Propuestas para sacar de la crisis a la nación española (II)

“He pasado de estar preocupado a estar acongojado”. Esta frase procede de un importante ex político español con gran experiencia en finanzas y en economía, e intenta responder a la pregunta sobre el futuro económico de España. En el artículo de hace dos semanas introducía una serie de propuestas (ligadas a sanear la industria financiera española) para hacer frente a la crisis que nos atenaza, buscando no sólo proponer posibles soluciones, sino romper con ese esquema mental de acongojamiento generalizado que nos está llevando al fatalismo y a la inacción. De las crisis se sale con actividad. De las depresiones, con mucha más actividad, y esperemos que esta vez esa actividad no esté centrada en una contienda mundial como la de 1939. Sigo por tanto con las propuestas.

Cuarto:

“De una crisis generada por deuda no se puede salir con más deuda”. Este sencillo axioma resume la perplejidad de muchos ante las emisiones de bonos gubernamentales más amplias de la historia (mínimo de tres billones de dólares en 2009). Aun admitiendo la necesidad de estimular la demanda mediante gasto productivo del sector público, es necesario ya el sentar las bases para neutralizar a medio plazo los déficit fiscales y preparar un plan de contingencia para reducir el endeudamiento público que semejantes emisiones provocará. 

Como las elecciones son cada cuatro años, y la vida útil de un político, no más de diez, casi ninguno se preocupa de las montañas de deuda que van dejando tras de sí.  Esto afecta a los más débiles de la sociedad, nuestros hijos, que son precisamente los que no pueden votar, ejemplificando la hipocresía del político cuando habla de “compromiso social” o “solidaridad” (siempre aúnan estas dos nociones al voto potencial, si no puedes votar, no hay compromiso ni solidaridad). Como el vicio inherente en el sistema, es decir, el gastar dinero siempre por encima de nuestras posibilidades aunque la coyuntura económica sea favorable, es estructural (ningún gobierno se ha preocupado de atajar la bomba de relojería de las pensiones, por ejemplo), sólo corresponden medidas drásticas de bisturí. 

Propongo, por tanto, eliminar la capacidad del gobierno para decidir el déficit o el superávit fiscal (central y autonómico). La decisión será tomada por el Banco de España, atendiendo a la coyuntura económica, los compromisos a largo plazo (pensiones), el volumen total de deuda acumulada y a la coordinación con otros estados miembros del euro en el marco del plan de estabilidad. Como la política monetaria ha sido transferida al Banco Central Europeo, el Banco de España tiene medios para asumir este crucial reto con responsabilidad pensando en el conjunto de la nación, no en las alianzas políticas ni en los pseudo compromisos electorales. Esta competencia sólo sería suspendida en caso de emergencia nacional declarada por el Gobierno.

Así, el Banco de España forzaría la generación de superávit en cuanto se empezara a recuperar la coyuntura, de forma que el endeudamiento público no siga acumulándose hasta llegar a los pantagruélicos niveles de Italia o Bélgica. A medio plazo, un ente supranacional de la zona euro realizaría esta labor de fijación de límites de gasto para todo estado miembro, como paso previo a la emisión de bonos europeos, que serían más líquidos y a un coste más eficiente de capital que los bonos nacionales, planteando una alternativa real a los bonos del tesoro norteamericano. Todos saldríamos ganando de un bono europeo.

Quinto:

La interacción entre el mundo de la política y el mundo de las finanzas ha demostrado ser nefasta para España. Es un problema endémico que también requiere soluciones viscerales. La instrumentalización política de las cajas de ahorro, que son entidades privadas, es una bomba de relojería que afecta a nuestras empresas y al común de los mortales. Lo mismo ocurre con las cuotas de poder político en organismos clave para nuestra supervisión como el Banco de España, CNMV o la Dirección General de Seguros.

En el siglo XIX la mayor fuente de inestabilidad era el ejército. De ahí que hoy en día esté prohibido que los militares estén afiliados a partidos políticos. En el siglo XXI la mayor fuente de inestabilidad es el sector financiero.

Propongo una solución similar: prohibir que ningún afiliado a un partido político o cargo público sea miembro del consejo de administración de cualquier banco, caja, u organismo supervisor (especialmente los tres referidos). Aseguramos así que la inversión crediticia y la cartera industrial se oriente por criterios económicos, no por presiones políticas, y que el partido político se vea privado de la tentación de emplear la supervisión como un cortijo de poder, tentación a la postre cancerígena para todos. Además, los inspectores y directivos de organismos reguladores como los aquí descritos no podrán trabajar para entidades inspeccionadas hasta pasado un tiempo prudencial desde su abandono del cargo, para de esta forma evitar connivencias como las acaecidas con Lehman Brothers o Freddie Mac.

Agradezco de nuevo el interés de muchos lectores por animar este debate en el foro (seguro que estas propuestas admiten muchas mejoras). Ahora el reto es cómo aunar su participación para elevar propuestas con un altavoz mucho más potente y organizado que esta modesta columna y sus valiosos comentarios. Tengo una comida con Alberto Artero pendiente en la que abordaremos este reto. Como pista, miren las webs en EEUU que analizan las promesas electorales a todo nivel y su grado de incumplimiento como plataforma para presentar propuestas de la sociedad civil. 

De nuevo, con un debate intelectual honesto sobre medidas que nos beneficien como nación y no como facción saldrán las líneas de actuación sobre las que sentar la actividad y sobre las que volver a ilusionar a nuestra sociedad. Si los políticos son incapaces de mantener ese debate, nos corresponde a nosotros los civiles liderarlo y activarlo, ya que nosotros sufriremos mucho más que la clase política las consecuencias de la crisis.