Cinco compromisos que valdrían la abstención de la derecha

Pedro Sánchez les ha reclamado a Pablo Casado y a Albert Rivera que se abstengan por responsabilidad institucional: en realidad, se lo ha pedido para conseguir un gobierno monocolor que no deba pagarle peaje político alguno a Podemos. Tal exigencia no debería, empero, ser absolutamente desdeñada por los partidos de la dizque derecha: tanto PP como Ciudadanos, e incluso Vox, deberían coincidir en que, desde un punto de vista estrictamente económico, un gobierno de coalición PSOE-Podemos sería mucho más dañino para nuestro país que un Ejecutivo en solitario del PSOE, de modo que cualquiera de estas tres formaciones, si es que de verdad se preocuparan por el bienestar de los españoles y no por el de sus conmilitones, debería estar dispuesta a abstenerse para orillar a la formación morada del Ejecutivo.

Desde un punto de vista económico, un gobierno de coalición PSOE-Podemos sería más dañino para nuestro país que un Ejecutivo en solitario del PSOE

Pero claramente la posible abstención de la derecha no debería salirle gratis a Sánchez: regalarle al PSOE la investidura sin ningún tipo de garantías de que no vaya a terminar echándose en brazos de Podemos a lo largo de la legislatura —para así configurar la aritmética parlamentaria que necesita para gobernar— equivaldría no a frenar sino simplemente a retrasar la conformación de una coalición gubernamental de izquierda radical.

De ahí que, sí, la derecha debería valorar seriamente la opción de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez pero condicionado a la asunción de unos compromisos mínimos por parte del PSOE: unos compromisos mínimos que, aun cuando no bloqueen la ejecución de un programa de gobierno de izquierdas, sí veten sus aspectos más lesivos (esto es, aquellos aspectos más escorados hacia la izquierda radical que representa Podemos). En materia específicamente económica, bastaría con que Pedro Sánchez rubricara cinco compromisos de tipo negativo, esto es, cinco promesas sobre qué se abstendría de hacer:

No subir impuestos: en su fallido anteproyecto de presupuestos para 2019, el PSOE presentó una batería de subidas fiscales (IRPF, Sociedades, Tasa Google, Tasa Tobin o cotizaciones sociales) que habrían resultado altamente nocivas para la economía española (incluso para algunos de los presuntos objetivos que dice tener el PSOE para nuestro país, como es el de liderar la digitalización económica). Arrancarle al PSOE el compromiso de no elevar ningún tributo durante sus cuatro años de gobierno constituiría un hito fiscal del que nuestra economía no ha podido disfrutar en más de una década.​

Opinión

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No aumentar el déficit público: el endeudamiento público equivale a impuestos futuros, por lo que también debería cerrársele esta puerta a Sánchez. Ni más impuestos presentes ni más impuestos futuros. Acaso cupiera pensar que, sin nuevas subidas impositivas y sin posibilidad de emitir deuda, un futurible Gobierno socialista se vería incapacitado a ejecutar aquella que es su política económica natural, a saber, aumentar el gasto público. Pero no es así: merced al incremento de la recaudación derivada del crecimiento económico, seguiría habiendo margen para cebar año tras año el presupuesto. Cierto: el PSOE no podría multiplicar el tamaño del Estado tanto como a Podemos y a una parte de su propio partido les gustaría, pero sí contaría con capacidad para desarrollar gran parte de su programa electoral.​

No abrogar las reformas de las pensiones de 2011 y de 2013: la insostenibilidad del sistema público de pensiones es una de las mayores amenazas financieras que sobrevuelan sobre nuestra economía a lo largo de las próximas décadas. Sin alargar la edad de jubilación ni modificar los términos de cálculo de la base reguladora (reforma de 2011) o sin aplicar el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Equidad Intergeneracional (reforma de 2013), estamos condenados a un estallido del gasto público futuro. Ni la izquierda ni la derecha debería cerrar los ojos ante esta elemental realidad contable y demográfica. Sin embargo, el oportunismo político podría conducir a cualquier gobierno populista a suprimir tales reformas (para así cosechar réditos electorales presentes) aun a cambio de colocar una bomba financiera futura sobre las espaldas de los españoles. PP, Cs y Vox también deberían evitar que el PSOE se comporte de un modo tan traicionero como dañino.​

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No derogar la reforma laboral de 2012: aunque el PSOE estuvo durante años clamando contra la reforma laboral del PP, lo cierto es que, según ellos mismos han reconocido ante Bruselas, sus efectos sobre el crecimiento económico y sobre la creación de empleo han sido generalmente positivos. De ahí que no debería resultarles especialmente complicado a los socialistas rubricar este compromiso que, además, no es incompatible con modificar otros aspectos de la legislación laboral que permitan subsanar los aspectos más disfuncionales de nuestro mercado de trabajo (como la alta temporalidad o la parcialidad no deseada).​

No fijar controles de precios sobre los alquileres: por último, y aunque establecer controles de precios sobre el precio de los alquileres no parece estar entre los planes del PSOE (en la pasada legislatura se pelearon con Unidas Podemos para vetar este punto de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos), convendría arrancar un compromiso explícito que aleje cualquier posibilidad de una política tan negativa como esta. Nuevamente, que el PSOE renuncie a regular precios no implica que no pueda desplegar una agenda de izquierdas en el plano inmobiliario (por ejemplo, promoviendo la construcción de vivienda pública), pero sí evita aquellas tentaciones izquierdistas más desnortadas.

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En definitiva, si Sánchez quiere ser investido presidente sin someterse a la aduana extremista de Podemos y Podemos se negara a investir a Sánchez sin someterlo a su dogmatismo antieconómico, y si además la derecha tampoco desea que el extremismo de Podemos condicione al Gobierno de España, PP, Cs e incluso Vox deberían ofrecerle al PSOE una alternativa política para conformar gobierno: una alternativa que no pase por que los socialistas renieguen de las líneas maestras de su programa electoral, pero sí que lo constriña dentro de unos ciertos parámetros de sensatez. No está claro, sin embargo, que ningún partido político vaya a anteponer el bienestar de los ciudadanos a su mera conveniencia electoral.