Proteccionismo regulatorio y los rifirrafes de Bruselas con la Reserva Federal

El comisario europeo Michel Barnier parece haberse cabreado, y mucho, con los nuevos planes ‘proteccionistas’ de la Reserva Federal (Fed) de aumentar los requerimientos de capital de algunas filiales de entidades Europeas afincadas en territorio americano.

El gobernador Tarullo ya anunció, a finales del año pasado, intenciones de cambiar el régimen prudencial para entidades foráneas, tras el enfado por el cambio de estatus que realizaron las filiales de Barclays o Deutsche Bank para evitar varios de los requerimientos de la regulación Dodd-Frank.

El caso más sonado es el de Taunus, la filial de Deutsche Bank, con nombre en honor uno de los numerosos montes que rodean Frankfurt. La entidad ha estado operando con ratios negativas de capital para un negocio de más de 350 mil millones de dólares, aprovechándose de una exención que la Fed le concedió hace años. Algunos analistas estiman que para cumplir con los nuevos requerimientos, la matriz podría tener que inyectar unos trece mil millones de dólares en capital de máxima calidad (Core Tier 1), lo que supondría un cambio en la ratio CT1 del grupo (excluyendo Taunus) de unos 300 puntos básicos.

El debate sobre el proteccionismo regulatorio lleva abierto ya tiempo. El Reino Unido es, sin duda, el que ha recibido mayores críticas en este aspecto. La Financial Services Authority (FSA), cuya división prudencial ha sido recientemente absorbida por el Banco de Inglaterra, ha estado exigiendo a sucursales de varios bancos extranjeros en la City pasar a operar como filiales, con el consecuente coste y pérdida de flexibilidad derivado de mantener capital y liquidez atrapados localmente.

La verdad es que razones no le faltan. Ya se sabe que las aventuras de los bancos islandeses (Kaupthing, Glitnir y Landsbanki) en tierras anglosajonas terminaron realmente mal. Utilizando los derechos de pasaporte Europeo establecidos en la MiFID, los islandeses pudieron establecer sucursales en el Reino Unido sin someterse a la supervisión de la FSA y captar depositantes atraídos por remuneraciones muy atractivas. En el caso de Kaupthing Singer & Friedlander, que operaba como filial, gran parte de los depósitos fueron transferidos a la matriz en Islandia mediante swaps de liquidez, donde la filial recibe a cambio activos de mucha menor calidad. Algo parecido a la Sareb, pero transfronterizo –el riesgo se lo come el vecino–. Un chollo vamos.

Algo similar sucedió con Lehman Brothers, donde fondos de la filial europea, incluyendo dinero captado a través de bancos centrales, fueron repatriados a Estados Unidos antes de que se declarara oficialmente la quiebra de la entidad, con las consiguientes pérdidas causadas a los acreedores de Lehman Brothers Europe.

En su respuesta a los planes de la Fed, Barnier ha precisado que los requerimientos adicionales de capital y liquidez para entidades foráneas deberían basarse en un régimen de equivalencia. La idea es que si el supervisor de la matriz (por ejemplo, Bafin en el caso de Deutsche Bank) tiene un régimen supervisor equivalente al de la Fed, entonces la filial se debería poder beneficiar del apoyo de su matriz sin requerimientos tan onerosos a escala local, ya que supondría que el grupo está correctamente supervisado y es seguro.

Estos regímenes de equivalencia se están poniendo muy de moda. La FSA los ha utilizado para permitir o denegar la posibilidad de utilizar líneas de liquidez procedentes de su matriz a sucursales extranjeras. Y la nueva MiFID 2, que todavía no esta en vigor, prevé la utilización de criterios de equivalencia por parte de ESMA –la CNMV Europea–  para permitir o denegar la prestación se servicios financieros en la Unión a entidades extranjeras.

Los criterios de equivalencia están muy bien, siempre que se produzcan con un mínimo de transparencia y lógica. Sin embargo, Barnier se olvida de dos cosas.

Primero, la reciente crisis dentro de la Unión ha puesto de manifiesto las grandes diferencias entre supervisores europeos. No es lo mismo el Cysec en Chipre que AMF en Francia. Además, como se ha visto en el caso de los bancos islandeses, y como ocurrió en el caso chipriota, la seguridad no depende únicamente del supervisor de la matriz, dada la facilidad para establecer operaciones en todo el territorio europeo. Esto demuestra la necesidad de supervisor y reguladores únicos en la Eurozona, como mecanismos necesarios –pero no suficientes– de una Unión Bancaria.

Segundo, una correcta supervisión no implica que los mecanismos de resolución de entidades funcionen correctamente a escala transfronteriza, como se observó en el caso de Lehman Brothers y como nos recuerdan los recientes controles de capital impuestos en Chipre.

La crisis y la respuesta de gobiernos y supervisores han puesto de manifiesto que la regulación financiera puede ser una nueva arma competitiva y de destrucción masiva. Las nuevas estructuras de regulación y supervisión pan-europeas ayudarán a concentrar poder y combatir cualquier jugarreta en este sentido, pero el problema radica en encontrar un punto de equilibrio entre el excesivo proteccionismo de intereses nacionales, la estabilidad del sector bancario y la seguridad de los inversores. Y no va a ser fácil encontrar soluciones que gusten a todos.