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El blanqueo en los tiempos de la amnistía fiscal
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El blanqueo en los tiempos de la amnistía fiscal

Una amnistía fiscal nunca es una medida popular por muchas razones. En primer término, porque es sumamente injusta. Si, como señalaba Ulpiano, la Justicia es la

Foto: Foto: iStockphoto.
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Una amnistía fiscal nunca es una medida popular por muchas razones. En primer término, porque es sumamente injusta. Si, como señalaba Ulpiano, la Justicia es la firme y decidida voluntad de dar a cada uno lo suyo, subir los impuestos a los ciudadanos cumplidores y perdonárselos, en todo o en parte, a los defraudadores, es cualquier cosa menos un reparto justo de los impuestos. Además, una medida de este tipo, siempre y por definición, deslegitima el sistema fiscal al premiar a los que defrauda, lo que correlativamente supone castigar a los que cumplen con sus obligaciones.

Por otra parte, y además, a nadie le gusta apoyar medidas que fracasan. La amnistía fiscal pretendía recaudar 2.500 millones de euros y no llegó a recaudar la mitad, 1.193 millones de euros. Algunos han señalado que “la amnistía ha permitido aflorar 40.000 millones de euros de bases imponibles”. Realmente no son bases imponibles, sino patrimonio de los defraudadores. Una base imponible es algo sobre lo que se paga un impuesto; y en la amnistía, una vez pagado el 10% sobre la parte no prescrita, no hay ningún otro impuesto a pagar. El resultado es una tasa efectiva inferior al 3% sobre el importe aflorado.

Como explico detalladamente en mi libro ¿Hacienda somos todos? (Debate), este patrimonio aflorado, según los informes oficiales de la Agencia Tributaria, puede estar aportando una cifra de alrededor de 400 millones de euros al año en recaudación fiscal por todos los conceptos. Esta cifra no es precisamente considerable: es un 0,6% de la recaudación del IRPF. Estos importes tan escasos no han supuesto ningún alivio para la carga fiscal de los ciudadanos; y las subidas de impuestos han continuado hasta ahora.

Sin embargo, a lo largo de estos últimos años ha habido muchas medidas fallidas. También ha habido muchos escándalos que han costado muchísimo dinero al erario público: desde el escándalo de los ERE a la gestión de algunas cajas de ahorro. Con este panorama se sigue hablando, todavía hoy dos años después, de la amnistía fiscal. La razón de que esto suceda tiene mucho más que ver con la corrupción y el blanqueo que con los impuestos.

Según se ha ido sabiendo por los medios de comunicación, varias personas relacionadas o imputadas por delitos de corrupción se han acogido a la amnistía fiscal, directamente o a través de sociedades pantalla. Pensemos, por ejemplo en Bárcenas o en algunos miembros de la familia Pujol. Aquí la cuestión menor es si pagaron o no todos sus impuestos; que parece que no, ya que, de lo contrario, no se habrían acogido a la amnistía. La cuestión clave es el origen del dinero.

Para la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, existía el gravísimo riesgo de que, utilizando la amnistía fiscal, se pudiese introducir en el circuito legal dinero procedente del delito, especialmente de la corrupción: “Como había advertido reiteradamente la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), para acogerse a la amnistía fiscal no había que demostrar, ni siquiera manifestar, cuál era el origen del dinero que se pretendía amnistiar. Por otra parte, tampoco se establecieron mecanismos para controlar este origen. En consecuencia, y dada la oscuridad de la declaración, ya ha habido varios casos de personas, objeto de investigación penal, que se han acogido a la misma. La intención de estas personas era reintroducir en el circuito legal fondos obtenidos de forma presuntamente ilegal, es decir blanquearlo.

De este modo, tristemente, parece que la amnistía fiscal ha favorecido el blanqueo de capitales, y en consecuencia, la corrupción, ya que ha permitido que presuntos corruptos puedan disfrutar del dinero obtenido ilícitamente. Para minimizar en lo posible el daño causado, debe investigarse sistemáticamente el origen de los fondos acogidos a la Amnistía Fiscal.”

A principio de 2013, los entonces responsables de la Agencia, la exdirectora general y actual consejera de la CNMV, Beatriz Viana, y el exdirector de inspección Luis Jones no consideraron necesario establecer un plan de control específico sobre la amnistía fiscal. El plan de control tributario de 2013 sólo señalaba que “en el marco de sus planes de control, la Agencia Tributaria analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización voluntaria de su situación tributaria, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora de dichos procesos”. No hubo entonces un plan especial de control, y recordemos que la finalidad de la norma en la que se establecía la regularización especial o amnistía, el RDL 12/2012, era la reducción del déficit público.

El pasado viernes 17, el actual director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en el marco del 24º Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, anunciaba que ya se estaba procediendo al control sistemático de los acogidos a esta declaración tributaria especial, o de amnistía fiscal.

Este control sistemático es una decisión correcta, porque una amnistía que admite dinero en efectivo siempre que se ingrese en una cuenta bancaria, tiene un grave riesgo de que se utilice para blanquear, ya que el efectivo no es rastreable. Por otra parte, también se admitía que la cuenta estuviese en cualquier lugar del Espacio Económico Europeo, aunque en ese país siga habiendo secreto bancario, como en Luxemburgo, lo que acrecienta los problemas para investigar. A estas alturas, sabemos que no es un riesgo teórico: algunas personas íntimamente relacionadas con casos de corrupción se han acogido a este procedimiento. En el fondo, es esa relación con la corrupción la que hace que la amnistía siga estando presente en tantos debates.

Por último, se ha hecho lo que se debía porque los tiempos de la amnistía fiscal han quedado atrás. Ahora estamos en otros tiempos, como los de las tarjetas black, de las que hablábamos el otro día, o de la crisis del ébola: los tiempos de la indignación ciudadana, en donde, parafraseando a Hamlet, algo huele a podrido. La lucha contra el blanqueo en los tiempos de la amnistía fiscal es una parte imprescindible del combate contra la corrupción en tiempos difíciles. La lucha contra la corrupción en los tiempos de indignación es el amor en los tiempos de cólera, amargo, duro, difícil, pero imprescindible como respirar algo de aire puro.

*Francisco de la Torre Díaz es inspector de Hacienda y autor de ¿Hacienda somos todos? (Debate)

Una amnistía fiscal nunca es una medida popular por muchas razones. En primer término, porque es sumamente injusta. Si, como señalaba Ulpiano, la Justicia es la firme y decidida voluntad de dar a cada uno lo suyo, subir los impuestos a los ciudadanos cumplidores y perdonárselos, en todo o en parte, a los defraudadores, es cualquier cosa menos un reparto justo de los impuestos. Además, una medida de este tipo, siempre y por definición, deslegitima el sistema fiscal al premiar a los que defrauda, lo que correlativamente supone castigar a los que cumplen con sus obligaciones.

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