcan el impacto desproporcionado que la pena de muertetiene sobre todas las personas, pero también sobre las mujeres y las niñas, y que tomen medidas para poner fin a esta práctica cruel, inhumana e inefectiva. Su abolición se impone para poder seguir avanzando en el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus objetivos.

*La jueza Navi Pillay es presidenta de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Cristina Gallach es Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe.