¿Quién defiende en españa al consumidor?

Micromultas para macrofraudes: a las telecos les sale barato saltarse la ley

Si eres una gran compañía tecnológica, en España no te preocupará mucho saltarte la ley. Las multas son escasas y ridículas.

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A las grandes compañías de telecomunicaciones y los gigantes tecnológicos les sale extraordinariamente barato saltarse la ley en España. En las escasísimas ocasiones en que las autoridades competentes en la protección de los derechos de los consumidores reaccionan ante los macrofraudes, lo hacen con micromultas. Pequeñas sanciones que representan un ápice de los beneficios obtenidos de forma ilícita mediante incumplimientos de compromisos contractuales, ofertas engañosas o la aplicación de cláusulas abusivas.

Dos de las tres mayores multas impuestas en la historia por los organismos de defensa de los consumidores estaban relacionadas con fraudes tecnológicos. La segunda multa más importante -es un decir- data de 2007, cuando la Comunidad de Madrid se convirtió en la primera -y que se sepa, la única- que decidía sancionar a las principales compañías de móvil por el redondeo al alza en la facturación.

Era una práctica por la que cobraban siempre completo el primer minuto de cada comunicación y, en el caso de las líneas de prepago, en fracciones de 30 segundos a partir del segundo minuto. A Movistar le cayó una sanción de 2,9 millones de euros. Se trató de una sanción record (la más alta que ha impuesto la Dirección General de Consumo madrileña en toda su historia), pero equivalía a lo que la compañía ingresaba con el redondeo en unas 48 horas. Vodafone y Orange también fueron objeto de micromultas: 1,4 millones y 960.000 euros, respectivamente.

En cuanto a la multa más alta aplicada en toda España desde una autoridad de consumo, se produjo el año pasado: los 6,23 millones con los que la Junta de Andalucía sancionó a Telefónica en diciembre por la primera subida de tarifas de Movistar Fusión. Tuvo su origen en una denuncia por el incumplimiento de la promesa publicitaria (y por tanto contractual) de mantener esos precios "para siempre".

El importe de la sanción distó enormemente de los más de 70 millones extra que ingresó la operadora gracias al fraude

El importe de la sanción distó enormemente de los más de 70 millones extra que había ingresado hasta entonces la multinacional española en esa comunidad autónoma gracias al incremento tarifario. Cifra que obviamente ha continuado creciendo, empujada por el paso de los meses y las siguientes subidas aplicadas por la empresa, sin miedo alguno a nuevas multas de fogueo.

De los diecisiete organismos autonómicos que tienen la capacidad (y la obligación) de multar las vulneraciones de la legislación de defensa de los consumidores, sólo tres han actuado contra la subida de Movistar Fusión. Y ello pese a que todos conocen que Telefónica lanzó al mercado estas ofertas paquetizadas de fijo, móvil y televisión perjurando que no aplicaría nunca una subida y que el compromiso se mantuvo en su página web durante años -lo eliminó cuando se lo saltó-.

Las agencias, institutos, direcciones y secretarías generales de Consumo de todas las comunidades recibieron en su día las denuncias contra la compañía, pero casi todas hicieron como que la cosa no iba con ellas. Y si la multa de Andalucía fue de vergüenza ajena, las otras dos fueron tomaduras de pelo en grado sumo. El Gobierno vasco multó a la compañía con 100.000 euros y la Comunidad de Madrid con 30.000 euros. Dos días de salario del presidente de Telefónica bastan para pagar la última sanción. Sí, José María Álvarez-Pallete ganó 5,36 millones el año pasado.

Sí, José María Álvarez-Pallete ganó 5,36 millones el año pasado. (Foto: EFE)
Sí, José María Álvarez-Pallete ganó 5,36 millones el año pasado. (Foto: EFE)

¿Impide la ley a las comunidades autónomas sancionar de forma más contundente los fraudes? Todo lo contrario. La legislación estatal y autonómica de defensa de los consumidores prevé que las sanciones pueden incluir el comiso de entre una y diez veces -según la comunidad- el importe obtenido como beneficio ilícito o el valor en el mercado de los productos o servicios objeto de fraude. Pero lo cierto es que el criterio del comiso del beneficio se ha aplicado en escasísimas ocasiones desde que a mediados de los años 80 se promulgó la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a la que siguieron normas autonómicas en cada una de las comunidades del Estado.

Y las pocas veces en que un organismo autonómico de protección al consumidor ha dimensionado una multa sobre la base del beneficio ilícito obtenido por la empresa, ha hecho los cálculos de una manera un tanto 'sui generis'. En el caso de Andalucía, la sanción por la subida de Movistar Fusión incluía un supuesto beneficio ilícito de 5,36 millones bastante alejado de la realidad - concretamente, 13 veces por debajo de la realidad-.

Da la sensación de que la actual ministra, Dolors Montserrat, ni siquiera sabe que entre sus funciones están las políticas de protección al consumidor

En cuanto al papel del Gobierno central, el Ministerio con competencias en la defensa de los consumidores ha sido siempre el de Sanidad (antiguamente llamado de Sanidad y Consumo). Y aunque no puede poner multas, sí puede llevar empresas defraudadoras a los tribunales, pero hace décadas que no trasciende ninguna acción judicial por su parte. Visto lo visto por el trabajo que viene desarrollando -ninguno-, da la sensación de que la actual ministra, Dolors Montserrat, ni siquiera sabe que entre sus funciones están las políticas de protección al consumidor.

Si hablamos de las multas impuestas por otros organismos, tampoco son para tirar cohetes, unas veces por falta de contundencia y otras por limitaciones en el marco sancionador de la normativa que aplican, lo que hace más que necesaria su actualización.

Precisamente, hace poco trascendió la sanción más alta aplicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) desde su creación y su protagonista es un gigante tecnológico, Facebook. Tendrá que pagar 3,2 millones por usar determinados datos de los usuarios con fines publicitarios sin su consentimiento "inequívoco, específico e informado". Pero a saber cuánto dinero habrá ganado en España la multinacional de Mark Zuckerberg saltándose la ley.

También en los últimos días han sido noticia otras multas record en el sector, pero esta vez su anulación. La Audiencia Nacional ha tumbado la resolución sancionadora de alrededor de 120 millones de euros que la CNC -hoy CNMC- impuso en 2012 a Movistar, Vodafone y Orange por abuso de posición de dominio al aplicar precios excesivos a los servicios mayoristas de terminación y acceso de SMS y MMS. Era la sanción más elevada que se había aplicado hasta hoy desde la autoridad de Competencia y la segunda más alta a una sola empresa -44,5 millones en el caso de Movistar-.

Si escalamos a nivel europeo, la número uno del top sancionador por parte de la Comisión Europea no es una teleco, sino una tecnológica: Google. En 2017 ha sido agraciada con 2.400 millones por abuso de posición dominante al favorecer de forma sistemática a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus rivales en los resultados de su buscador.

Y a escala mundial, la mayor multa impuesta por un fraude tecnológico -y de hecho por cualquier tipo de fraude- se ha producido también este mismo año. En EEUU, Volkswagen tendrá que asumir el pago de 25.000 millones de dólares -unos 22.000 millones de euros- por la manipulación del software de sus motores diésel para falsear los niveles de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) y saltarse así los controles de homologación. La cifra se desglosa en 2.800 millones de dólares de multa, 17.500 millones que se destinarán a compensar a los consumidores y concesionarios afectados en EEUU y el pago de 4.700 millones en programas para mitigar la contaminación del aire de estos vehículos y en inversiones en tecnología de vehículos verdes.

Sólo la Xunta de Galicia está imponiendo sanciones a Volkswagen en España. Una por cada usuario que denuncia haber sido víctima de la manipulación del software (Foto: Reuters)
Sólo la Xunta de Galicia está imponiendo sanciones a Volkswagen en España. Una por cada usuario que denuncia haber sido víctima de la manipulación del software (Foto: Reuters)

Lo que la multinacional automovilística alemana tendrá que pagar en EEUU por el 'dieselgate' se aleja un poquito del importe de las multas que le han aplicado las autoridades españolas por las mismas irregularidades, que aquí afectan a bastantes más conductores que allí (unos 700.000 en España frente a alrededor de 500.000 en EEUU). Por lo que ha trascendido hasta la fecha, sólo la Xunta de Galicia está imponiendo sanciones, una por cada usuario que denuncia haber sido víctima de la manipulación del software. El importe en cada caso está siendo del doble del valor del vehículo del denunciante -la primera fue de 33.800 euros-.

El criterio sancionador podría considerarse razonable si la mayoría de las víctimas del fraude presentase denuncias -y si todas las comunidades adoptasen el mismo criterio-, porque lo cierto es que dado que muy pocos lo han hecho, las sanciones no van a provocar grandes problemas económicos a la multinacional responsable de este fraude. Como realmente no lo provoca casi ninguna de las micromultas a macroempresas que aplican las autoridades de (des)protección al consumidor españolas.

La vigilancia del cumplimiento de nuestros derechos como consumidores, por desgracia, está en manos de irresponsables.

#elclubdelalucha

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