Sí, los socialistas lo hicisteis fatal

Aunque todos ya fuéramos conscientes de ello, se agradece que un político entone el mea culpa y reconozca —aunque lo haga más de una década después— que su gestión fue desastrosa para el país. Así sucedió este lunes con Octavio Granados, actual secretario de Estado para la Seguridad Social quien, para mayor interés, también ejerció como secretario de Estado para la Seguridad Social durante la etapa de Zapatero.

En sus propias palabras: “Nosotros lo hicimos fatal en 2008. Dejamos que se destruyeran tres millones de puestos de trabajo. Como lo hicimos fatal, ya es hora de que alguien lo diga, y yo no tengo ningún problema en decirlo”. ¿Y qué deberían haber hecho distinto, de acuerdo con Granados? Extender los contratos a tiempo parcial y los contratos temporales: es decir, facilitar la contratación con tal de evitar una colosal destrucción de empleo que agravó nuestra ya de por sí dura crisis interna.

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En el fondo, pues, lo que Granados está convalidando 'a posteriori' es la reforma laboral que Rajoy aprobó en tres meses y que Zapatero bloqueó durante cuatro años. No tanto porque la reforma laboral de 2012 haya sido una máquina de crear empleo temporal —la tasa de temporalidad sigue siendo hoy sustancialmente menor a la vigente antes de la crisis— sino por reconocer que, en 2008, había que pagar un peaje para minimizar la destrucción de empleo: un peaje en forma de abaratamiento de los costes del despido indefinido y de rebaja salarial para ajustar las condiciones laborales al desplome que había experimentado la productividad de muchos trabajadores a raíz del pinchazo de la burbuja.

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En este sentido, recordemos que, de acuerdo con BBVA Research, si la reforma laboral de 2012 se hubiese aprobado en 2008, la economía española habría destruido dos millones de empleos menos de los que trituró durante la segunda legislatura de Zapatero. Es decir, dos de los 2,6 millones de personas que perdieron su empleo entre finales de 2007 y finales de 2011 serían atribuibles a la obstinación socialista por no alterar nuestro marco de relaciones laborales. De haber gobernado mediante la razón en lugar de mediante los prejuicios, la economía española habría iniciado su senda de recuperación mucho antes y, probablemente, no nos habríamos acercado al abismo de la bancarrota a mediados de 2012.

Pero, en contra de lo que admite ahora Granados, el error de los socialistas no solo estuvo en su dogmática obsesión por mantener incólume una legislación laboral que estaba arrasando con el tejido empresarial español al laminar su capacidad de reacción frente a la crisis, sino en su radical irresponsabilidad al denostarla una vez terminó siendo aprobada por el Ejecutivo de Rajoy.

Y es que, a partir de 2012, el PSOE emprendió una demagoga campaña de envenenamiento y desprestigio contra la reforma laboral del PP: no solo carecieron o de la inteligencia, o de la honestidad, o de la voluntad de evitar la destrucción de dos millones de empleos, sino que posteriormente horadaron la credibilidad de aquella reforma que, de nuevo según las estimaciones del BBVA Research, evitó a partir de 2012 la destrucción de otro millón de puestos de trabajo.

A día de hoy, de hecho, la que fue una de las medidas clave para frenar la caída y facilitar la veloz recuperación tanto del empleo como del PIB arrastra una pésima fama dentro del imaginario colectivo: y gran parte de la responsabilidad de esa pésima fama cabe atribuírsela al PSOE y a su potencial socio de gobierno cooperativo, esto es, Podemos.

Y si bien a estas alturas de la película los socialistas parecen ser conscientes de que la reforma laboral sí ha sido 'grosso modo' positiva para la economía española —en la última Actualización del Programa de Estabilidad que el Gobierno de Sánchez remitió a Bruselas reconoció que actualmente la tasa de paro estructural es más baja que antes de la crisis—, la sombra de la irresponsabilidad sigue planeando sobre el PSOE a cuenta de sus negociaciones para retener la Moncloa.

No en vano, el punto 1.4 de su propuesta de gobierno a Podemos promete que “en el marco de dicho diálogo con los agentes sociales, el Gobierno analizará la conveniencia de aprobar, con carácter de urgencia, las modificaciones de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012”.

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Es verdad que el enunciado es deliberadamente ambiguo —han pasado de querer eliminar la totalidad de una reforma laboral lesiva para los trabajadores a modificar únicamente aquellos aspectos más lesivos— y que la actual regulación del mercado de trabajo admite muchas posibles mejoras (especialmente en el terreno de la dualidad) que atajen los grandes problemas que sigue padeciendo nuestro mercado de trabajo.

Es decir, es verdad que parece que el mea culpa de Granados no haya sido solo retórico sino que también se traduce en un deseo de preservar la reforma laboral que ellos no supieron o no quisieron aprobar. Pero, al final, la puerta de una involución legislativa en este campo no ha sido totalmente cerrada porque ellos mismos se encargaron de abrirla durante años. Ojalá en 2030 Granados no vuelva a salir a la palestra para lamentarse de que los socialistas lo hicieron fatal en 2019.