¿Cuánta caja está haciendo el Gobierno con el encarecimiento de los carburantes?

Familias y empresas sufren en sus carnes la subida de los carburantes… y el Gobierno la disfruta en las suyas. Gasolina y gasoil son dos bienes altamente gravados con impuestos, de manera que cuanto más aumenta su precio, tanto más crecen los ingresos del Estado. En particular, el sector público grava a los carburantes con el impuesto especial sobre hidrocarburos y con el IVA.

El primero de ellos es de naturaleza fija, de manera que no varía cuando lo hace el precio de los carburantes; el segundo, en cambio, es el 21% del precio del combustible, incluyendo el impuesto especial sobre hidrocarburos (impuesto sobre impuesto), de modo que sí aumenta con los precios. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánta caja está haciendo el Gobierno con el presente encarecimiento de los carburantes?

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A principios de 2022, el precio de la gasolina de 95 octanos ascendía a 1,5 euros por litro y el gasóleo tipo A, a 1,35. La gasolina soporta un impuesto especial sobre hidrocarburos de 47,3 céntimos y el gasoil, de 37,9 céntimos. Además, el IVA que se cobraba a esos precios ascendía a 26 céntimos por litro de gasolina y 23,5 por litro de gasoil. En total, por tanto, 73,3 céntimos por litro de gasolina y 61,5 por litro de gasoil. Dado que, en 2021, España consumió alrededor 7.300 millones de litros de gasolina y 25.600 millones de litros de gasoil, obtendremos que la recaudación conjunta por ambos tributos en 2022 —de haberse mantenido esos precios y los volúmenes de consumo del año precedente— habría sido de algo más de 21.000 millones de euros.

Pues bien, actualmente tanto el litro de gasolina de 95 octanos como el litro de gasóleo tipo A se ubican en el entorno de los 1,82 euros por litro. Lo recaudado por impuesto especial sobre hidrocarburos no cambia por el hecho de que el precio del combustible suba, pero lo recaudado por IVA sí: aproximadamente, el Estado está recaudando ahora 31,5 céntimos por litro de carburante. Por tanto, y añadiendo el impuesto especial sobre hidrocarburos, 78,8 céntimos por litro de gasolina y 69,4 por litro de gasoil. Manteniendo los consumos antedichos, la recaudación anualizada conjunta del Estado sería de 23.500 millones de euros… 2.500 millones más que el año anterior (probablemente algo menos, si los precios no siguen aumentando, dado que el encarecimiento de los combustibles acabará reduciendo el consumo).

Es decir, en la madrugada de este viernes el Ejecutivo cerró un acuerdo con los transportistas con ayudas al sector por valor de 1.050 millones de euros, mientras que el Estado está viendo aumentar su recaudación en 2.000-2.500 millones de euros gracias a la elevación de los precios. ¿Por qué el Gobierno no aprueba compensaciones más sustanciosas habida cuenta del incremento de la recaudación de que está disfrutando?

Acaso se diga que esos 2.000-2.500 millones de euros de recaudación adicional proceden de los impuestos de todos los conductores de España y no sería equitativo transferírselos a un colectivo concreto como son los transportistas. Bien, ese podría llegar a ser un argumento razonable para negarse a incrementar las compensaciones (aunque también resultaría aplicable a otras muchas ayudas estatales que desde luego sufragamos con los impuestos de todos los contribuyentes). Sin embargo, ese argumento tiene un problema: el mayor consumo de combustible en España lo realizan los propios transportistas, de modo que son ellos quienes están soportando, al menos en un comienzo, la mayor parte de ese recargo impositivo.

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En particular, los transportistas estarán consumiendo alrededor de 17.500 millones de litros de gasoil al año, lo que significa que están soportando un exceso anualizado de IVA de 1.400 millones de euros… Es verdad, sin embargo, que este IVA soportado es posteriormente repercutido por los transportistas a sus clientes (el IVA lo abona en última instancia el consumidor), pero esa repercusión nunca suele ser plena, ya que si estamos hablando del transporte de mercancías con demanda muy elástica, los consumidores pueden dejar de demandar esas mercancías... reduciendo su precio antes de impuestos y perjudicando el margen del transportista. Por tanto, una parte de ese exceso de recaudación por IVA sí procederá de unas menores ganancias de los transportistas.

¿Tiene sentido que un Gobierno que está obteniendo tal influjo de nuevos ingresos retorne tan poca recaudación a quienes la están aportando? Parecería, como ya indicamos en el último artículo, que el Ejecutivo desea utilizar la recaudación extraordinaria que está recibiendo merced a la inflación para tapar algunos de los agujeros financieros que ha dejado su gestión presupuestaria durante los últimos años. Parecería, pues, que el escudo social está comenzando a mutar en una espada fiscal.