Sin ingenuidad, con esperanza

En los últimos años se ha instalado la idea de que el futuro viene cargado de fatalidades, despertando miedos comprensibles y la resignación ante males que parecen demasiado complejos para combatirlos. Entre ellos, los efectos de la crisis climática, una competición global por los recursos, nuevos y viejos conflictos armados, el abismo creciente entre las clases trabajadoras y quienes concentran el poder y la riqueza, los ataques a los derechos de las mujeres, la infancia y las personas LGBTIQ, la epidemia de la desinformación, la erosión de las democracias y una regresión de los derechos humanos en todo el mundo.

Sin embargo, no debemos olvidar que la realidad en la que vivimos depende de decisiones políticas y económicas concretas, que detrás de cada una de ellas hay personas defendiendo unos intereses frente a otros, y que si queremos que el futuro tenga un aspecto distinto debemos construirlo con mimbres distintos. Los retos que tenemos son globales y modelarán la vida en el planeta durante varias generaciones. Deben ser abordados de forma conjunta por todos los Estados, y no caben en el cortoplacismo acelerado de la política actual.

Entre el 6 y el 9 de junio, más de 400 millones de personas estamos llamadas a las urnas en la Unión Europea (UE). Pese a la incertidumbre y a la crítica necesaria en muchas cuestiones, la gran mayoría de la población (el 71%, según el último Eurobarómetro) cree que formar parte de ella ha sido positivo para sus países, y el 61% es bastante optimista sobre el futuro del proyecto europeo.

Sin caer en la ingenuidad, hay margen para la esperanza, y queremos contribuir a ese horizonte con una reivindicación y cuatro propuestas. La reivindicación de los valores fundacionales de la UE ("respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos"), y cuatro propuestas concretas para levantarlos del papel: la defensa y promoción de la paz, la garantía de los derechos humanos dentro y fuera de la UE, la sostenibilidad de la vida y la justicia económica, social y climática.

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Para empezar, la UE debe jugar un papel distintivo en la defensa de la paz y el Derecho Internacional. Su política exterior no puede ser una mera prolongación de su política comercial, sino guiarse en todo momento por el respeto a los derechos humanos. Las guerras en Ucrania y Gaza han marcado esta legislatura, y la respuesta de la UE a cada una de ellas ha sido bien distinta. Del apoyo inmediato y casi unánime a Ucrania, a la connivencia ante la muerte de más de 35.000 personas en la Franja, 15.000 de ellas niños y niñas; con la importante excepción de países como España. Este doble rasero sobre el valor y la dignidad de las víctimas civiles es insoportable.

El futuro moral de la UE, y también su legitimidad, pasa por condenar sin rodeos las violaciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario cometidas por todas las partes en los conflictos, y garantizar que no queden impunes. Resulta terrible que, en el caso de Gaza, la UE no haya logrado un posicionamiento común para exigir un alto el fuego permanente, el cese de los ataques indiscriminados contra la población civil, el apoyo sin fisuras a la UNRWA y la suspensión del comercio de armas que puedan ser usadas para cometer atrocidades.

"La llegada de ayuda humanitaria suficiente es imprescindible para mitigar el sufrimiento y evitar que haya aún más muertes civiles"

La llegada de ayuda humanitaria suficiente es imprescindible para mitigar el sufrimiento y evitar que haya aún más muertes civiles, tanto en Gaza como en otros contextos. Las crisis humanitarias han aumentado en los últimos años, no solo debido a conflictos armados, sino a su combinación con los efectos del cambio climático, como sucede en Sudán y Somalia. Esta situación está creando una tormenta perfecta de amenazas para los derechos y la supervivencia de la población en varias zonas del mundo. La UE es uno de los principales donantes de ayuda humanitaria a nivel global, y debe seguir siéndolo. La ciudadanía europea lo tiene claro: 9 de cada 10 personas apoyan la solidaridad con países y comunidades que se enfrentan a situaciones extremas.

La crisis climática es, precisamente, una de las grandes amenazas a nuestra forma de vida, pero también el revulsivo para transformarla por completo, repensando lo que entendemos por 'bienestar' y 'progreso'. La integridad del planeta y la supervivencia de las generaciones futuras está en juego: actualmente ya hemos superado 6 de los 9 límites planetarios que permiten la vida en la Tierra, y los próximos cinco años son cruciales para que el futuro no sea una distopía climática.

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La UE tiene la responsabilidad histórica de liderar una transición basada en la ciencia, de forma urgente e integral. Para ello, debe transformar su modelo energético, eliminando cuanto antes los combustibles fósiles en favor de fuentes de energía limpias y asequibles; reinventar su sistema agroalimentario para garantizar el acceso a alimentos de calidad; y preservar y restaurar la naturaleza para mitigar las sequías, inundaciones, incendios forestales y olas de calor derivadas del cambio climático. Incluir el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE sería un paso importante para garantizar su protección.

Pero la transición, ante todo, debe ser justa, exigiendo mayores esfuerzos a quienes han contribuido más al calentamiento global. El actual modelo de producción y consumo no solo es insostenible en un planeta finito, sino que conduce a una acumulación obscena de capital, riqueza y poder en manos de unas pocas empresas y personas, a menudo responsables de las actividades más contaminantes. La justicia climática empieza por acabar con las subvenciones a los sectores más destructivos, y continúa aplicando políticas fiscales verdes y progresivas que doten a los Estados de los recursos necesarios para adaptar sus economías y reducir las desigualdades.

"La justicia climática empieza por acabar con las subvenciones a los sectores más destructivos, y continúa aplicando políticas fiscales verdes"

En definitiva, nuestra propuesta de futuro es que la UE abandone progresivamente el mito del crecimiento infinito y avance hacia una 'economía del bienestar' (menos centrada en el PIB y más en la sostenibilidad, la igualdad, los cuidados y el tiempo libre). Un marco social fuerte que garantice ese bienestar para todas las personas sin excepción es, ahora y en el futuro, la forma más potente de seguridad que la UE puede ofrecer a su ciudadanía y promover en el resto del mundo. Es decir, sanidad y educación públicas, universales y de calidad; derecho a la alimentación y a la vivienda; derechos laborales y protección social; igualdad de género, lucha contra las violencias machistas y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales ha sido una seña de identidad de la pasada legislatura, y debe seguir ampliándose para asegurar que las transiciones verde y digital no abran nuevas brechas. Además, los profundos cambios planteados por el Pacto Verde Europeo deberán hacerse con la justicia social y territorial como eje, o corremos el riesgo de que la ciudadanía sienta, con razón, que la transición se hace a costa de las necesidades de la mayoría.

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Respecto al Pacto Social, las instituciones y los Estados deben redoblar su compromiso político y presupuestario para cumplir las metas marcadas para 2030: entre ellas, que 15 millones de personas salgan de situaciones de pobreza y riesgo de exclusión en la UE, incluyendo 5 millones de niños y niñas. Esta cifra es especialmente intolerable. La UE debe garantizar los derechos de la infancia con inversión en iniciativas que rompan el ciclo intergeneracional de la pobreza, garanticen una vida libre de violencias, protejan su salud y aseguren su participación en el diseño de las políticas públicas.

Defendíamos hace unas líneas "el bienestar para todas las personas sin excepción": también para quienes llegan a la UE escapando de conflictos armados, persecuciones políticas, climas extremos o en busca de prosperidad. No hay futuro ni convivencia posible sin el respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas. Una UE coherente con sus principios debe establecer vías legales y seguras de llegada, acabar con la externalización de fronteras y con el uso de fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo para contener la migración. En lo inmediato, nos preocupa que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo pueda recrudecer aún más las condiciones de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Las instituciones y los Estados miembros deben garantizar que se respeten sus derechos, especialmente los de los niños y niñas.

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Hace solo unos días, varios países propusieron ir más allá, creando centros de detención de migrantes fuera de la UE. Ante la criminalización y el avance de las políticas xenófobas, nuestra obligación es seguir trabajando para que, un día, todos los países tengan sistemas de asilo justos y efectivos, que garanticen una acogida digna y el acceso a derechos básicos, y reconozcan el valor que estas personas tienen en nuestras sociedades y en nuestra economía.

Frente a la idea de que el futuro viene cargado de fatalidades, decimos: el futuro será lo que queramos que sea. Frente a las dudas, valores. Frente a los miedos, propuestas. Sin ingenuidad, pero con esperanza.

*Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España; Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España; Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón; Andrés Conde, director general de Save the Children España, y Chema Vera, director ejecutivo de Unicef España.