La re-reforma de las cajas de ahorro

Antes de analizar las nuevas medidas y sus probables efectos, conviene en este asunto volver la vista atrás. Se han perdido unos años preciosos para abordar el problema de las cajas. Al iniciarse la crisis, las cuentas públicas españolas estaban saneadas: partíamos de un superávit y la deuda pública era pequeña. Además, muchos otros países estaban interviniendo en sus sectores financieros.

Era, por tanto, el momento idóneo para solucionar radicalmente el problema. Existían los recursos para ello y nadie se habría extrañado. Se prefirió, sin embargo, negar la evidencia y ganar (o perder) tiempo. Nuestro sector financiero era el mejor del mundo. Lo mismo se ha venido repitiendo hasta hace poco y, aunque parezca increíble, se nos sigue diciendo todavía.

Las consecuencias de la inacción han sido nefastas. Tres años y medio después del estallido de la crisis, en España el crédito permanece aún congelado, imposibilitando la recuperación tanto del consumo como de la inversión y condenando a la economía al estancamiento. Las pérdidas no reconocidas en el valor de los activos inmobiliarios han terminado provocando la desconfianza de los mercados financieros internacionales, lo que ha aumentado el riesgo al contagio irlandés.

Entre tanto, los otros grandes países han recuperado la senda del crecimiento y están retirando el apoyo a las entidades financieras tras sanearlas. Por el contrario, en España la capacidad de captar recursos mediante la emisión de deuda pública para intervenir masivamente en las cajas ha desaparecido. En resumen, un magnífico balance, como en tantos otros temas.

En julio de 2010, no hace más de seis meses, se pusieron por fin en marcha algunas reformas en las cajas. El juicio que entonces nos merecieron ha aguantado bien el paso del tiempo. Como afirmábamos, las cajas no se han despolitizado. Sus dirigentes siguen siendo los mismos que las han llevado a esta situación. Ahora tienen incluso más puestos a repartirse, pues han de llenar los sillones de los consejos en los bancos del SIP.

Tampoco se han exigido responsabilidades a los malos gestores, ni se han puesto suficientes condiciones a las concesiones de ayudas, ni se ha garantizado la recuperación del dinero público en el futuro. La separación de la actividad bancaria de la fundacional se ha dejado a la voluntad de las propias entidades. Nótese algo muy importante: en todo esto, PP y PSOE han ido de la mano. Algo lógico ya que ambos disfrutan, junto a los nacionalistas, de unas u otras cajas.

Miremos ahora hacia el futuro. Las nuevas propuestas del gobierno pueden verse resumidas en una nota de prensa del Ministerio de Economía. No parecen, por desgracia, las más acertadas.

Los problemas esenciales de las cajas se derivan de la falta de recursos propios, debido a la pérdida de valor de sus activos inmobiliarios, sumada a la imposibilidad de captar nuevos recursos privados en los mercados. A estas cajas sin suficiente capital se les dice ahora: “para tranquilizar a los mercados, os vamos a exigir todavía más capital”. Ellas bien podrían responder: “pero si ahora ya nos falta ¿de dónde vamos a sacar el adicional?” “Muy sencillo -les replica el gobierno- captad capital privado en los mercados”.

Las cajas con problemas podrían clamar: “no podemos, porque los inversores privados no se fían de las pérdidas ocultas cuya existencia intuyen, ni entienden nuestra figura jurídica”. “Bueno - responde poético el gobierno- intentadlo hasta el otoño. Luego, coincidiendo con la melancólica caída de las hojas, las cajas que no hayan tenido éxito también caerán. Las intervendremos, transformándolas en bancos y comprando acciones con dinero público”.

Esta estrategia plantea serios interrogantes. Pone a las cajas con problemas en una situación muy delicada durante bastantes meses. ¿Cómo van a captar capital privado, si ya no podían y ahora pende además sobre ellas la amenaza de la nacionalización temporal? Entre tanto, el crédito seguirá congelado y las dudas internacionales no desaparecerán.

Tampoco está claro que la cantidad que el gobierno está dispuesto a emplear, 20 000 millones de euros, baste. Es una cifra menor que la mayoría de las estimaciones realizadas. Claro que ¿cómo obtener ahora más recursos, mediante deuda pública avalada por el Estado, en la actual situación de las finanzas públicas y de los mercados internacionales? El dilema es de los endiablados. Si se reconoce poco agujero, no basta para tranquilizar a nadie; si se reconoce mucho, puede desatarse de nuevo el pánico.

Esperemos que no hayan sido motivos electorales los determinantes para aplazar las decisiones difíciles hasta septiembre, como los malos estudiantes, cuando hayan pasado las elecciones autonómicas. Nótese el desgobierno de un país en el que se están volviendo a reformar unas cajas reformadas hace pocos meses. Otras instituciones, además del gobierno, salen malparadas en todo esto.

Las comunidades autónomas han utilizado las cajas como meros instrumentos políticos, llevándolas al despeñadero. Después, han obstaculizado la solución del problema, ensimismadas en sus luchas de poder. Por cierto, ¿por qué no las rescatan ahora ellas?

El Banco de España tampoco ha desempeñado un papel tan brillante como suele atribuírsele. Antes de la crisis, apenas intentó impedir los desmanes; al estallar ésta, subordinó su acción a los intereses gubernamentales, negando las dificultades hasta después de las elecciones generales; posteriormente, ha querido ganar tiempo maquillando los balances, por si los problemas desparecían solos gracias a algún milagro (laico). Al final, la tozuda realidad acaba imponiéndose a todos ellos. Como otras veces he dicho, las leyes de la aritmética no se pueden derogar ni por mayoría absoluta. Son así de antidemocráticas.