Haciéndonos cargo de las pensiones vascas y navarras

Soy un gran partidario de la descentralización fiscal porque permite una mayor correspondencia entre las preferencias de los ciudadanos y la provisión de servicios por parte de las administraciones públicas. Cuanto más extensa sea una jurisdicción, más heterogéneas tenderán a ser las demandas de sus ciudadanos y, por tanto, mayor será el número de potenciales perjudicados cuando se adopte una decisión única y homogénea para todos. En cambio, con jurisdicciones pequeñas, el número de desafectos será menor y, a su vez, la migración a otras jurisdicciones cercanas se vuelve menos costosa (es decir, las jurisdicciones se acercan más a jurisdicciones de tipo voluntario).

En este sentido, el modelo de administraciones forales, como la de Navarra o las tres provincias vascas, es en términos generales un modelo que ojalá se extendiera al resto de España: recaudación y gestión de todos los impuestos a escala autonómica (o preferiblemente provincial o municipal de los impuestos recaudados) y abono al Gobierno central de un cupo anual igual al valor de los servicios que este ha prestado dentro de la jurisdicción. Se reproduce así una especie de intercambios mercantiles entre distintos niveles administrativos: cada uno recauda por su cuenta los ingresos que considera oportunos, gasta parte de ellos en autoabastecerse con las prestaciones que juzgue necesarias y compra a otras administraciones aquellos servicios que no quiera o no pueda prestar por sí mismo.

El modelo es razonable, pero tiene un punto débil: dado que el precio que se pacta entre administraciones (el cupo) es un precio en última instancia político, puede estar sujeto a manipulaciones que beneficien a los ciudadanos de unas jurisdicciones y perjudiquen a los de otras. No es un precio de mercado fácilmente verificable y disputable, sino un parámetro fijado con amplio margen de arbitrariedad entre los gobernantes de un lado y de otro, esto es, un parámetro que puede convertirse en una forma de recompensar favores.

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En los últimos días, hemos podido asistir, de hecho, a un claro ejemplo de esta determinación absolutamente politizada y tramposa del cupo: la transferencia de 36.300 millones de euros del Estado a la Seguridad Social para que así los contribuyentes se hagan cargo de los gastos supuestamente impropios del sistema de pensiones. Semejante ajuste contable aparentemente inocente esconde, en el fondo, una enorme transferencia de dinero desde el conjunto de los contribuyentes españoles a los pensionistas vascos y navarros. A la postre, la Seguridad Social es una Administración que obtiene ingresos y distribuye sus gastos entre todos los españoles, incluyendo vascos y navarros: en la medida en que sea una Administración cerrada, si los gastos superan a los ingresos no queda otro remedio o que recortar gastos entre todos los pensionistas (incluyendo los vascos y navarros) o aumentar ingresos entre todos los cotizantes (incluyendo los vascos y navarros).

Por el contrario, los Presupuestos Generales del Estado, a través de los cuales se canalizan 36.300 millones de euros a la Seguridad Social, no son sufragados por los contribuyentes vascos y navarros (salvo a través del cupo, cuya cuantía apenas será objeto de revisión en función de esta transferencia extra), de modo que serán los contribuyentes del resto de España quienes eximirán a los pensionistas vascos y navarros de su parte proporcional del recorte o a los cotizantes vascos y navarros de su parte proporcional en la subida de las cotizaciones. Se trata, pues, de un subsidio puro y sin otra razón de ser que la compra de apoyos electorales en el Congreso.

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¿De cuánto dinero estamos hablando? Actualmente, hay en España 9,9 millones de pensionistas (566.000 en el País Vasco y 140.000 en Navarra), de modo que si hubiese que distribuir entre todos ellos el agujero de 36.300 millones de euros hablaríamos de un tijeretazo medio de unos 3.670 euros por pensionista y año (por tanto, 2.100 millones de euros para el País Vasco y 500 millones para Navarra). Alternativamente, en España hay 19,4 millones de cotizantes (960.000 en el País Vasco y 290.000 en Navarra), de modo que si distribuyéramos el agujero entre todos ellos, el rejonazo medio por cotizante sería de 1.870 euros (por tanto, unos 1.800 millones de euros para el País Vasco y unos 540 millones de euros para Navarra). Teniendo en cuanta que el cupo vasco ronda los 1.400 millones de euros y el cupo navarro los 500 millones de euros, podemos hacernos una idea de la magnitud de este 'regalo' a costa de los contribuyentes del resto de España: en esencia, se les devuelve todo lo aportado por el cupo más un extra.

Descentralización fiscal sí, pero sin subsidios cruzados que penalicen políticamente a aquellos contribuyentes no alineados con el proyecto político del Gobierno central de turno.