La CNMC contra el automóvil

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha terminado ya su primera batalla contra el sector de la distribución de coches en España con la imposición de las primeras 45 multas a concesionarios por un importe de 9 millones de euros, que en los próximo meses se van a ver ampliadas con nuevas remesas de sanciones.

En el verano de 2013 comenzó una verdadera ofensiva contra la distribución de automóviles en España, con cientos de concesionarios y de redes de concesionarios de las principales marcas en su punto de mira. La razón es que supuestamente habían pactado precios y creado un auténtico cártel.

Lo más curioso es que las investigaciones sobre estas supuestas malas prácticas comerciales comenzaron en el año 2012, cuando en España se vendían menos coches que en los últimos 20 años y un 60% menos que en 2007. Pero el primer anuncio de los expedientes se produjo cuando el mercado empezaba a subir lentamente. Parecía que los investigadores de la CNMC habían estado esperando el momento oportuno.

El mercado del automóvil es complicado, sin duda. Es un producto muy caro, que requiere unas grandes inversiones y cuyo precio es difícil de fijar. La CNMC advierte en su página web que el hecho de que una marca fije unos precios máximos o de referencia, no es en principio contrario a la legalidad. Pero si lo es que los vendedores lleguen a acuerdos entre ellos para fijar unos precios.

Los precios de los coches han bajado, a pesar de que los automóviles nuevos llevan mucho más equipamiento tecnológico y son más caros de hacer. En los últimos 3 años el precio real de los coches nuevos ha bajado un 8,5% en España, pero la CNMC no debe estar conforme y debe querer que sigan bajando. Los directivos de las multinacionales del sector del automóvil reconocen que España tiene el mercado más competitivo de toda Europa, que la guerra de precios es brutal. Pero la CNMC no se conforma con ello.

España tiene la electricidad entre las más caras de Europa, pero eso es básicamente porque el 60% del importe de la factura corresponde a cosas que el Gobierno pone en ella, pero no al coste real de la electricidad. De vez en cuando la CNMC sanciona a las eléctricas por pactar precios, pero la cuantía de las multas es menor que el beneficio que obtienen de pactar esos precios.

Los costes de la telefonía en España son de los más caros de Europa, y sobre todo tenemos un servicio en el que cuando pagamos por 10 Megas de ADSL, por ejemplo, en realidad nos dan 1 Mega. Pero la CNMC sanciona de vez en cuando, cada dos o tres años, a las empresas de telefonía por pactar precios. Pero no lo hace por no ofrecer 10 megas de ADSL, que parece que es legal, sino solo por pactar precios. Y las multas son menores que el beneficio que obtienen de pactar esos precios.

Los intereses del Estado y los de los ciudadanos deberían ir en la misma dirección, pero en realidad eso no es así en España. Si las petroleras suben el precio del litro de gasolina un 20% sin ninguna razón objetiva más que la de ganar más dinero, curiosamente el Estado gana ese mismo 20% de más en sus impuestos. Si las telefónicas nos cobran más, España gana más. Pero el poder adquisitivo de los ciudadanos se reduce cada día.

Las instituciones y los organismos oficiales deberían estar para velar por los intereses de los ciudadanos, pero eso desgraciadamente no es así. Cuando en un negocio cualquiera se dice que el cliente siempre tiene razón, es cierto, porque si no se queda contento el cliente, éste no volverá y perderemos dinero.

Pero con los grandes temas del Estado eso no es así. Los ciudadanos estamos obligados a pagar todos los impuestos para hacer posible el estado de bienestar de la clase dirigente, pero ésta ha encontrado una nueva forma de mejorar aún más su situación. Y es hacer que los organismos oficiales ganen dinero, sean empresas con beneficios y que se gestionen como empresas. Tal es el caso de la Dirección General de Tráfico, que pese a sus costes brutales, con más de 10.000 agentes en nómina, gana dinero cada año. La causa, las multas de tráfico y las tasas.

En el caso de la CNMC, tiene ante sí todo el mercado para poder controlar. Puede investigar las motos, las eléctricas, las empresas de butano, los bares, los periódicos, las lavadoras, pero ha decidido fijarse en el automóvil. Las multas que impone la CNMC están en función de la facturación. A una empresa que vende caramelos la multa puede ser de 100 euros, pero a una que vende coches, las multas pueden ser millonarias, aunque el margen pactado sea de 500 euros. Y se trata de conseguir que la CNMC de beneficios.

El agua que usamos en Madrid es del Canal de Isabel II y hay que pagar lo que decida esta empresa porque no hay otra, es un monopolio, y si un ciudadano se da de baja del Canal le quitan la cédula de habitabilidad de su casa. El transporte de Madrid se gestiona a través del Consorcio de Transportes y se fijan los precios de manera oficial. No se pactan, se fijan.

El Metro de Madrid no necesita pactar sus precios con nadie, solo los impone. Hace unos años subió un 50% el billete normal, cuando pasó de 1 euro a 1,5 euros, y ahora se paga por el trayecto que se hace, por lo que la subida es aún mucho mayor. Eso, o lo de AENA y el precio del parking del aeropuerto de Madrid, que pese a ser unas instalaciones pagadas por todos los españoles y fuera de la ciudad, ellos ganan dinero cobrando 21 euros diarios por coche. Y ya se han inventado una nueva forma de subir más ese precio que les contaré otro día.

Por eso yo me pregunto si la CNMC está realmente para defender los intereses de los ciudadanos o si está simplemente para ganar dinero y mantener los intereses del Estado, del Canal de Isabel II, del Metro de Madrid, de Aena, del Consorcio de Transportes, y de las grandes compañías que proporcionan productos de primera necesidad a los ciudadanos, la luz, el gas, el agua o el teléfono. Todo eso es intocable y los ciudadanos a seguir pagando los excesos de los políticos.

Pero esto no ocurre solo en España. En Europa es exactamente igual. Ahora, la Unión Europea ha decidido poner en marcha un ambicioso plan para interconectar Europa con trenes de alta velocidad mediante un programa multimillonario de inversiones. El objetivo, supuestamente, es que los ciudadanos se puedan mover por Europa libremente sin fronteras de ningún tipo.