La última majadería del Banco de España

 

El historiador Rafael Moreno Fernández publicó hace algún tiempo un par de ensayos sobre el Banco de España que merecen ser rescatados del olvido. Los trabajos están publicados por el propio banco central, lo que indica que el autor no es un espía de la KGB contratado para desnudar la institución. Al contrario, se trata de obras muy bien documentadas en las que se cuenta la pequeña historia del Banco de España. En particular de sus empleados, que históricamente han sido tratados por el poder político como seres superiores, que diría Emilio Butragueño.

No es un juicio de valor. Es la realidad. Y en este sentido, Moreno Fernández relata multitud de anécdotas que reflejan hasta qué punto el banco central se ha situado históricamente al margen del sistema económico vigente. A mediados del siglo XIX, por ejemplo, los empleados del Banco de España tenían derecho a recibir pensiones de gracia, una práctica que ya existía en el viejo Banco de San Carlos. Esas pensiones no tenían amparo legal ni en los Estatutos ni en el Reglamento de la institución, pero la dirección del banco las entregaba de forma discrecional y caprichosa Y eso explica que algunos cajeros, tenedores de libros o porteros pudieron cobrar una pensión a la que no tenían derecho otros trabajadores “hasta perder su salud”.

Esta singularidad del Banco de España se manifestaba, incluso, en cuestiones privadas. Por ejemplo, antes de contraer matrimonio, el empleado debía dar noticia a la Junta del nombre y circunstancias de la esposa que eligiera, para que le concediera su licencia, si lo estimara conveniente; y, en caso de que no lo cumpliera, sería por este mero hecho separado irremisiblemente de su empleo. Es decir, que hasta para casarse había que tener permiso del gobernador.

Los empresarios no contratan simplemente porque no hay actividad, no porque el coste salarial sea elevado. Sólo hay que tener en cuenta que el 30% de la utilización de la capacidad productiva está ociosa, lo que significa que no hay negocio. Y aunque haya que pagar 400 euros al mes por trabajar 40 horas a la semana, ningún empresario lo hará simple y llanamente porque no hay clientes

Este Estado dentro del Estado en que llegó  convertirse el Banco de España -no sólo el Ejército o la Iglesia lo fueron- justifica que la institución haya sido vista históricamente como algo ajeno al sector público. Hasta el punto de que se cuenta que en una ocasión el general Franco recibió en audiencia a Mariano Navarro Rubio, que acababa de ser destituido como ministro de Hacienda tras el Plan de Estabilización. Franco -en agradecimiento por los servicios prestados- le preguntó sobre qué quería hacer profesionalmente. Navarro Rubio le respondió: "gobernador del Banco de España". A lo que Franco le replicó: "Anda, y yo también".

Un banquero en el Ritz

Es decir, que ya desde entonces los gobernadores del banco central andan 20 centímetros por encima del resto de mortales, lo que les da una especie de patente de corso para opinar sobre lo divino y lo humano, aunque en su propia casa haya mucha miseria. Entre otras cosas, gracias a que cuentan con un potentísimo servicio de estudios -creado en 1930- que viene  a ser la memoria económica de este país, y que nació bajo el influjo de Michel Mitzakis, un banquero francés -enviado especial del Banco de Pagos Internacionales- que a modo de carta de presentación se alojaba en el Hotel Ritz mientras duró su misión en España. Mitzakis junto a economistas de tanto prestigio como Larraz, Fernández Baños y Bernácer creó un formidable servicio de estudios que hoy ha perdido buena parte de su sentido, toda vez que sus análisis están desligados de la política monetaria -que descansa en el BCE-, por lo que su influencia es menor.

La política monetaria ya no se hace al calor de sus informes. Ahora bien, el Banco de España sigue actuando como si estuviéramos ante la verdad revelada, lo que explica la ausencia de autocrítica en sus análisis. Su incapacidad para detectar la dimensión de la burbuja inmobiliaria o el agujero que tenía en sus tripas el sistema financiero, pasarán a la historia del desatino económico.

Por supuesto que no sólo el Banco de España erró, pero lo preocupante es que tiende cada vez más -probablemente, por falta de competencias- a convertirse en un gigantesco aparato propagandístico pagado por todos los contribuyentes. Y esa idea de que determinados colectivos puedan cobrar por debajo del salario mínimo va en esa dirección.

 Insistir en que bajando salarios España saldrá de la crisis no es más que un reconocimiento del fracaso de la estrategia de política económica. Reducir los salarios, como se pretende, sólo conseguirá dos catástrofes. Una que la Seguridad Social se convierta en una ruina al disminuir las bases de cotización; y eso se paga en términos de déficit público.

Tampoco es un juicio de valor. El propio Gobierno ha reconocido a Bruselas que el sistema público de protección social acumulará entre 2012 y 2016 -en apenas cuatro años- un déficit equivalente a 45.000 millones de euros. Una cantidad desorbitante que tiene que ver no sólo con la destrucción de empleo, sino también con la caída de las bases de cotización, la consecuencia inexorable de la bajada de los sueldos. Y esos 45.000 millones –el 4,5% del PIB- inciden en el déficit público y por ende, en la prima de riesgo. Nada es gratis.

Pero no sólo eso, como decía ayer mismo una lectora de este periódico con envidiable lucidez, “de momento tenemos el Euribor en mínimos históricos y aun así este año no somos capaces de bajar el endeudamiento; si Europa se recupera antes que España, cosa que va a suceder, y sube los tipos de interés, tendremos una nueva oleada de impago de hipotecas y ejecuciones hipotecarias”. Y ni que decir tiene que con salarios más bajos el pago de los compromisos hipotecarios se hará más difícil.

Aprender de Suecia

La literatura económica ha demostrado que ningún país europeo ha salido de una crisis de modelo -del ladrillo a otra cosa en el caso español- bajando salarios (lo que no quiere decir que tengan que subir). Y el caso sueco, como refleja este actualísimo informe de la Comisión Europea, lo demuestra.

La histéresis que se ha instalado en el mercado laboral español -la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la ha provocado, por ejemplo un trozo de metal respecto de un imán- no tiene que ver con los salarios, sino con la estructura económica. O mejor dicho, con la ausencia de una aparato productivo sólido. Y bajar los salarios pagando a un ingeniero o a cualquier profesional capaz de generar alto valor añadido mil o mil quinientos euros al mes, sólo provocará oleadas de emigración entre los colectivos mejor preparados. Con todo lo que ello supone.

Insistir en que bajando salarios España saldrá de la crisis no es más que un reconocimiento del fracaso de la estrategia de política económica. Reducir los sueldos, como se pretende, sólo conseguirá dos catástrofes. Una que la Seguridad Social se convierta en una ruina al disminuir las bases de cotización; y eso se paga en términos de déficit público

Hasta el propio Banco de España ha reconocido en su informe anual que la cura de caballo a la que está siendo sometida la economía española ya ni siquiera sirve para acelerar el proceso de desendeudamiento de empresas y familias, sin duda necesario y una condición indispensable para salir de la crisis. La causa no es otra que la entrada en una depresión económica que puede llevarse por delante la Seguridad Social (de ahí la reforma que está planteada) y la propia Hacienda pública por la caída de las bases imponibles.

Los empresarios no contratan simplemente porque no hay actividad, no porque el coste salarial sea elevado. Sólo hay que tener en cuenta que el 30% de la utilización de la capacidad productiva está ociosa, lo que significa que no hay negocio. Y aunque haya que pagar 400 euros al mes por trabajar 40 horas a la semana, ningún empresario lo hará simple y llanamente porque no hay clientes.

La medida tan sólo tendería a sustituir mano de obra más cara por otra más barata, haciendo crujir las arcas públicas y elevando el déficit por el aumento de los costes del desempleo. Otra cosa bien distinta es la necesidad de  profundizar en la idea de un mercado laboral más flexible introduciendo fórmulas como el contrato único que aligeren la carga de los costes diferidos del factor trabajo. O incluso fórmulas parecidas a las de los minijobs alemanes pagando por horas para atender necesidades de demanda, pero nunca por debajo del SMI. De ahí a una bajada de salarios general, media un abismo.

España ya intentó atravesar un atajo para crear empleo mediante la generalización de la contratación temporal. Y el resultado es de sobra conocido. Enorme rotación alrededor de un mismo puesto de trabajo que convertía al empresario en un caza subvenciones. Incluso ahora, en que la destrucción de empleo se ha cebado en los trabajadores con contrato temporal, España tiene el lamentable récord de seguir siendo el segundo país de Europa con niveles de temporalidad más elevados (un 22% frente al 15%). Tanta rotación lo que hace es desincentivar el empleo de calidad y la formación de los trabajadores en su centro de trabajo.

La vía coreana a la felicidad sólo se puede hacer desmontando el magro Estado de bienestar, y si ese escenario llega es muy probable que los lujosos salones del Banco de España se conviertan en un comedor social.