Papeles de Panamá, año cero

Un año después de la investigación, no es tiempo de celebración pero sí de hacer un ejercicio de recuperación histórica. El universo de los paraísos fiscales tiene que tocar a su fin

Foto: Una bandera de Panamá ondea en el área bancaria de la capital. (Reuters)
Una bandera de Panamá ondea en el área bancaria de la capital. (Reuters)

En 2009, los grandes líderes mundiales reunidos en Londres afrontaban la respuesta colectiva a la profunda crisis internacional dando vida a un nuevo G-20, que anunciaba triunfalmente “el fin de la era del secreto bancario”. Se asumía que la brutal crisis financiera que afectaba a gran parte del planeta requería poner fin a los paraísos fiscales, por los que se escapaban recursos vitales para todos los países en un momento como ese. Una verdad demoledora pero que falló en el plan de abordaje.

La solución estrella pasaba por conceder a la OCDE la coordinación de un plan en el que, para salir de la lista negra, bastaba con que un país firmara algún acuerdo comprometiéndose al intercambio de información fiscal con otras 12 jurisdicciones. Así se puso en marcha un carrera loca para firmar convenios que nos han llevado a contar en la actualidad con un complejo entramado de más de 3.000 tratados internacionales, que no han logrado sin embargo poner fin a esta lacra internacional que son los paraísos fiscales.

En cierta medida, volvemos a la casilla de salida, al punto de partida. ¿A ciegas? No tanto, las evidencias abundan. En lo que llevamos de siglo, la economía 'offshore' ha venido creciendo al doble de velocidad que la economía productiva a nivel mundial. La inversión hacia paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro en este tiempo, mientras más de la mitad del comercio mundial pasa por alguno de estos territorios, según las estadísticas del propio FMI. Es imposible que esta realidad se mantuviera oculta a los ojos de los legisladores y organismos internacionales. Pero nos ha hecho falta un escándalo como los papeles de Panamá para que la necesidad de acabar con los paraísos fiscales recupere su urgencia.

Hoy justo hace un año que esta filtración, la mayor de la historia hasta el momento, acaparó los titulares de toda la prensa mundial. Y un año después, no es tiempo de celebración pero sí casi de hacer un ejercicio de recuperación histórica. En su mejor (¿peor?) momento, Mossack Fonseca, la empresa en el epicentro de este escándalo, llegó a crear una sociedad 'offshore' cada 10 minutos. Una hiperproductividad que se alimentaba de los inmensos vacíos legislativos entre los diferentes países, de marcos regulatorios intencionadamente confusos y contradictorios.

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Los papeles de Panamá hacían especialmente visible el papel del sector bancario internacional, al servicio de sus grandes clientes y de firmas como Mossack Fonseca. Según el último informe Oxfam —'Bancos en el exilio', publicado hace apenas una semana—, los 20 principales bancos europeos declaran una cuarta parte de sus beneficios en paraísos fiscales, aunque solo el 12% de su actividad y un 7% de sus trabajadores. Frente a la actividad global de estas entidades, los beneficios declarados en estos territorios son claramente desproporcionados y muestran el desajuste entre dónde se declara la actividad real y dónde se declaran los beneficios. En Luxemburgo, por ejemplo, estos 20 bancos declararon más beneficios que en Alemania, Reino Unido y Suecia juntos. Al menos 628 millones de euros de beneficios se han localizado en paraísos fiscales donde no se contaba con ningún trabajador. Y mientras bancos como Deutsche Bank declaraban pérdidas en Alemania, sus beneficios en paraísos fiscales se acercaban casi a los 2.000 millones de euros.

Despacho de Mossack Fonseca, en Panamá. (Reuters)
Despacho de Mossack Fonseca, en Panamá. (Reuters)

Aunque las distintas tipologías de negocio podrían explicar ratios de rentabilidad y productividad diferentes en los paraísos fiscales frente al resto de territorios, la desproporción que se da es francamente elevada y muy superior a lo que la lógica permite explicar. La transparencia, el acceso a la información y los datos desagregados de las prácticas de estas entidades en todos los territorios donde operan (incluso en paraísos fiscales) nos permiten una aproximación al modelo de negocio por el que siguen optando. En realidad, son mecanismos selectivos de localización de beneficios en paraísos fiscales y no donde desarrollan su actividad económica real, lo que permite a estos grandes bancos reducir la contribución fiscal, eludir marcos regulatorios más restrictivos o facilitar prácticas de elusión para sus clientes.

Por ello es tan importante seguir ahondando en la transparencia y ampliarla al resto de sectores de actividad. Si el acceso a la información es lo que nos pone ante las evidencias de abusos, ¿por qué limitarlo tan solo al sector bancario? La Unión Europea tiene ahora la oportunidad de ampliar este mandato y plantearlo como un estándar generalizado sea cual sea el sector empresarial. El Gobierno español debe apoyar y defender esta legislación que contribuiría a erradicar malas prácticas.

De hecho, en España, el resto de grandes empresas siguen pautas similares. Las empresas del Ibex 35 también siguen ahondando en la tendencia de recurrir con mayor frecuencia al uso de los paraísos fiscales. Todas cuentan ya con filiales en paraísos fiscales sin estar aparentemente vinculadas a paraísos fiscales. De hecho, entre 2009 y 2014, el uso de los paraísos fiscales ha crecido en un 240%, mientras la recaudación por el impuesto de sociedades en España, en su conjunto, se ha desplomado estos últimos años. En 2016, se recaudaba menos de la mitad que en 2007, justo antes de la crisis.

En su mejor (¿peor?) momento, Mossack Fonseca, la empresa en el epicentro de este escándalo, llegó a crear una sociedad 'offshore' cada 10 minutos

Empresas tecnológicas, financieras y farmacéuticas han elegido mayoritariamente estructurar su actividad alrededor de filiales en Irlanda, Luxemburgo o Suiza. El golpe de la Comisión Europea a los acuerdos secretos y selectivos entre el Gobierno de Irlanda y Apple, que les obliga a recuperar 13.000 millones de euros de impuestos no pagados, es un ejemplo claro. Los paraísos fiscales están en el corazón mismo de Europa y no podemos seguir con los ojos cerrados ante esta evidencia ni pretender que no afectan al diseño de la tributación empresarial en el resto de países, España incluida.

En 10 años, el tipo nominal en el impuesto de sociedades ha caído 10 puntos en España, del 35% al 25%. Reino Unido ya anunciado que lo bajará al 17%, y aún está en el aire la reforma de Trump en Estados Unidos. Es una veloz y peligrosa carrera a la baja, una carrera de competencia fiscal desleal y agresiva, en la que el precio lo acabaremos pagando los ciudadanos. Los paraísos fiscales siguen siendo como un polo magnético que arrastra y capta gran parte de la actividad económica internacional, a costa de graves distorsiones.

Ya es el momento de adoptar una definición universal, objetiva y consensuada sobre qué es un paraíso fiscal, que permita aplicar sanciones

Es evidente que aún quedan múltiples zonas grises en la legislación internacional sin que la voluntad política se haya activado realmente. En la gran mayoría de países, todavía es posible (y legal) constituir sociedades 'offshore' sin que exista una obligación de desvelar la identidad.

Un registro público y centralizado de propietarios últimos y reales de empresas, cuentas y fundaciones permitiría de una vez por todas acabar con la opacidad de las sociedades 'offshore'. Y ya es el momento de adoptar una definición universal, objetiva y consensuada sobre qué es un paraíso fiscal, que permita aplicar sanciones y contramedidas.

Sin esperar a generar este consenso internacional, y frente a la crisis fiscal que en España se ha agudizado con la crisis, el Gobierno y el Parlamento tienen que poner en marcha una ley contra la evasión y elusión fiscal, un paquete de medidas de urgencia que determine la voluntad de acabar con esta lacra. El universo de los paraísos fiscales tiene que tocar a su fin. Y sería obsceno necesitar un nuevo escándalo como los papeles de Panamá para activar las soluciones urgentes.

*Susana Ruiz es responsable de justicia fiscal para Oxfam Intermón.

Tribuna

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