Wiertz, 60
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Expulsar a los nazis de la normalidad es lo contrario de normalizarlos
¿Se imaginan a un presidente francés reconociendo como interlocutores políticos de la República a los yihadistas para 'normalizar' el yihadismo en la política francesa?
¿Se imaginan a un presidente francés reconociendo como interlocutores políticos de la República a los yihadistas para 'normalizar' el yihadismo en la política francesa? ¿O a Merkel haciendo algo parecido con quienes quieran representar hoy a la extinta Baader-Meinhof? En Irlanda, como luego explicaré, se ha formado una dificilísima coalición de gobierno, con renuncias importantes por parte de los dos partidos que son allí los eternos rivales, con el único objetivo de evitar que el Sinn Féin, el Bildu del IRA, para entendernos, llegue a influir en las decisiones de Estado.
¿Qué mensaje enviamos al exterior sobre España si decimos que los defensores políticos de ETA, que aún no han condenado sus crímenes horribles, se han convertido en una fuerza del “bloque de dirección del Estado”? Más aún, ¿qué mensaje ha enviado a Europa el ministro Ábalos cuando afirma que Bildu se comporta más responsablemente ante los Presupuestos de la recuperación que el partido de Ursula von der Leyen o de Angela Merkel, a quienes, como presidentas de la Comisión y de turno de la Unión Europea respectivamente, España debe el propio plan europeo de recuperación?
Pregunto: ¿con qué cara afrontará el Gobierno español las próximas cumbres europeas contra el terrorismo siendo socio parlamentario de Bildu? ¿Con qué cara mirará Marlaska a su homólogo irlandés que, desde luego, no fue juez estrella de la Audiencia Nacional, pero tiene clarísimo qué es decente y qué no?
Son cosas radicalmente distintas pactar el Gobierno con los partidos de Estado o hacerlo con los partidos de demolición del Estado. España dejará de volar si junto al piloto sentamos a quien quiere que España caiga. Es tan de cajón que no debería necesitar más explicación.
Nótese que he escrito “a quien quiere que España caiga” y no “a quien quiere que vuele de forma diferente”. Para mí, es un error contar con Podemos en la coalición de gobierno, claro, pero no puedo objetar que Podemos aspire a una España diferente. A lo que sí puedo oponerme, y lo hago con vehemencia, es a que en la sala de decidir de mi país se ceda una silla a los que buscan que el país desaparezca.
¿Quién pondría un conductor suicida al volante del autobús de la excursión de sus hijos?
Pactar los Presupuestos del Estado con los extremistas de izquierda, haciendo inviable así un apoyo transversal en tiempos de reconstrucción de la economía nacional, puede ser una equivocación histórica que paguemos más adelante. Vale. Sin embargo, debo admitir que se trata de una opción que cabría en los manuales de mala práctica parlamentaria. Ahora bien, eso de pactar los Presupuestos de la reconstrucción de España con aquellos partidos que precisamente tienen por objetivo la destrucción de España constituye un síntoma obvio de trastorno político de identidad disociada. Un tiro en la sien. Los destructores no construyen, destruyen, ¿no?
El Gobierno Frankenstein va camino de convertirse en el Gobierno de Norman Bates.
Y más si entre esas fuerzas de demolición del Estado con las que se negocia se incluye a los herederos políticos de la banda terrorista que ni ha pedido perdón ni ha aclarado cientos de crímenes por esclarecer, y para cuyas víctimas aún no hay mínima paz que valga.
Lo que está sucediendo con la orientación política del Gobierno español es un sinsentido que ideológicamente nos aleja de la Europa del entendimiento y nos acerca a la Latinoamérica de la polarización.
Esta última semana resultó patético que coincidiera el anuncio de que los populares, socialistas, liberales y verdes europeos (no Podemos) habían alcanzado un acuerdo histórico sobre el marco financiero, el plan de recuperación y un mecanismo por el que quienes vulneren el Estado de derecho no recibirán fondos con el otro anuncio ese de que en España los socialistas, para ejecutar este mismo plan de recuperación, eligen de socios a la extrema izquierda y a los abogados de una banda terrorista también de extrema izquierda. Mientras la UE se dirige hacia el entendimiento, España lo hace hacia la polarización. Después de 40 años, volvemos a ir en dirección contraria.
Como digo, la semana pasada, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo dieron un paso definitivo en la aprobación del próximo marco financiero plurianual y del paquete de recuperación económico. Lo crean o no, sin este acuerdo, todos los presupuestos nacionales de los Estados miembros para el año 2021 serían papel mojado. Un acuerdo que, además, lleva el compromiso histórico de poner en marcha un mecanismo de defensa del Estado de derecho. En otras palabras, no solo habrá condicionalidad económica, habrá condicionalidad democrática.
Ahora toca trasladar ese acuerdo europeo a los Presupuestos nacionales. La mayoría de los gobiernos europeos, independientemente de su color político, han tratado de lograr grandes pactos de Estado entre los principales partidos para hacer unos presupuestos consensuados, a 10 años vista, de esos que se llaman 'de país'. Unas cuentas respaldadas por una amplia mayoría parlamentaria, representativa a su vez de una amplia mayoría social.
La preocupación principal del tándem Sánchez-Iglesias no está en construir un gran acuerdo, sino en utilizar las cuentas para dividir todavía más
Pero, por desgracia, no es este el caso del binomio gubernamental patrio. La preocupación principal del tándem Sánchez-Iglesias no está en construir un gran acuerdo nacional para encauzar la recuperación, sino en utilizar los Presupuestos para dividir todavía más la política española, para volver a separar en buenos y malos a los españoles.
Al respecto, el vicepresidente Iglesias ha dicho: "El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado". Y en ese bloque “de dirección de Estado” incluye a los independentistas, con dirigentes condenados por intentar la ruptura de la unidad de España, y también a quienes defienden los crímenes cometidos por ETA, y excluye precisamente a los partidos políticos que gobiernan en la UE.
Y la parte socialista del Gobierno no desmiente nada, más bien lo confirma todo.
Esto no ocurre en ningún otro país de la UE, claro que tampoco en ningún otro país de la UE hay en el Gobierno ministros comunistas declarados.
El caso más reciente con el que compararnos es, como he señalado antes, el de Irlanda. Allí, en las últimas elecciones, hace menos de un año, el Sinn Féin fue el partido más votado y, créanme, en tiempos de Brexit duro y con los problemas que eso puede acarrear para la frontera con Irlanda del Norte, lo fácil y lo populista habría sido meter a los nacionalistas más radicales en algún acuerdo de gobierno.
Sin embargo, los dos partidos constitucionalistas, el Fianna Fáil y el Fine Gael, tradicionalmente enfrentados desde los tiempos de la guerra civil irlandesa, se unieron contra pronóstico y no accedieron siquiera a explorar un pacto de gobierno con los herederos del IRA. ¿La razón?, pues esa, sus lazos históricos con el terrorismo no podían ni debían ser ignorados. El futuro de Irlanda no debía quedar en manos de quienes han teñido de rojo su pasado.
Ambos partidos, liberal uno y democristiano el otro, antepusieron los intereses nacionales a sus intereses de partido. Si uno u otro hubiera cedido, hoy abría un Gobierno con apoyo del Sinn Féin en Irlanda, un “bloque de dirección de Estado” con el Sinn Féin. Y además sería fácilmente defendible, pues los exterroristas fueron la lista más votada. Pero los dos partidos consideraron que la cuestión ética estaba por encima de la política. Quien hasta febrero de este año era el primer ministro, Leo Varadkar, cedió el testigo a su principal opositor político, Micheál Martin, como si Sánchez se lo cediera a Casado o a la inversa, y aceptó convertirse en su nuevo viceprimer ministro. Y juntos gobiernan en coalición con los verdes, que también prefirieron dar mayor relevancia al principio de dignidad que al beneficio político.
Ni el transcurso de casi 25 años desde los acuerdos de paz de Viernes Santo, ni la presencia de una nueva generación de dirigentes políticos sin apenas relación directa con los crímenes, ni que uno de los más icónicos líderes del IRA, Martin McGuiness, pidiera perdón y sellara la reconciliación estrechando la mano de la reina de Inglaterra fueron suficiente. No se aceptó la posibilidad de que un partido con raíces terroristas pudiera condicionar ni de lejos la acción del Gobierno.
Para nuestros ministros, en cambio, Otegi, condenado por secuestro y pertenencia a banda armada, que jamás ha pedido perdón ni a sus propias víctimas, es un hombre de paz y mejor socio para el “bloque de dirección de Estado” que el Partido Popular, el que como el PSOE puso asesinados y no pistolas en el 'conflicto'.
El socialista Ábalos considera “normalización democrática” lo que no admitirían en las repúblicas bálticas con los descendientes del comunismo o en Italia con quien se proclamase nieto de las Brigadas Rojas. Una cosa es que todas las ideas puedan defenderse y otra que sea decente 'normalizar' a quienes defienden determinadas posiciones indeseables, dándoles poder efectivo para decidir en el Gobierno. Y, por cierto, comparar como hizo el mismo Ábalos lo que sucedió en el País Vasco con una guerra civil es una ofensa a las víctimas del terror, empezando por quienes fueron asesinados por ser compañeros suyos del Partido Socialista español.
La UE nació para expulsar a los nazis de la normalidad, no para 'normalizarlos'.
¿Se imaginan a un presidente francés reconociendo como interlocutores políticos de la República a los yihadistas para 'normalizar' el yihadismo en la política francesa? ¿O a Merkel haciendo algo parecido con quienes quieran representar hoy a la extinta Baader-Meinhof? En Irlanda, como luego explicaré, se ha formado una dificilísima coalición de gobierno, con renuncias importantes por parte de los dos partidos que son allí los eternos rivales, con el único objetivo de evitar que el Sinn Féin, el Bildu del IRA, para entendernos, llegue a influir en las decisiones de Estado.