La izquierda española quiere amordazar al ganso

El Instituto Juan de Mariana ha publicado recientemente uno de sus informes con mayor repercusión: el Impuestómetro. Aunque en el documento se tratan diversos asuntos, el que ha copado el debate público durante los últimos días ha sido el del porcentaje de los ingresos de un trabajador que termina siendo arrebatado y gestionado coactivamente por el Estado. De acuerdo con el Instituto, este porcentaje roza el 50%, mientras que políticos de izquierdas y sus altavoces propagandísticos tratan de convencernos de que se ubica más bien en el 20%. ¿Quién tiene razón?

De entrada, debemos diferenciar dos cuestiones distintas: por un lado, cuántos impuestos recaen jurídica o normativamente sobre el trabajador y, por otro, qué impuestos recaen económicamente sobre el trabajador. Lo primero es relativamente fácil de resolver y, acaso por ello, es sobre lo que ha girado el debate mediático de los últimos días: basta con leer la normativa fiscal, hallar cuál es la base imponible de cara figura tributaria y calcular cuál es el tipo efectivo medio que, sobre cada una de esas bases imponibles, soportan los trabajadores.

Lo segundo es muchísimo más complicado de estimar, pues requiere calcular la traslación que cada agente económico es capaz de efectuar del impuesto sobre otros agentes económicos: por ejemplo, el hecho de que se incremente el IRPF a un trabajador no significa que todo ese aumento del IRPF vaya a pagarlo él, porque podría o intentar renegociar una subida salarial (trasladándoselo a la empresa) o podría reducir su oferta de trabajo, lo que tendería a elevar el salario de equilibrio en el mercado y, por tanto, nuevamente a trasladar parte de esa subida fiscal a las empresas. O expresado de otra forma: teóricamente podría haber trabajadores en España que ganaran muchísimo dinero y que no pagaran ningún impuesto si es que son capaces de trasladarle toda su carga fiscal a terceros.

Siendo conscientes de esta importante limitación, resulta en todo caso pertinente plantearse cuál es la carga fiscal que jurídicamente les exige el Estado a los trabajadores (antes de que estos modifiquen su comportamiento y trasladen esa carga fiscal teórica sobre terceros). Ese ejercicio, mucho más sencillo y reduccionista metodológicamente, pero que, como decimos, también posee interés (informando siempre, claro, sobre sus limitaciones) es en el que ha centrado el Instituto Juan de Mariana su informe y el que ha recibido una furibunda reacción por parte de la izquierda.

Opinión

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A este respecto, he de decir que me ha sorprendido no solo la virulencia de esta reacción de la izquierda, sino sobre todo los argumentos empleados. El clavo ardiendo al que se han agarrado para justificar que el trabajador promedio español no está obligado a entregarle el 50% de sus ingresos al Estado es que el único impuesto que recae sobre los ingresos del trabajador… es el IRPF: la base imponible de todos los otros impuestos no es esa y, por tanto, y desde esta óptica, no tendría sentido incluirlos en el cómputo. Desde luego, se trata de un argumento en extremo ridículo y que, por ende, denota una desesperación sorprendente.

Por un lado, que el IRPF sea el único impuesto cuya base imponible esté conformada por los ingresos del trabajador no significa que el trabajador solo esté obligado a pagar ese impuesto: IVA e impuestos especiales (hidrocarburos, electricidad, tabaco, alcohol, etc.) son tributos que anualmente ha de abonar, en mayor o menor medida, cualquier trabajador y esos tributos los abonará con cargo a sus ingresos (ya sean los ingresos del año en curso o los ingresos pasados que han sido ahorrados). Por consiguiente, es del todo lícito plantearse qué porcentaje de los ingresos antes de impuestos de un trabajador le son reclamados normativamente por el Estado.

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Por otro, en realidad existe otra exacción cuya base imponible sí está conformada por el ingreso salarial del trabajador: me refiero a las cotizaciones sociales. La naturaleza jurídica de las cotizaciones sociales en España está disputada: al tratarse de un pago coactivo al Estado que lleva aparentemente aparejada una contraprestación futura, no se le puede catalogar como un tributo enteramente equiparable al IRPF, pero también sería incompleto clasificarlo como una especie de contribución forzosa a un fondo de pensiones estatal, dado que el Estado puede arbitraria y unilateralmente modificar la cuantía de los pagos adeudados en virtud de esas cotizaciones forzosas. Sea como fuere, de lo que no cabe duda es de que se trata de pagos coactivos al Estado sobre los que, alternativamente, seríamos capaces de disponer. Por tanto, también es del todo lícito plantearse qué porción del valor añadido por un trabajador dentro de la empresa termina siendo reclamado jurídicamente por el Estado.

Así las cosas, comprobaremos que los cálculos del Instituto Juan de Mariana no se alejan en absoluto de la realidad y que, por el contrario, son los críticos del Impuestómetro quienes están tratando de tergiversar esa realidad. Tomemos el salario promedio de España: 25.500 euros anuales en 2022. El tipo medio efectivo del IRPF para este tramo de ingresos es del 14% (3.600 euros), lo que nos deja una renta disponible después de impuestos de 21.900 euros.

Si consideráramos un gasto del 70% sobre esta renta disponible (15.300 euros anuales) y un tipo medio del 14% sobre ese gasto (2.150 euros), tendríamos que un sueldo de 25.500 euros paga en impuestos directos e indirectos alrededor del 22,5% de sus ingresos (5.750 euros). Sin embargo, también hemos de considerar las cotizaciones sociales: el 30,48% del sueldo bruto abonado por la empresa (7.770 euros) y el 6,47% del sueldo bruto abonado por el propio trabajador (1.650 euros). En total, unos pagos coactivos por cotizaciones de 9.420 euros que, sumados a nuestra estimación conservadora de impuestos soportados, asciende a 15.170 euros anuales sobre un valor añadido generado por el trabajador de 33.250 euros (salario bruto más cotización empresarial): esto es, alrededor del 45,5% de ese valor añadido creado por el trabajador es fagocitado (o pretende ser fagocitado) por el Estado.

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Que sí, que luego el Estado nos podrá devolver parte de ese robo a través de servicios públicos o incluso de transferencias más o menos vinculadas a algunos de esos pagos coactivos: pero es que nada de eso ha sido negado por el Instituto Juan de Mariana. Lo que ha pretendido poner de relieve es que una persona que genera un valor de 33.000 euros en España termina disponiendo de apenas 18.000 euros después de hacer frente a los pagos coactivos al Estado. Podremos reclasificar y renombrar esos pagos coactivos como más le convenga en cada momento a la propaganda estatólatra con tal de intentar minorar la apariencia de esa mordida; incluso podremos tratar de justificarla diciendo que, en el fondo, el trabajador sale ganando de que Hacienda (y la Seguridad Social) disponga paternalistamente y por la fuerza de su hacienda personal. Pero no neguemos la brutal voracidad del Estado que recae sobre los hombros de los trabajadores.

Que la izquierda haya salido en tromba a falsear los datos sobre la contribución coactiva del trabajador a los ingresos del Estado en lugar de a defender orgullosa la conquista social que supone esa contribución coactiva (y los servicios estatales asociados a ella) me sugiere que, en el fondo, ellos mismos saben que estos niveles de exacción son escandalosos y difícilmente justificables ante el grueso de la ciudadanía. Y por eso optan por mentirles y manipularlos: para que no sean conscientes de lo mucho que les quita mes a mes y año a año el Estado. Ya lo dijo el ministro de Finanzas de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert: “El arte de recaudar impuestos consiste en desplumar el ganso de forma que se obtenga la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de graznidos”. Y la izquierda mediática colabora en amordazar al ganso para que sus graznidos no resuenen y pongan en alerta a otros muchos gansos que todavía no se han dado cuenta de que están siendo vilmente desplumados.