Multas de hasta 151 euros por cancelar una portabilidad entre operadoras. Blogs de #elclubdelalucha
PHONE HOUSE LO INTRODUJO EN NUESTRO PAÍS

'Multas' de hasta 151 euros por cancelar una portabilidad entre operadoras

Los amagos de portabilidad ahora salen caros. La mayoría de operadoras las repercuten sobre el cliente, aunque la CMT solo autoriza 41 céntimos

Foto: 'Multas' de hasta 151 euros por cancelar una portabilidad entre operadoras

Este es el décimoquinto capítulo de 'DEFIÉNDETE de #101fraudes', el libro de Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores FACUA.

- Y ahora, para completar la solicitud de portabilidad de su línea de móvil, voy a pedirle que me confirme sus datos y a repetirle las condiciones de la oferta para que la acepte, mientras grabo la conversación.

- Muy bien, yo también la grabaré.

- ¿Perdón?

- Nada, cosas mías.

Tras verificar mis datos, el teleoperador me informa de unos precios mucho más bajos de los reales, ya que olvida indicar que hay que sumarles el 21% de IVA. Y después...

- Bien, por último le indico que si una vez que acepte las condiciones, usted decide cancelar la portabilidad antes de que se produzca, le cobraremos 50 euros. ¿Acepta?

- Hombre, esto último me parece un poco abusivo.

- Es que el trámite que nosotros hacemos tiene ya un trabajo. Por eso se cobra esta penalización si usted se arrepiente.

- ¿Por los 5 minutos que usted ha tardado en atenderme le pagan 50 euros?

- ¡Nooo! Ese dinero no es para mí, sino para Movistar.

- Pues si eso es lo que me cobran por no darme el servicio, no me quiero ni imaginar el margen de beneficio que tendrán sus tarifas.

Hasta 151 euros llegan a exigir algunas compañías de telecomunicaciones a los usuarios que deciden dar marcha atrás en sus solicitudes de portabilidad. Se trata de prácticas ilegales, denunciadas desde hace años, que las autoridades de consumo animan a seguir cometiendo al aplicar multas extraordinariamente ridículas (en las escasas ocasiones en que las aplican).

La cadena de establecimientos de telecomunicaciones Phone House fue la primera en introducir esta práctica en España, al exigir una fianza a los usuarios que solicitan portabilidades para quedársela si luego se echan atrás. Se ve que que a las operadoras no les gustó que un intermediario pudiera forrarse a costa de meros amagos de contrataciones y decidieron (¿denunciarlo?, ¡anda ya!) copiarle la idea.

Como no pueden cobrarnos el dinero por adelantado, lo que hacen las compañías es advertirnos de que cobrarán las multas para evitar que después cambiemos de idea si encontramos otra oferta con mejores condiciones. Y a los usuarios que, pese a ello, dan el paso de solicitar la anulación de la portabilidad, les pasan el recibo en su cuenta bancaria y después amenazan con incluirlos en registros de morosos si rechazan el cargo.

Las cifras son para todos los gustos. Mientras Phone House retiene 50 euros en concepto de fianza, Ono y Jazztel llegan a exigir el pago de 151 euros si les pedimos el traslado de nuestro número desde otra compañía y nos arrepentimos antes de que se produzca. Orange reclama 138 euros si se trata de una portabilidad de ADSL desde operadores distintos a Movistar. Por su parte, Movistar exige 100 euros en amagos de portabilidades fijas y 50 en móviles.

Como no pueden cobrarnos el dinero por adelantado, lo que hacen las compañías es advertirnos de que cobrarán las multas para evitar que después cambiemos de idea si encontramos otra oferta con mejores condicionesLa legislación de defensa de los consumidores prohíbe expresamente cobrar cualquier cantidad como consecuencia del desistimiento de un contrato. Por cierto, ¿sabes cuál es la cantidad con la que nos indemnizan las compañías si son ellas las deciden no aceptar nuestras solicitudes de alta porque no se fían de que vayamos a pagar los recibos? Cero patatero, efectivamente. Pues esa falta de reciprocidad y la inferioridad de condiciones del usuario frente al proveedor también es ilegal.

En abril de 2011, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) advirtió en una resolución de que "las leyes de Defensa de los Consumidores y Usuarios y de Ordenación del Comercio Minorista impiden expresamente cobrar al usuario algún tipo de gasto incurrido por el operador como consecuencia del desistimiento del contrato, como es la cancelación de la solicitud de portabilidad necesaria para la prestación de sus servicios". "Además", prosigue, "tampoco es posible fijar al usuario garantías o anticipos de pagos previos a la prestación del servicio que aseguren un eventual resarcimiento del operador para el caso de que se ejercite la cancelación de la portabilidad numérica".

La CMT emitió el documento en respuesta a una consulta realizada por Telefónica, que aseguraba que, aunque no tenía intención de comenzar a cobrar a sus clientes por ello (sinceridad ante todo...), existía el riesgo de que la práctica se implantara en el sector ante la inexistencia de un pronunciamiento regulatorio al respecto.

41 céntimos

El organismo advirtió de que, en todo caso, las compañías que sufriesen el amago de portabilidad podrían repercutir a los usuarios el mismo coste que ellas tienen que abonar al operador del que pretendían darse de baja por la donación del número de teléfono en cuestión. La cifra: 41 céntimos (sí, yo también solté un taco cuando me enteré).

El organismo advirtió que las compañías que sufriesen el amago de portabilidad podrían repercutir a los usuarios el mismo coste que ellas tienen: 41 céntimosPero como estas irregularidades no suponen el incumplimiento de la normativa de telecomunicaciones, sino de la de protección al consumidor, los únicos organismos que podrían convencer a las empresas del sector de que desistiesen de continuar con este fraude a base de multas son las autoridades autonómicas de consumo. En 2012, el Instituto Nacional del Consumo y las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas emitieron un informe en el que señalaban que "cualquiera que sea el concepto (gestión, fianza, depósito, o similar) por el que el operador o el distribuidor autorizado pretendan cobrar al usuario por ejercer su derecho a cancelar la solicitud de portabilidad será considerado abusivo".

Pero, pese a que las autoridades de consumo lo tienen clarísimo desde hace mucho tiempo, la ardua tarea de silbar mientras miran al cielo les ha impedido imponer las multas que corresponden. Así que tiendas y compañías de telecomunicaciones continúan haciendo dinero con su particular orgía del portabilitatus interruptus.

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