¿Son responsables los gobiernos de la crisis crediticia?

Decía Botín la semana pasada que los bancos habían cometido excesos que relacionó con la actual crisis crediticia.  En esta columna he defendido que ciertos aspectos de la industria financiera podrían haber provocado resultados malévolos. Así, entre otros, resalté la incapacidad de ciertos “consejeros independientes” (diversos pero ignorantes de banca), las asimetrías que provocaban las estructuras de retribución, o el apalancamiento excesivo de los balances bancarios. 

La portada del “Economist” de esta semana muestra un león asirio malherido y lo equipara al capitalismo. Multitud de comentaristas vaticinan la muerte lenta del actual sistema financiero (paradójicamente, muchos de estos comentaristas se habían beneficiado de tan “viciado” sistema hipotecándose a tipos históricamente bajos), el Presidente de Francia habla del final del “laissez faire” (también paradójico, proveniente de un país donde el “laissez faire” brilla por su ausencia, razón por la que Francia, cuya economía representaba 1,2 veces la del Reino Unido en 1970, alcanza hoy tan sólo 0,8 veces el peso de su archirival), y el Ministro de Economía alemán resaltaba la salud de la banca alemana y preconizaba la muerte del liderazgo financiero norteamericano (también paradójicamente, en 48 horas tuvo que realizar la mayor intervención financiera de la historia de Alemania para salvar el Hypo Real Estate).

Así, entre tanta hipocresía, hoy quiero identificar las causas políticas y regulatorias de la actual crisis.  En otras palabras: el papel del poder público en la misma. En mi opinión, estas causas son variadas, interrelacionadas, y mucho más peligrosas que los excesos que aducía Emilio Botín.

Primero: los tipos de interés letalmente bajos que mantuvo la Reserva Federal entre 2003 y 2006.  Arma de política monetaria, la FED es un ente “público” que sencillamente, erró el cálculo, inundando el mercado financiero mundial de dólares, provocando así excesivos apalancamientos bancarios y una mortífera inflación de activos (vivienda, bonos, materias primas).

Segundo: la ineficiente y a veces inepta supervisión bancaria de muchos reguladores. Se permitió la concesión de hipotecas en condiciones de muy difícil devolución (qué mejor ejemplo que los húngaros que solicitaban hipotecas en euros o francos suizos cuando sus salarios estaban denominados en moneda local).  Se permitió que se desligara la originación y el riesgo de la actividad hipotecaria, sentando las bases de una bomba de relojería (si el originador no depende del eventual resultado fallido del crédito, ¿qué le impide dar hipotecas a un desempleado incapaz de repagar el emprésito?).  Por otro lado, exceptuando el caso español, no se adoptaron provisiones genéricas en los balances de los bancos para prevenir los años duros que se avecinaban.  Se concedió permiso para que los bancos acumularan ingentes cantidades de deuda fuera de balance (en conduits y SIV).  Se asumió que el riesgo de iliquidez no existía.  No se vigiló el riesgo de duración de muchos bancos, endeudados a plazos cortos para financiar activos de largo plazo.  Por último, a pesar de las advertencias internacionales, se permitió a los bancos incrementar insanamente sus balances a pesar del riesgo que entrañaba en la economía (los bancos islandeses presentan activos equivalentes a diez veces el PIB de Islandia, ¿quién en ese país puede hacer frente a ese riesgo?).

Tercero: La crisis se agravó con la importancia sistémica de las agencias Freddie Mac y Fannie Mae, ambas reguladas por 136 funcionarios (el OFHEO) cuyo trabajo era comprobar si el riesgo asumido por ambas entidades era excesivo.  Fracasaron.  Además, el poder político siguió permitiendo a Freddie y Fannie incrementar sus balances y sus posiciones en riesgo con la hipótesis oficiosa de que las respaldaría si hubiera un problema de devolución de sus préstamos (como efectivamente ocurrió), otorgándoles  así ventaja para atacar el mercado privado con un respaldo público.  Esta interferencia en el libre mercado fue letal.  A pesar de numerosas iniciativas legislativas para frenar esta alocada expansión crediticia pseudo gubernamental, las donaciones de ambas entidades a miembros del Congreso (entre otras, Nancy Pelosi) fueron cruciales para abortar todas las medidas (muchas de ellas republicanas) que pretendían poner fin a tan peligrosa expansión.

Cuarto: El partido demócrata aprobó leyes en 1979 y 1995 fomentando el préstamo subprime. Ambas disposiciones incentivaban el otorgar préstamos a personas desfavorecidas, y las entidades financieras que no cumplían con estos preceptos se arriesgaban al activismo social.  Aparte de las consideraciones humanas, los efectos finales fueron perversos (sobre todo para los desfavorecidos).

Quinto: Los políticos de todo signo se negaron a controlar la burbuja de la vivienda.  Empezando por los bancos centrales, que la ignoraron, y acabando por los gobiernos, que vivieron de la recaudación impositiva que semejante burbuja provocaba, y sus efectos inducidos de expansión del consumo y de la inversión.  Sabían que engordar la burbuja provocaría una crisis futura mucho mayor.  Pero se negaron a actuar, demostrando su irresponsabilidad. 

Solbes, comisario europeo, advirtió de la burbuja inmobiliaria española, y Rato, ministro de economía, negó este hecho.  El FMI, ya presidido por Rato, alertó del riesgo de la burbuja española, y Solbes, ya ministro, la negó. 

Lean, juzguen y opinen.