Subidas de tarifas que nos prometieron mantener durante dos años e incluso “para siempre”, facturas que nos siguen llegando mes tras mes aunque no paremos de pedir la baja, velocidades de navegación que no alcanzan ni la mitad de lo anunciado, multas por cancelar solicitudes de portabilidad, retrasarte en un pago no devolver el router inmediatamente después de decir adiós a tu compañía… La lista de fraudes de las 'telecos' a los consumidores da para llenar las páginas de varios libros. Y las multas de las autoridades de protección al consumidor son escasas y su cuantía, de risa.

Cuanto más dinero reporta un abuso, más barata sale la sanción. Y eso si alguna comunidad autónoma decide aplicarla. En España, las competencias para aplicar multas por vulnerar las leyes de defensa de los consumidores están en manos de las administraciones autonómicas. El Estado no tiene potestad para poner esas sanciones. Y aunque parezca que diecisiete organismos ven más que uno a la hora de detectar fraudes masivos, lo cierto es que su descoordinación ante ellos es total. Se pasan la pelota de unas a otras, se desentienden de las denuncias que plantean los afectados y las asociaciones de consumidores o cuando en el mejor de los casos imponen sanciones, éstas representan un ápice del beneficio obtenido con prácticas ilegales.

En más de treinta años, desde que en 1984 entró en vigor la primera Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y posteriormente sus diecisiete versiones autonómicas, la multa de mayor cuantía impuesta a una empresa por un fraude masivo ni siquiera ha llegado a los 3 millones de euros. Se la impuso la Comunidad de Madrid a Movistar a finales de 2007 como consecuencia de las denuncias que Facua llevaba presentando desde hacía años por el redondeo al alza en la facturación, con el que las telecos cobraban más segundos de los realmente consumidos al cobrar completo el primer minuto de cada llamada -y el resto en fracciones de treinta segundos en determinadas tarifas-. La práctica reportaba cada año más de mil de millones de euros a las compañías de móviles. La sanción al principal operador, de 2,9 millones, equivalía a la cantidad que recaudaba con ese fraude en sólo un par de días.

No es la ley, es su aplicación

Pero, ¿por qué cuando se aplican las multas su cuantía es tan baja? ¿Es que hay que cambiar las leyes? Pues lo cierto es que, aunque toda las normas son mejorables, tanto la ley estatal como las diecisiete leyes autonómicas de protección a los consumidores plantean marcos sancionadores que incluyen la posibilidad de imponer multas cuyos importes asciendan a entre una y diez veces -según la comunidad- las cantidades obtenidas mediante la práctica fraudulenta en cuestión. Así que el problema es de falta de voluntad -o ceguera- política. Y mientras los políticos no garantizan la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad de los fraudes, los lobbies empresariales -y el de las telecos es especialmente potentes- redoblan esfuerzos por convencerles de que no existe ningún abuso contra el que actuar. En estos temas, regalar una buena puerta giratoria hace milagros.

La opacidad ha sido siempre la tónica dominante, sea cual sea el partido que gobierne, algo que beneficia a las compañías que hacen caja a costa de abusos

Las agencias, institutos, direcciones y secretarías generales de consumo de las comunidades autónomas no suelen hacer públicas las escasas multas que aplican por prácticas fraudulentas que afectan a miles, cientos de miles o millones de consumidores. La opacidad ha sido siempre la tónica dominante, sea cual sea el partido que gobierne, algo que beneficia sobremanera a las compañías que hacen caja a costa de cometer abusos. No sólo son objeto de pocas multas y de cuantías irrisorias, sino que además las autoridades (in)competentes ocultan qué ilegalidades han motivado que sean multadas y, con ello, provocan que la mayoría de sus víctimas ni siquiera sepan que han sido objeto de un fraude y que tienen derecho a reclamar su dinero.

La multa media es de 644

Por primera vez en la historia, en Andalucía acaban de hacerse públicas todas las multas aplicadas por su autoridad de consumo en el último año. La Junta se ha visto obligada a hacerlo después de años de reivindicaciones. Estas han logrado que el asunto haya sido tratado en el Parlamento autonómico, donde dos partidos de la oposición, Podemos e Izquierda Unida, han pedido explicaciones al Ejecutivo sobre la opacidad en las sanciones a los defraudadores, además de requerirle que las hiciera públicas -a lo que se opusieron PSOE, PP y Ciudadanos-. En la Cámara, la presidenta andaluza, Susana Díaz, llegó a inventar que cualquier persona podía acceder a la información sobre las sanciones -”están en Google”, dijo-, pero lo cierto es que han sido un secreto hasta hace unos días. Y ahora, puede que el Gobierno andaluz se arrepienta de haberlas hecho públicas -aunque curiosamente la legislación autonómica obligaba a ello desde 2003-.

El año pasado, el importe medio de las 2.464 multas impuestas de manera firme por la Junta de Andalucía por infringir la normativa de protección al consumidor fue de… -agárrate fuerte- ¡644 euros! Casi nueve de cada diez sanciones ni siquiera superaron los 1.000 euros. La empresa más multada, cómo no, fue una teleco: Vodafone. La multinacional británica acumuló cuarenta y cinco sanciones, que sumaron otra cifra hilarante: 167.315 euros. Entre las multas a esta compañía, una de 400 euros y seis de 500. La más alta fue de 30.000 euros, el importe máximo de todas las sanciones impuestas en 2015 por el Ejecutivo andaluz.

Telefónica fue la segunda firma con más multas en Andalucía: trece, cuyo importe total se redujo a 58.005 euros. En este caso, la más alta fue de 17.500 euros y la más baja, de 500. El tercer operador, Orange, no tuvo ni una sola sanción.

¿Sabes cuánto ha ingresado hasta hoy Telefónica con la subida de tarifas de Movistar Fusión? Alrededor de 300 millones de euros. Un incremento de precios aplicado el año pasado -y de nuevo el pasado febrero- después de haber lanzado estas ofertas convergentes con la promesa de que los mantendría “para siempre”. En Facua lo denunciamos a comienzos de 2015 ante las diecisiete comunidades autónomas -también lo ha llevado a los tribunales- y sólo Madrid le comunicó, muchos meses después, la apertura de un expediente sancionador. ¿Acabará con una multa de 3 millones de euros, o quizás de 30.000?