El riesgo de que los fondos europeos disparen nuestro gasto estructural

Los hasta 140.000 millones de euros que España recibirá de la Comisión Europea son una oportunidad para transformar nuestro país, pero también una amenaza que puede deteriorarlo.

Por un lado, existe el riesgo de que orientemos nuestra estructura productiva a proyectos de bajo valor añadido cuyo único atractivo sea el de que estén subsidiados políticamente: como ya explicamos en este otro artículo, la influencia que altos burócratas, barones regionales y 'lobbies' empresariales van a ejercer sobre el Gobierno puede terminar en una captura masiva de rentas que destruya valor en lugar de crearlo.

Pero, por otro lado, los 140.000 millones de euros también representan un riesgo financiero para nuestro país. Aunque parezca extraño que una transferencia de estas características pueda terminar impactando negativamente en nuestra situación financiera, existe una vía a través de la que esto ciertamente puede suceder: que consolidemos parte de este incremento extraordinario del gasto en forma de nuevos desembolsos ordinarios dentro de nuestras administraciones públicas. En la medida en que esta transferencia sirva como excusa para disparar el gasto público estructural sin, al mismo tiempo, contar con nuevas partidas de ingresos estructurales, corremos el riesgo de incrementar nuestro déficit igualmente estructural.

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En este sentido, la AIReF publicó hace unas semanas una estimación de qué partes del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia son susceptibles de convertirse en aumentos estructurales del gasto público. Y las conclusiones son desde luego preocupantes.

Así, entre las partidas que exhiben un riesgo alto de convertirse en gasto estructural, encontramos: 10. Estrategia de transición energética justa (300 millones de euros); 11. Modernización de las administraciones públicas (4.315 millones de euros); 17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (3.380 millones de euros); 18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud (1.069 millones de euros); 19. Plan Nacional de Competencias Digitales (3.593 millones de euros); 20. Plan Nacional de Impulso a la Formación Profesional (2.076 millones de euros); 21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de cero a tres años (1.648 millones de euros); 22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión (2.492 millones de euros), y 23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo (2.363 millones de euros). En total, estamos hablando de que existe un riesgo alto de que el gasto estructural se incremente en 21.236 millones de euros al año, alrededor del 1,8% del PIB.

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Pero es que, además, hay otras partidas en las que existe un riesgo medio de aumento del gasto estructural: 3. Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero (1.051 millones de euros); 5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos (2.091 millones de euros); 12. Política industrial España 2030 (3.782 millones de euros); 13. Impulso a la pyme (4.894 millones de euros); 14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico (3.400 millones de euros); 24. Revalorización de la industria cultural (325 millones de euros); 25. España 'hub' audiovisual de Europa (200 millones de euros), y 26. Plan de fomento del sector del deporte (300 millones de euros). En total, pues, existe un riesgo medio de que el gasto estructural aumente en otros 16.043 millones de euros al año.

En suma, el Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia podría disparar el gasto estructural de las administraciones públicas entre 21.000 y 37.000 millones de euros al año (entre el 1,8% y el 3% del PIB). Para poder pagar regularmente semejante magnitud de nuevos desembolsos, resultará necesario incrementar los impuestos en un monto similar: el problema es que, en teoría, las esperables subidas de impuestos de tal cuantía deberían haber ido dirigidas a paliar el déficit estructural que padecemos ahora mismo. Pero si se pretende seguir cebando el gasto público por encima de los niveles estructurales actuales, ¿hasta dónde tendrán que llegar los futuros rejonazos fiscales sobre las familias y las empresas españolas? Mucho me temo que lo comenzaremos a descubrir después de que la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario publique sus peligrosas recomendaciones.