A mi bola
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Ya se estudian acciones penales contra Franco, quien no inaugura pantanos, sino charcos
Casi dos meses después, el presidente del CSD sigue sin tomar "medidas fiscalizadoras" con Rubiales, a quien también investiga la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
Suele decirse que no tomar decisiones es peor que cometer errores. Más aún, cuando, como en el caso del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, se corre el riesgo de que esa inacción acabe siendo vista como una posible prevaricación. Para empezar por lo último, el pasado viernes, la nueva Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) presentó un conflicto de competencias ante el CSD frente al anuncio de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en relación con la organización del sorteo de su nueva competición, previsto para este miércoles y, aunque parezca ridículo, programado para celebrarse dos veces el mismo día.
Esa "apuesta de país", como llegó a denominar el mencionado Franco la profesionalización del fútbol femenino español, no solo conlleva que la RFEF haya dejado de tener competencias sobre la hasta hace poco llamada Liga Iberdrola, sino que fue el propio CSD quien la impulsó y, gracias a la gestión de su director general, Albert Soler, ha acabado siendo una realidad, con su propio ente organizador reconocido por el Estado. Sin embargo, esto es algo que Rubiales, el todavía presidente de la RFEF, no quiere entender, de ahí la esperpéntica situación de que, salvo que el CSD lo evite, pueda haber dos sorteos de calendarios de una misma competición.
El problema es que a Franco no solo se le acumulan los problemas por su inacción, sino que también corre el riesgo de ser denunciado por prevaricación. Tal y como informamos hace una semana, el pasado 30 de mayo la Fiscalía de área de Gijón del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias presentó una denuncia contra Rubiales, en calidad de presidente de la RFEF, José Ramón Cuetos, su vocal y presidente a su vez de la asturiana (RFFPA), además de otros miembros de esta, al contener los hechos que motivaron estas diligencias de investigación "elementos de delito de tráfico de Influencias-cohecho y malversación".
Fue Gonzalo de Azkarate, integrante de la denominada Plataforma 2030 contra la “criminalidad y la corrupción en el fútbol”, quien presentó una denuncia contra Rubiales con base en que "tiene la obligación de controlar a las federaciones territoriales de fútbol y ha permitido que un empleado suyo sea presidente de la asturiana para beneficiarse, rompiendo el principio de neutralidad en las elecciones". Según la denuncia, un empleado y a la vez asambleísta de la RFEF estuvo representado en la Asamblea por una persona que no podía estar y aún menos votar a favor de la retribución del presidente. Es decir, el sistema clientelar que sostiene a Rubiales.
Dos meses sin respuesta...
En una carta con fecha 31 de mayo dirigida a la Subdirección de Régimen Jurídico del CSD, el propio Azkarate comunicó que el 12 de abril presentó denuncia por registro de la Delegación del Gobierno en Asturias y que, "puestos en contacto telefónicamente con el CSD dado el tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia sin noticia alguna, y dada la gravedad de los hechos, nos informan que se ha registrado y está en la Subdirección de Régimen Jurídico".
Esa fue la razón por la que, a través del citado escrito, Azkarate solicitó "el IMPULSO del procedimiento, dado que la denuncia referida contiene hechos gravísimos, solicitando, además, que se dé traslado al denunciante-compareciente a la dirección indicada en el encabezamiento del acuerdo de iniciación y de todo lo actuado desde la presentación de la denuncia hasta la fecha".
Sin embargo, casi dos meses después, y "ante la pasividad del CSD en este asunto del que conoce hechos gravísimos, sin que conste por el momento actuación alguna", el equipo jurídico de Gonzalo Azkarate ha confirmado a este diario que "estamos estudiando acciones penales, toda vez que el CSD tiene una función fiscalizadora de la RFEF y, por razones que desconocemos, no impulsa el expediente a pesar de haberlo solicitado mediante el oportuno escrito de fecha 31 de mayo pasado". Cabe recordar que la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional ya estudió presentar una querella por prevaricación por omisión contra Franco, quien, cabe recordar que, al no estar aforado, podría verse arrastrado a la Justicia ordinaria.
Al igual que otro Franco (Francisco) se hizo famoso por inaugurar pantanos, este Franco (José Manuel) lo acabará siendo por meterse en todos los charcos. Y es que, aunque él crea que los evita, cual avestruz metiendo la cabeza debajo de la tierra, lo cierto es que no sale de uno y ya está metido en otro. La mayoría de las veces por proteger a Rubiales o, como en el caso del fútbol femenino, por no hacerle frente. La única duda es si lo hace por temor a que sea el presidente de la RFEF quien se querelle contra él o bien porque algo muy comprometedor debe de tener Rubi sobre el inquilino de la Moncloa para que desde allí sigan sin pedir su dimisión...
Suele decirse que no tomar decisiones es peor que cometer errores. Más aún, cuando, como en el caso del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, se corre el riesgo de que esa inacción acabe siendo vista como una posible prevaricación. Para empezar por lo último, el pasado viernes, la nueva Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) presentó un conflicto de competencias ante el CSD frente al anuncio de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en relación con la organización del sorteo de su nueva competición, previsto para este miércoles y, aunque parezca ridículo, programado para celebrarse dos veces el mismo día.
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