Salario mínimo y desigualdad entre autonomías

La renta per cápita de una economía puede expresarse como el producto de la productividad media por trabajador y la tasa de empleo (definida como el porcentaje de la población total que cuenta con una ocupación). Dicho de otra manera, la renta per cápita de una sociedad puede aumentarse o bien logrando que cada trabajador produzca más o bien fomentando que haya un mayor porcentaje de personas que están produciendo dentro de esa sociedad.

Por ejemplo, la renta per cápita de España en 2018 ascendió a 25.727 euros, debido a que su productividad aparente por trabajador fue de 62.200 euros y su tasa de empleo, del 41,74%. La región más rica de España fue Madrid, con una renta per cápita de 35.041 euros, la cual podía descomponerse en una productividad por trabajador de 77.188 euros y una tasa de empleo del 45,9%, mientras que la más pobre fue Extremadura, con una renta per cápita de 18.769 euros, descomponible en una productividad por trabajador de 52.857 euros y una tasa de empleo del 35,9%.

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Las cifras son relevantes, porque ponen de manifiesto una realidad que muchas veces pasa desapercibida: las diferencias de renta per cápita entre regiones españolas se deben tanto a las brechas de productividad como a diferencias en las tasas de empleo: por ejemplo, si Extremadura mantuviese su tasa de empleo en el 35,9% pero elevara su productividad hasta alcanzar la media de España, su renta per cápita pasaría de 18.769 euros anuales a 22.329 euros; si, en cambio, mantuviese su productividad y elevara su tasa de empleo hasta la media española, su renta per cápita ascendería a 22.062 euros. Así pues, la convergencia regional requiere de políticas que contribuyan a elevar tanto la productividad como la empleabilidad de las regiones más pobres.

Sucede que en los últimos 70 años, los diferenciales de productividad entre autonomías se han ido estrechando pero, en cambio, los diferenciales en la tasa de empleo o se han mantenido inalterados o incluso han empeorado. Y, en este sentido, acaso se crea que la muy importante brecha en la tasa de empleo se debe esencialmente al distinto perfil demográfico entre las regiones ricas y las regiones pobres: a saber, la España vaciada se ha quedado sin población joven en edad de trabajar que, en cambio, ha terminado emigrando y concentrándose en las zonas más prósperas del país. Pero este diagnóstico solo nos señala una parte muy parcial del problema.

Y es que la tasa de empleo (definida, según ya hemos dicho, como población ocupada entre población total) puede expresarse como el producto de tres ratios: la tasa de población en edad de trabajar sobre la población total (este sería el componente demográfico), la tasa de actividad (qué porcentaje de los que pueden trabajar está dispuesto a hacerlo) y la tasa de ocupación (qué fracción de los que quieren trabajar cuenta con un empleo). Pues bien, la tasa de población en edad de trabajar fue, en 2008, del 62,4% en el caso de España, del 65,5% en el caso de Madrid y del 60,4% en el caso de Extremadura.

A su vez, y como las tasas de actividad no fueron muy distintas entre sí (79% en el caso de España, 79,9% en el de Madrid y 77,9% en el de Extremadura), el porcentaje de la población total que estaba dispuesto a trabajar fue del 49,2% en España, del 52,3% en Madrid y del 47% en Extremadura. Pero donde se produjeron las diferencias más importantes fue en la tasa de ocupación, la cual no es más que el espejo de la mucho más conocida e ilustrativa tasa de paro: en 2018, esta última era del 15,35% en España, del 23,8% en Extremadura y del 12,27% en Madrid. Dicho de otro modo, aunque Extremadura tuviera el mismo porcentaje de población activa de España (49,2%), su tasa de empleo solo aumentaría del 35,9% al 37,5% (y, por tanto, su renta per cápita solo crecería de 18.768 euros a 19.820); en cambio, si tuviera su tasa de paro (12,27%), su tasa de empleo pasaría a ser del 39,8% (y, por tanto, su renta per cápita se elevaría desde 18.768 euros a 21.044 euros).

En 2019, la tasa de paro de Extremadura ha cerrado en el 23,48% (una minoración de apenas 32 centésimas respecto a su media del 18), España ha concluido con una del 13,78% (una caída de 1,57 puntos) y Madrid, con una del 9,99% (una reducción de 2,28 puntos). La tasa de empleo, pues, ha pasado del 35,9% al 36,33% en Extremadura; del 41,74% al 42,6% en España, y del 45,9% al 47,7% en Madrid: por eso, salvo que la productividad extremeña haya aumentado mucho más que la madrileña (cosa poco probable), en 2019 habremos tenido divergencia, y no convergencia, entre la renta per cápita de estas dos regiones (y también entre Extremadura y el conjunto del país): la España vaciada tendrá incentivos para vaciarse un poco más.

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El fenómeno merece una reflexión, toda vez que cabe sospechar que las diferencias de empleabilidad entre regiones tienen mucho que ver con el establecimiento de una legislación laboral homogénea para todas ellas: en la medida en que esto supone fijar un mismo coste mínimo de contratación para todas las autonomías, dificulta la generación de empleo en las regiones menos productivas con respecto de las más productivas. El problema no es solo el salario mínimo (aunque, con unos índices de Kaitz tan altos en algunas regiones, ya resulta difícil ignorar su influencia sobre las barreras de generación de empleo), sino en general toda la regulación laboral que determina la globalidad de los costes laborales y, por tanto, se torna relativamente más gravosa para unas regiones que para otras.

En una España donde (con buen criterio) se apuesta por la descentralización administrativa y regulatoria, sería muy deseable que la legislación laboral (o, al menos, algunos elementos clave de la misma: como el salario mínimo, el coste del despido o la negociación colectiva) también se descentralizara a las autonomías para que estas pudieran adaptar su marco regulatorio a las condiciones reales de su mercado local de trabajo. Pretender diseñar el régimen laboral de toda España desde la provinciana visión de la hiperproductiva región de Madrid solo contribuirá a perpetuar las desigualdades territoriales en el país (algo que, por cierto, también ha sucedido en Italia).