Soraya, bisturí a los sindicatos donde más duele

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quiere dejar constancia y carta de naturaleza de que su fama de mujer flexible en la negociación no está reñida con la firmeza de dama castellana por aquello, ya saben, de “como yunque sufro y callo”.

Su subsecretario, Jaime Pérez Renovales, un alto y atildado funcionario del Estado, prepara magnis itineribus los papeles que sirvan de base para las administraciones públicas, que son una sangría insostenible y poco saludable. Su informe tiene que estar listo antes del verano.

Paralelamente, la vicetodo se ha calzado los manguitos para aplicar un recorte comme il faut a la elefantiásica cifra de delegados sindicales en la Administración, que según los últimos cálculos extiende su cifra hasta los 8.000. Objetivo: ahorrar.

¿Cuánto cuestan al erario estos delegados sindicales que en algunos organismos públicos conllevan sinecuras, prebendas y mamandurrias? Tampoco se sabe a ciencia cierta -Renovales, demonio, date prisa- pero una cifra de 300 millones de euros, entre pitos y monjas, es fiable.

En realidad, esta medida ya fue aplicada en sus territorios por la otrora Esperanza Aguirre (Madrid), Carlos Fabra (Valencia) o la presidenta Cospedal en su vasta y extensa comunidad de Castilla la Mancha.

¿Otra huelga general? ¡A por ella!