El salario mínimo en el acuerdo PSOE-Podemos

Durante estos días el SMI vuelve a ser uno de los grandes temas de discusión. Las preguntas son numerosas y, en ocasiones, las respuestas y explicaciones muy insuficientes. Hace unos días oía decir a un dirigente de Podemos que una subida como la que se recoge en el acuerdo suscrito entre el Gobierno y su formación política no podría haberla adoptado el PSOE sin la presión —quizás se refería a la capacidad de convicción— mantenida por Podemos. ¿Alguien puede creer que el PSOE hubiera elevado, por sí solo, el SMI en España hasta alcanzar los 900 euros mensuales como se recoge en el acuerdo?, se preguntaba retóricamente.

La verdad es que, como en tantas otras ocasiones, los hechos no convalidan este tipo de afirmaciones. El PSOE ya impulsó durante el periodo 2004-2008 una mejora sustancial del SMI, que subió en esos cuatro años hasta el 33%. El estallido de la crisis en 2008 interrumpió aquella senda de ascenso en el SMI español. Pero cuando el PSOE pudo ejercer algún grado de influencia sobre la política laboral, como ocurrió en la fijación del SMI en 2017, volvió a reintroducir en la agenda política la necesidad de utilizar más intensamente la política de salario mínimo en un contexto en el que, por una parte, las ganancias de productividad tenían, y siguen teniendo, grandes dificultades para transmitirse a los salarios y, por otra, era ya muy evidente que la devaluación salarial registrada a partir de 2012 se había concentrado en los salarios más bajos.

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¿Puede o no puede la economía española asumir un salario mínimo situado en el nivel de 900 euros mensuales? Si adoptamos un enfoque comparativo con lo que sucede en otras economías europeas la respuesta es, claramente, un sí. Con las cuantías actualmente vigentes el salario mínimo español (707 euros mensuales en 14 pagas al año, es decir 9.908,4 euros /año) es, por supuesto, muy inferior al que presentan los salarios mínimos correspondientes, por ejemplo, a Alemania (17.976 euros/año), Francia (17.763,6 euros/año) o Reino Unido (16.963,2 euros/año).

Sin embargo, la comparación relevante no es esa. Si el nivel salarial está determinado por la productividad del trabajo, entonces deberíamos considerar el nivel de productividad en cada país y compararlo con la cuantía del SMI vigente en cada uno. En Alemania, Francia y Reino Unido, el salario mínimo supera largamente el 20% de la productividad media del trabajo (24,3% en Alemania, 21,6% en Francia y 23,4% en Reino Unido). Pero en España el SMI solo representa un 16,6% de la productividad media del trabajo nacional. Naturalmente, lo que esto significa es que no solo seguimos manteniendo un bajo nivel en nuestro salario mínimo cuando lo comparamos con las cuantías vigentes en las otras tres grandes economías europeas, además de Italia, sino que en aquellos países el salario mínimo guarda una mejor proporción con los salarios y la productividad media.

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¿Qué nivel salarial debería tener el SMI español para igualar la relación con la productividad por ocupado existente en las tres principales economías europeas? Si establecemos tal relación media en Alemania, Francia y Reino Unido en el 23,1%, entonces el SMI vigente en España en 2017 debería ser de 987 euros mensuales abonados en 14 pagas al año. Así pues, situar en 900 euros mensuales no es, desde esta perspectiva, un disparate, como algunos comentaristas han afirmado de forma precipitada.

Pero las preguntas no acaban aquí. Hay una que merece especial atención: ¿Hasta qué punto es absorbible, sin efectos nocivos sobre el empleo, una subida del SMI en un solo año del 22,3%? Se trata, resulta obvio, de una elevación sustancial que no tiene precedentes en la historia reciente de España. Hay que remontarse a 1975 y 1976 para encontrar aumentos superiores en el SMI español en un contexto de altísima inflación que erosionaba rápidamente el poder de compra de los salarios.

¿Hasta qué punto es absorbible, sin efectos nocivos sobre el empleo, una subida del SMI en un solo año del 22,3%?

Sabemos que la capacidad de absorción de este tipo de choques está relacionada con la situación cíclica de la economía que los sufre y con la posibilidad de transmisión del impacto por parte quienes los registran. Sin embargo, los antecedentes comparables arrojan resultados que contrastan con las alarmantes advertencias que algunos anticipaban. En 2005 el SMI fue un 11,4% superior al existente un año antes. El año se saldó con una creación de empleo desconocida y, todavía hoy, con 935.200 nuevos afiliados sigue ostentando el récord de afiliación en un solo año a la Seguridad Social española.

Algo parecido sucedió en 2017 cuando el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista acordaron una subida del 8% en el SMI: la afiliación creció durante ese año en algo más de 600.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. En ambos casos, como el suelo de cotización se establece teniendo en cuenta la cuantía del SMI, las consecuencias para la recaudación a la Seguridad Social fueron de un enorme impacto. El año 2005 las cotizaciones sociales crecieron a tasas superiores al 9%. Por su parte, en 2017 la recaudación en el Régimen General creció en el 6,2% duplicando el crecimiento de la afiliación.

Por supuesto, una subida en el SMI superior al 22% anual no es inocua. Es seguro, pese a que nuestro aparato estadístico no permite ser preciso al respecto, que hoy los trabajadores afectados por ella serían superiores en número a los que resultaron afectados en el periodo 2004-2008 cuando subió el 33% en 4 años. Pero es mejor ser prudentes a la hora de anticipar toda suerte de calamidades como consecuencia de este tipo de medidas. Nuestra historia reciente no las avala y el margen para el encaje de mayores cuantías en el SMI español se ha elevado durante la crisis porque, como la EPA y la Encuesta de Coste Laboral han puesto de manifiesto de forma muy consistente, la devaluación salarial ha sido especialmente intensa entre los salarios más bajos. Al respecto hay que recordar que algunos análisis cifran en algo más del 20% el impacto de la devaluación salarial sobre los niveles situados en las decilas inferiores de la distribución salarial.

El encaje de mayores cuantías en el SMI español se ha elevado durante la crisis

Es probable que una de las razones por las que nuestra historia económica reciente muestra pocos efectos adversos en la evolución del SMI, incluso cuando crece a ritmos tan intensos como los que aquí hemos mencionado, sea la acumulación a lo largo de varias décadas de reducidas elevaciones en el SMI que no guardaban relación con la evolución de la productividad laboral. No debemos olvidar que, hasta 2004, los gobiernos tenían importantes estímulos para limitar las subidas del SMI. Al estar vinculadas a él algunas rentas y políticas públicas de gasto —singularmente el subsidio por desempleo—, elevar el salario mínimo significaba también elevar el gasto público, de forma que su cuantía tenía más que ver con las necesidades de la política fiscal y presupuestaria que con la propia política salarial. Ese funesto vínculo fue roto en 2004 por el gobierno de Rodríguez Zapatero, abriendo así el camino a una progresiva recuperación del papel del SMI en la política salarial española.

Llegados aquí, merece la pena recordar que la historia del diálogo social en relación con el SMI no es precisamente larga. Hasta el periodo 2004-2008, en el que estuvo vigente un acuerdo de evolución progresiva del salario mínimo que sustentó las subidas más importantes registradas hasta la fecha, la cuantía del SMI no solía ser objeto de negociación en el diálogo social. El gobierno se limitaba a efectuar consultas preceptivas que solían saldarse con una declaración de desacuerdo por parte de los sindicatos ante la persistencia de una política que, como se ha señalado, devaluaba sistemáticamente el papel del SMI.

Esto cambió a partir de 2004, pero la crisis vino a interrumpir el camino abierto entonces. Desde 2008 no hubo ningún acuerdo tripartito entre gobierno e interlocutores sociales que afectara al salario mínimo en España. La singular subida de 2017 abrió camino a un cambio de postura del gobierno del PP y, al final de 2017, volvió a recuperarse el diálogo sobre esta materia acordándose una subida del SMI de carácter progresivo hasta alcanzar 850 euros en 2020, es decir, una subida del 20% en tres años sometida, a su vez, a la evolución del PIB y la afiliación a la seguridad social en unos niveles determinados.

Opinión

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Así pues, la subida del SMI prevista en el acuerdo PSOE-Podemos se produciría en un momento en que está vigente el acuerdo sobre el SMI firmado entre el gobierno y los agentes sociales en diciembre de 2017. Como suele ser habitual en estos casos, en función de la decisión adoptada por el nuevo gobierno una de las partes ha callado, los sindicatos, mientras otra ha mostrado su rechazo, la CEOE. No es la primera vez que ocurre algo similar. En 2013, la reforma de las pensiones llevada a cabo por el gobierno del PP vino a alterar sustancialmente el equilibrio alcanzado en la reforma de 2011 acordada por el Gobierno socialista y las organizaciones sindicales y patronales. Entonces los protagonistas cambiaron radicalmente su reacción. Calló la organización patronal, la CEOE, y protestaron vivamente las organizaciones sindicales.

El tripartismo, el diálogo entre los gobiernos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales se basa, entre otras cosas, en principios tan sencillos como el respeto por lo que uno mismo hace. Por supuesto, además es también una forma sensata de dar consistencia y equilibrio a los cambios que afectan a las condiciones en que actúan empresas y trabajadores. Pero si ninguno de los protagonistas respeta lo que hace no será fácil evitar que muera. ¿De qué sirve negociar un acuerdo tripartito si cualquiera de las partes, empresarios o sindicatos, cambia de criterio en función de la cercanía que cada una tenga con la orientación del nuevo gobierno?

*Valeriano Gómez, economista y exministro de Trabajo e Inmigración.