Una humilde propuesta para una ley de educación perfecta y de consenso
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Juan Soto Ivars

España is not Spain

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Una humilde propuesta para una ley de educación perfecta y de consenso

No todo son desacuerdos entre la izquierda y la derecha a la hora de reformar la educación. Hay puntos en que las últimas leyes coinciden, ejes de consenso

placeholder Foto: Centenares de vehículos colapsaron este domingo el centro de Murcia en protesta contra la Lomloe. (EFE)
Centenares de vehículos colapsaron este domingo el centro de Murcia en protesta contra la Lomloe. (EFE)

1. Onanismo educativo

La prueba de que a los partidos se la trae floja la educación es que, en 40 años, llevamos ocho leyes. Es así de simple: esto demuestra que no les importa educar mejor, sino haber sido ellos quienes establecen la norma. Además, cambiar una ley por otra es mucho más barato que dotar los centros de más profesores, más aulas y mejores equipamientos. Así, de ley en ley, miles de centros escolares se caen a pedazos, millones de profesores se quedan sin voz, desde la época remota en que el futuro del país estaba por encima de las siglas.

El PSOE celebró como un triunfo onanista la aprobación de la ley Celaá. Lo hicieron con la promesa de la oposición de derogarla en cuanto cambien las tornas, y no se me ocurre mayor constatación de un fracaso. Es otra ley que nace con la esperanza de vida de una legislatura: menos tiempo del que se precisa para estudiar sus efectos en las generaciones que pasan por la escuela. De hecho, el vaivén de reformas ha hecho imposible saber qué aciertos y defectos tenía cada una. ¿Qué tuvo de bueno la LOE? ¿Cuáles fueron los puntos fuertes de la Lomce? ¿En qué fallaban? Nadie lo sabe, porque a nadie le importa.

La ley Celaá divide el Congreso

Ninguna ley de educación se ha cambiado en España por sus errores concretos, ni siquiera por la ideología, sino por purita propaganda. No corrigen problemas generados por una ley sencillamente porque no los conocen: se enmienda la ley anterior en un rito de paso iniciático con el que cada ministrillo firma su ley en cuanto alcanza el poder, con una mitad del Congreso de los Diputados que hace el baile de la fertilidad alrededor de la hoguera y otra mitad que pone los ojos en blanco con expresión vengativa.

Esta vez, ni los gritos de “libertad”, ni la polémica de la oficialidad del castellano, ni la financiación de los centros concertados, ni la disposición sobre centros de educación especial, ni el vaivén de la religión, la ética o la propaganda en horas lectivas explican qué le falla, de la misma forma que los criterios de las becas o la reválida eran insuficientes para saber en qué fallaba la ley Wert. Para valorar una reforma educativa, hay que dejarla respirar, y se niegan.

Foto: La ministra de Educación, Isabel Celaá. (EFE)

Los puntos más polémicos de cada reforma no son más que detalles. Alpiste que le echan al rebaño para que se persuada de que un partido va a salvar a los niños mientras el otro trata de destruirlos. Fogonazos que impiden mirar la raíz de los problemas de la educación. Pero aquí, en mi columna, siempre vamos un paso más allá de lo evidente. Verán ustedes...

2. Propuesta de una ley de consenso

No todo son desacuerdos entre la izquierda y la derecha a la hora de reformar la educación. Hay puntos en que las últimas leyes coinciden, ejes de consenso, a saber: el desprecio por la exigencia, la manga ancha con los alumnos vagos, el mercado de aprobados, la superficialidad de las materias, el odio a la teoría y los conceptos abstractos, la sobredosis de imágenes, diagramas y la sumisión ante el altar de la tecnoutopía.

Foto: Isabel Celaá posa para El Confidencial. (Foto: Jorge Álvaro Manzano)

Todas las leyes educativas desde los tiempos de la Logse han tenido estos importantes puntos en común. Todas daban por nulas las posibilidades de un alumno de salir habiendo aprendido poco o mucho. En este sentido, todas las leyes han triunfado, cada cual a su manera. Pese a los cambios de siglas, los alumnos han salido peor formados sucesivamente, generación tras generación, y han dependido cada vez más de los libros que sus padres tuvieran en casa. ¿Qué les cuesta a los partidos ponerse de acuerdo entonces y sacar una ley del gusto de todos?

Aquí va mi propuesta constructiva de mejora. Propongo derogar ya la ley Celaá y reunir los partidos del gobierno y el grueso de la oposición en un instituto. Junto a un comité de expertos en el que los profesores tengan prohibido el acceso, organizar un grupo de trabajo conjunto para la creación de la Ley Ulterior de Mediocridad Educativa (LUME). Desde el gran consenso de impedir por todos los medios la alfabetización, firmar el texto definitivo que garantice, sea cual sea el color del Gobierno, que ningún estudiante en España abandone la fase obligatoria con un mínimo de formación.

Foto: Pablo Casado (c), junto con Isabel Díaz Ayuso (i) y José Luis Martínez-Almeida (d), en la manifestación de ayer en Madrid. (EFE)

Los puntos más polémicos para la izquierda y la derecha pueden negociarse de una vez por todas en esa comisión. Te cambio quitar la religión por españolizar a los alumnos catalanes; montamos Educación para la Ciudadanía, pero incluyendo en el temario la opinión antiaborto; damos una asignatura de historia de España vista por Pío Moa y otra de historia de España vista por Willy Toledo; hundimos definitivamente la filosofía y las humanidades; contratamos a Apple y a Windows para diseñar el material escolar, etc. Y con el texto que salga, se va a la Cámara, se aprueba y se blinda con mayoría total.

Así, los españoles del futuro seguirán formándose cada vez peor, pero al menos tendremos una ley estable a la que echarle la culpa de todo.

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