El papel de los traficantes de personas en la actual crisis migratoria

Hechos como la muerte de 71 personas que viajaban en un camión frigorífico abandonado en Austria o el hallazgo por la policía de este mismo país de 26 inmigrantes procedentes de Siria, Afganistán y Bangladesh hacinados en la caja de un camión entre los que se encontraban tres menores en estado grave, han sacado a la luz la realidad que se esconde detrás del tráfico ilícito de migrantes: un delito grave que consiste en ayudar o controlar el transito fronterizo de personas en situación irregular con ánimo de obtener un beneficio económico.

No por casualidad, el Mediterráneo se ha convertido -en palabras de ACNUR- en la “la travesía más mortal del mundo”, donde durante el año 2014 perdieron la vida cerca de 3.500 personas mientras trataban de alcanzar Europa con la ayuda del tráfico ilícito, el 82% del total de las personas fallecidas en todo el mundo en este tipo de travesías.

Ante este escenario y con motivo de la crisis provocada por el naufragio de un barco con más de 850 inmigrantes a bordo en aguas próximas a Libia que viajaba con dirección a Italia en abril de 2015, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 28 adoptaron un decálogo de medidas destinadas a prevenir nuevas catástrofes migratorias en el Mediterráneo y cuyo objetivo principal fue reforzar las labores de vigilancia y control de fronteras de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex). Preveía, incluso, el lanzamiento de una misión militar para destruir los barcos de los traficantes de inmigrantes.

Sin embargo, la situación de las personas que huyendo de la extrema pobreza o de interminables conflictos, como el de Siria o Afganistán, ha continuado siendo crítica hasta el punto de alcanzar niveles de desesperación como los que hemos podido presenciar a través de los medios en los últimos días. La última de estas imágenes es la de un policía recogiendo el cuerpo de un niño muerto tras un naufragio en Bodrum (Turquía).

En ausencia de una estrategia por parte de la Unión Europea que prevea la creación de rutas de entrada seguras y legales, tal y como se propone en el último informe publicado por la citada agencia Frontex, los traficantes representan el único medio para llegar a un país europeo donde no corran el riesgo de ser repatriados de inmediato y las condiciones de acogida sean más favorables, como ha sido hasta la fecha el caso de Alemania, Reino Unido o Suecia.

A raíz de las medidas adoptadas por la UE para impedir la llegada de personas a través del Mediterráneo, sumado al hecho de que las personas procedentes de Siria podían pagar precios más elevados por sus servicios, los traficantes han abandonado, al menos temporalmente, las habituales rutas hacia Europa para encontrar otras entradas a través de Oriente Medio, donde desde Grecia la travesía cuesta entre 3.000 y 5.000 euros y desde Turquía puede llegar a suponer 10.000 euros.

El tráfico de personas es, por tanto, una actividad altamente rentable. De hecho, junto a la trata de personas, es la actividad del tráfico ilegal la que está experimentando un crecimiento más rápido. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) el contrabando de migrantes en el mundo genera alrededor de 8.300 millones de dólares al año para los criminales.

Europa se encuentra en estos momento tratando de gestionar su mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, con un número sin precedentes de solicitantes de asilo y refugio y otros migrantes entre los que se encuentran menores no acompañados en una situación de extrema vulnerabilidad, así como posibles víctimas de trata de seres que requieren la protección de los países de la Unión Europea. Sin embargo, y pese al marco legal vigente en Europa, acceder a esta protección continúa siendo extremadamente peligroso y una oportunidad de negocio para los contrabandistas que trafican con personas como mercancías con un riesgo relativamente bajo de detección debido a la flexibilidad, dinamismo y adaptabilidad de las organizaciones delictivas que participan en estos procesos.

Organizadores, reclutadores, transportistas o guías, observadores y mensajeros, ejecutores y los proveedores de servicios; cada uno de ellos cumple con una función en coordinación con funcionarios corruptos que aceptan sobornos, personas que tienen actividades legítimas pero que intervienen en el proceso para albergar a migrantes y traficantes durante el trayecto y los proveedores de servicios como falsificadores de pasaportes, visas y otros documentos de viaje e inmigración, transportistas, conductores, personal de aerolíneas, propietarios de barcos o titulares de otros vehículos o personas responsables del mantenimiento de vehículos. La estrategia para acabar con los responsables de este comercio ilícito pasa por luchar contra las redes que trafican con migrantes, lo cual implica que estas redes deben dejar de ser la única opción para aquellas personas que quieren llegar a Europa en busca de protección. ¿A qué estamos esperando para cambiar de estrategia?

*Investigadora, Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE)