La derrota de la privatización

Buenas noticias para quienes creemos que el cuidado de la salud es un servicio, no un negocio. La Justicia y la marea blancaconspiraron contra el proyecto privatizador de la Sanidad Pública. Ganaron. Aunque sólo afecta a Madrid, tiene efectos disuasorios en otras Comunidades. Ignacio González, presidente madrileño, tiró la toalla. Y el consejero Lasquetty, autor intelectual del proyecto –votado en contra por el resto de partidos y contestado masivamente por los profesionales–, dimite irrevocablemente al sentirse concernido. Son los hechos conocidos a media tarde ayer, horas después de que la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviese mantener la suspensión cautelar del proceso “externalizador” de seis hospitales a fin de evitar futuros perjuicios “de imposible reparación”.

Una de las razones esgrimidas por González para suspender el proceso sine die es que la parsimonia judicial (varios recursos en marcha) habría metido el problema en las dinámicas electorales que se avecinan (europeas, municipales, autonómicas, generales). Y eso significa que muy seguros no debían de estar los gobernantes del PP de su “Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid”, según quedó bautizada su vocación privatizadora en el boletín oficial de la región. La dinámica preelectoral habría sido ocasión propicia para convencer a los madrileños. Si tan seguro estaba el Gobierno madrileño de las bondades del modelo, en nombre de una gestión más eficiente de los recursos sin merma del servicio (público y gratuito, claro), bien pudo haberlo llevado al programa electoral a la espera de la última palabra en los tribunales. Y además habría demostrado eso de que la izquierda quiere ganar en la calle lo que no puede ganar en las urnas.

Si tan seguro estaba el Gobierno madrileño de las bondades del modelo, en nombre de una gestión más eficiente de los recursos sin merma del servicio (público y gratuito, claro), bien pudo haberlo llevado al programa electoral a la espera de la última palabra en los tribunales

González decía ayer que se trata de un modelo de gestión “legal y posible”. Puede tener razón, al menos formal. De hecho hay algún hospital en Madrid que ya funciona con servicios externalizados, aunque siguen siendo públicos, gratuitos y de calidad, como él mismo recordó. Sin embargo, ha preferido romper la baraja. ¿Por qué? Necesariamente hemos de sospechar que la fe del Gobierno madrileño en las ventajas de entregar la gestión de la sanidad a la iniciativa privada era mejorable. Es una versión de lo ocurrido. O, simplemente, que finalmente ha sido sensible a las protestas que durante más de un año hanjuntado en la calle a profesionales y usuarios en defensa de la Sanidad Pública. Otra explicación no tanindulgente es la del portazo como escapatoria. O sea, una forma de evitar que siguieran aflorando las trampas del proceso de adjudicaciones, denunciadas en los recursos judiciales y en los comunicados de médicos, trabajadores y personal sanitario en general.

En cualquier caso, insisto, es una buena noticia para quienes nos hemos venido manifestando contrarios a dejar en manos de unas entidades con ánimo de lucro la aplicación práctica del precepto constitucional sobre la Sanidad pública, universal y gratuita. No hay precedente de que un conflicto sanitario en Madrid haya puesto de acuerdo a todos sus agentes. Tampoco lo tiene la gran implicación de los especialistas. Casi seiscientos jefes de servicio y de unidad del Sistema Madrileño de Salud firmaron en su día una carta abierta a los madrileños en la que explicaban por qué pedían la retirada del proyecto. Afirmaban entonces que el plan “compromete seriamente la calidad y la universalidad de la sanidad pública madrileña con la que estamos decididamente comprometidos por razones éticas y profesionales”. Seguramente ahora lo estará celebrando.