Preparen la cartera

“If you drive a car, I'll tax the street

If you try to sit, I'll tax your seat

If you get too cold I'll tax the heat

If you take a walk, I'll tax your feet”

George Harrison, Taxman

El ministro de Hacienda en funciones y catedrático de la materia, Cristóbal Montoro, expuso este jueves la situación de las cuentas públicas nacionales al cierre de 2015. La situación no puede ser más triste: el Estado ingresó 56.000 millones menos de los que gastó. En términos relativos (una de las grandes trampas con las que jugó el ministro, no distinto en eso del resto de sus colegas europeos), supone un 5,16% del PIB. Si en sí se trata de valores lo suficientemente graves como para exigir dimisiones, mucho más lo son si tenemos en cuenta que España se había comprometido a no superar el 4,2% ante sus socios europeos, unos 11.000 millones de euros menos. Para hacernos una idea, por cada 100 euros que España se había comprometido a gastar de más, finalmente ha acabado gastando 120 más.

Por supuesto, la culpa no es solo del ministro Montoro, que se ha visto incapaz de establecer una disciplina presupuestaria entre aquellos a los que ahora culpa y exige responsabilidades. Como bien claro dejó en su comparecencia, “nosotros [el Gobierno central] hemos hecho los deberes, como los han hecho las corporaciones locales; la culpa es de las CCAA y de la Seguridad Social”. En el colmo del paroxismo, el ministro vino a decir que de no haberse producido ciertas desviaciones (como la inclusión de los gastos del tratamiento de la hepatitis C, una prisión en Cataluña o un tranvía en Aragón, entre otros) se hubiese alcanzado el objetivo del déficit. Claro, y si no se hubiese incurrido en gasto, España tendría superávit. Algo dice el refranero español del mes de mayo y las flores al respecto. Es decir, que el Estado es incapaz (por decisión política, evidentemente) de tener siquiera un fondo mínimo de reserva para contingencias humanitarias que son, de las planteadas por el ministro, las únicas que justificarían su intervención.

Como decía, la culpa no es solo del ministro. El principal responsable de la indisciplina fiscal del Estado es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, que no solo jamás ha discutido una sola medida de su ministro de Hacienda sino que además las ha apoyado tácita y explícitamente. Cierto es que este Gobierno se encontró con un déficit del 8,5% del PIB (casi 91.000 millones más de gastos que de ingresos en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos dos ministros de Economía, Pedro Solbes y Elena Salgado, asumieron su responsabilidad… siendo nombrados tras su cese consejeros de Enel o participada; Enel, la eléctrica italiana propietaria de Endesa tras su opa de 2007), como también es cierto que los dos primeros años de su gobierno se caracterizaron por la recesión.

Ni el déficit ni la recesión caen del cielo. Provienen de decisiones tanto de política monetaria como de política fiscal, estas sí competencia del Gobierno

Pero no es menos cierto que ni el déficit ni la recesión caen del cielo. Provienen de decisiones tanto de política monetaria (llevada a cabo externamente, fuera del control gubernamental, por el BCE, que no ha hecho más que flexibilizar las condiciones para el gasto público, como exigió desde un principio el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo) como de política fiscal, estas sí competencia exclusiva del Gobierno de España. Tras rescatar a las CCAA con alrededor de 30.000 millones de euros (7.000 millones solo en diciembre pasado) mediante el recurso al Fondo de Liquidez Autonómica y al de Facilidad Financiera, sin exigir la más mínima responsabilidad a sus gestores, ahora el Gobierno por boca de su ministro Montoro amenaza con llevar a cabo sanciones. Es decir, tras un gasto autonómico desbocado, ahora es cuando hablan de sanciones, ahora que la mayoría absoluta es un sueño del que Rajoy y su equipo no quieren despertar y en el que toda coalición de gobierno pasa por un aumento del gasto público, de los impuestos y de la austeridad de los ciudadanos, nunca de las administraciones públicas. Recordemos simplemente que en 1978, cuando se aprobó nuestra actual Constitución, el total de municipios españoles era de 8.046; hoy son 8.114. Las 41 diputaciones existentes emplean a 61.000 personas y controlan presupuestos que exceden los 22.000 millones de euros. Paga usted.

Acababa el verano de 2012 cuando desde esta columna ('Decidir') planteábamos ya “la estafa moral e intelectual que este Gobierno” estaba suponiendo. Llegó con la promesa de bajar los impuestos para devolver al ciudadano la capacidad de decidir entre gasto y ahorro, y aplicó la mayor subida de impuestos de la democracia. Escuchaba este jueves, perplejo, al ministro Montoro jactarse de “agresivas rebajas fiscales”. Esa agresividad se cifra en unos 5.500 millones de euros, monto que palidece frente al expolio de 23.000 millones que los españoles (como siempre, de forma fundamental quienes estamos sujetos a una nómina, la cebra coja por la que siempre se lanzan las hienas) hemos sufrido bajo su Gobierno.

Escuchaba a Montoro jactarse de “agresivas rebajas fiscales”. Esa agresividad se cifra en 5.500 millones, monto que palidece frente al expolio de 23.000

Podrían decir algunos que “fue para compensar el desastre anterior, y arreglar el déficit”. Pero no. Tras una legislatura en que la deuda pública ha alcanzado el nivel obsceno del 100% del PIB, con incrementos diarios de más de 225.000 euros, los españoles debemos estar contentos por una rebaja fiscal que supone alrededor de cinco euros mensuales por nómina. Y, de nuevo, volver a engañarnos con un incumplimiento del déficit que en octubre pasado era un “por supuesto que España cumplirá con el déficit de 2015 y 2016”.

La alternativa es, empero, terrible. Todas las opciones de gobierno alternativas a una encabezada por Rajoy plantean medidas que, de una forma u otra, suponen aumentos de impuestos a los ciudadanos y/o a las empresas. Nada de aprovechar nuestras costosísimas pero fantásticas infraestructuras para atraer capital extranjero, como ha hecho Irlanda; aquí preferimos espantarlo. Podemos, PSOE y Ciudadanos llevan la propuesta a Bruselas de “relajar” el ritmo de cumplimiento del déficit; y como ninguno se plantea seriamente la reducción del Estado (salvo, de algún modo, Ciudadanos), todos sin excepción pretenden reducirlo por la vía fácil: la extorsión tributaria al ciudadano. Queda la opción de un Gobierno en el que el Partido Popular esté presente, que al coligarse cederá, obviamente, en la 'política social', la mandrágora que esconde siempre más gasto, más deuda, más impuestos. En todo caso, nada podremos esperar sin una dimisión en masa de todos los cuadros que han permanecido callados observando y justificando cómo las clases medias empequeñecíamos en estos cuatro años. Preparen la cartera.