Por qué la derecha se equivoca defendiendo la ley mordaza

El Estado es el monopolio de la violencia que él mismo opta por calificar como legítima. Supuestamente, necesitamos de una hegemonía estatal absoluta en el campo de la violencia para así pacificar a la sociedad: todos renunciamos a la autotutela y delegamos semejante potestad en un árbitro imparcial para evitar la arbitrariedad y la escalada de la conflictividad. De la teoría a la práctica, empero, media un trecho enorme: tal vez concentrar el uso 'legítimo' de la violencia en un solo ente soberano sea preferible a dispersarlo caóticamente por toda la sociedad (o tal vez no, pero no vamos a entrar en ese debate ahora), más de lo que no debería caber ninguna duda es de que esa concentración de poder en las manos del Estado también conlleva sus propios riesgos: en particular, el riesgo de que ese gigantesco poder sea objeto de abuso contra los ciudadanos.

Precisamente, para minimizar el riesgo de abuso del enorme poder estatal, las sociedades liberales han tendido a dividir internamente los poderes del Estado —ejecutivo, legislativo y judicial— y a permitir (o favorecer) la emergencia de contrapoderes externos al Estado que tiendan a mantenerlo dentro de los cofines de los que jamás debería salir. Un ejemplo paradigmático de ese contrapoder es la prensa libre (no por casualidad apodada habitualmente como 'el cuarto poder'). La prensa permite denunciar ante los ciudadanos los abusos de poder de los que se tiene constancia y permite, por tanto, que la ciudadanía se organice para cesar y sancionar a aquellos titulares de la potestad estatal que están haciendo un uso inadecuado de sus prerrogativas. Que se impidiera a un periodista publicar una información sobre el abuso de poder de un político o de un funcionario público —incluyendo una información fotográfica en la que se apreciara la evidencia de esa corrupción— nos resultaría un atentado flagrante no solo contra la libertad información, sino contra nuestra capacidad de protegernos frente al 'imperium' estatal.

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En este sentido, la tecnología ha evolucionado lo suficiente como para que potencialmente cualquier persona pueda convertirse en un periodista o, al menos, en un reportero gráfico que registre información sobre el comportamiento legítimo o ilegítimo de los servidores públicos. De ahí que, lejos de desincentivar que podamos fiscalizar descentralizadamente las actuaciones de los agentes del Estado, deberíamos por el contrario ampararlo y promoverlo. Si la protección de nuestra libertad frente al abuso estatal depende de la existencia de contrapoderes y si uno de esos contrapoderes es la vigilancia permanente del Estado, resulta de sentido común que los ciudadanos deberíamos tener el derecho no solo a grabar, sino a divulgar las acciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Máxime cuando ese subconjunto de funcionarios gestiona algo tan delicado y peligroso como es la violencia monopolística del Estado.

Que la derecha dizque liberal salga a la calle protestar contra una medida absolutamente razonable de un Ejecutivo de izquierdas dice más de la derecha que de la izquierda: en esencia, nos dice que esa derecha dizque liberal no cree en la necesidad de limitar el poder del Estado o no entiende los medios realmente existentes para limitarlo. En otras palabras, nos dice que la derecha dizque liberal solo utiliza el liberalismo como una etiqueta electoralista que o no comparte o que no entiende.

Que la derecha dizque liberal proteste contra una medida razonable de un Ejecutivo de izquierda dice más de la derecha que de la izquierda

Acaso quepa replicar que la actual prohibición de difusión de imágenes sobre policías y guardia civiles es conveniente porque propagar la identidad de un agente puede ponerlo en riesgo. La queja posee cierto sentido, pero bastaría con exigir que toda difusión de imágenes o de vídeos de policías y guardia civiles se haga con su cara difuminada o pixelada, de tal manera que podamos observar la existencia de un abuso policial, pero no podamos proceder públicamente a linchar a su autor (la sanción en todo caso debería imponerla un tribunal al que se le pueda mostrar la prueba audiovisual sin pixelar). De hecho, esta cautela resulta plenamente compatible con la actual ley mordaza, dado que esta solo sanciona la difusión de imágenes “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”, cuando evidentemente un rostro pixelado no lo haría. Pero dado que demasiados policías se amparan en la actual ley para impedir la grabación de sus actuaciones por parte de los ciudadanos, probablemente sí convenga modificar el artículo para aclarar que toda grabación es perfectamente legal y que, como mucho, lo que queda restringido es la difusión posterior de imágenes no pixeladas de policías y guardia civiles.

¿Por qué PP o Vox no apoyan una reforma sensata y liberal de la Ley de Seguridad Ciudadana? Quizá porque falten sensatez y liberalidad y prime, en cambio, el electoralismo callejero.