La prosperidad no exige aumentar el tamaño del Estado

Suele afirmarse que, conforme un país se enriquece, su Estado necesariamente tiende a crecer. Incluso que la razón por la que un país se enriquece reside en la expansión de su sector público. A la postre, resulta bastante sencillo encontrar ejemplos de sociedades con Estados muy pequeños y con niveles de desarrollo paupérrimos: por ejemplo, la renta per cápita de Angola es de 7.300 dólares internacionales, mientras que su presión fiscal se mantiene en el 20% del PIB; la de Bangladés apenas asciende a 5.200 dólares internacionales y su presión fiscal es inferior al 10% del PIB; Camerún alcanza los 15.000 dólares internacionales con el 15% del PIB, etc. Tal relación parecería atacar la línea de flotación del pensamiento liberal, según la cual los Estados pequeños y la libertad económica permiten el florecimiento de la prosperidad. Sin embargo, conviene entender adecuadamente la secuencia de los hechos.

Primero, el desarrollo económico emerge en sociedades donde la libertad individual, los derechos de propiedad y la autonomía contractual son ampliamente respetados. En ausencia de instituciones que pacifiquen la sociedad y logren el respeto generalizado a tales principios, el crecimiento económico no es posible o, al menos, no dentro de un marco político liberal. Si esa institucionalización puede alcanzarse en ausencia del Estado es otro debate distinto al que aquí nos ocupa: los liberales más cercanos al anarquismo sostendrán que sí y los más próximos al minarquismo temerán que, aun cuando ese orden anestatal pudiese ser factible, probablemente no sería perdurable (por ejemplo, por amenazas externas).

Opinión

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Segundo, un Estado incapaz de pacificar una sociedad (esto es, incapaz de sentar las bases institucionales que hacen posible el desarrollo económico) será un Estado con una escasa capacidad policial y burocrática, de manera que su capacidad fiscal también será muy débil: o dicho de otro modo, no es que los Estados que impongan una alta tributación logren prosperar, es que los Estados que no sean capaces de sentar mínimamente las bases jurídicas de la prosperidad tampoco serán capaces de organizar un sistema tributario eficiente que les permita extraer un alto porcentaje de recursos de sus súbditos. Y tercero, las sociedades ricas ofrecen más espacio fiscal para que la megaburocracia estatal crezca y se expanda sin rapiñar los mínimos vitales de sus ciudadanos, pero nuevamente no habría que invertir el orden de causalidad: la prosperidad posibilita los Estados gigantescos, pero la prosperidad no depende críticamente de la existencia de Estados gigantescos.

De hecho, aunque solemos escuchar que España está abocada a incrementar el tamaño de su Estado atendiendo a la situación de nuestros vecinos europeos más ricos, esto no es necesariamente así. Es verdad que dentro de Europa casi todos los países con mayor renta per cápita que España cuentan también con unos Estados mayores, pero en el conjunto del planeta esta relación no se mantiene.

Si España incrementa el tamaño de su sector público en el futuro, no será por la prosperidad, sino por una arbitraria elección política

En este sentido, la OCDE acaba de publicar sus datos de presión fiscal correspondientes al año 2019 y el resultado es que la presión fiscal de este club de países (en su amplia mayoría, ricos) es inferior a la de España: 33,8% frente a 34,6% del PIB. En los últimos 20 años, de hecho, su presión impositiva apenas ha aumentado en 0,5 puntos de PIB, mientras que la de España lo ha hecho en 1,5. Acaso se pudiera pensar que estos datos se deben a los países miembros que son más pobres que España, pero no: en la OCDE encontramos tanto países que son más pobres que España y con una mayor presión fiscal —es decir, países con una renta per cápita inferior a 43.150 dólares internacionales y una presión fiscal superior al 34,6% del PIB— como países más ricos y con menor presión fiscal.

Entre los primeros, encontramos a República Checa (renta per cápita de 42.670 dólares internacionales y presión fiscal del 34,9% del PIB), Eslovenia (40.700 dólares internacionales y 37,7% el PIB), Portugal (36.250 dólares internacionales y 35,4% del PIB), Polonia (34.500 dólares internacionales y 35,4% del PIB), Hungría (34.000 dólares internacionales y 35,8% del PIB) y Grecia (31.570 dólares internacionales y 38,7% del PIB). Y entre los segundos, a Japón (43.200 dólares internacionales y 32% del PIB), Nueva Zelanda (43.800 dólares internacionales y 32,3% del PIB), Corea del Sur (44.575 dólares internacionales y 27,4% del PIB), Reino Unido (48.700 dólares internacionales y 33% del PIB), Canadá (51.200 dólares internacionales y 33,5% del PIB), Australia (52.700 dólares internacionales y 28,7% del PIB), EEUU (65.250 dólares internacionales y 24,5% del PIB), Suiza (72.000 dólares internacionales y 28,5% del PIB) e Irlanda (92.000 dólares internacionales y 22,7% del PIB: si bien estos datos están en parte sesgados por las distorsiones del PIB irlandés).

En definitiva, si España incrementa el tamaño de su sector público en el futuro, no será por ser el resultado necesario de la prosperidad, sino por una arbitraria elección política. Se puede ser rico con un Estado más pequeño —y mucho más pequeño— que el nuestro y también pobre con un Estado más grande. Para justificar el estatismo, hace falta algo más que una falsa inevitabilidad histórica.