La Agencia Tributaria y el Gran Hermano encubierto

Convendría repensar determinados procedimientos administrativos, puesto que, como decía John Marshall: "El poder de aplicar impuestos incluye el poder de destruir"

Foto: Fachada de una oficina de la Agencia Tributaria.
Fachada de una oficina de la Agencia Tributaria.

Si decimos que Hacienda cada vez sabe más de nosotros, es probable que dicha afirmación no sorprenda a nadie. Sin embargo, si puntualizásemos que somos nosotros mismos (los ciudadanos) los que en masa transmitimos en gran medida esa concreta información, la cosa ya empieza a tomar otro cariz. Evidentemente, esa transferencia de datos viene impuesta por ley, no pudiendo, como es lógico, quedar al albur de la voluntad de cada cual.

Y es que las obligaciones informativas son la pieza angular de todo nuestro sistema fiscal: piense, por ejemplo, en nuestro borrador de renta, que suele estar confeccionado con los datos que aparecen en una hojita, conocida como 'datos fiscales', que no son más que información nuestra que otros han declarado sobre nosotros (la empresa que te paga y lo que te paga, el banco que te da intereses, las casas que tienes, etc.).

Todo ello se arbitra legalmente a través de las diferentes obligaciones tributarias formales (definidas en el artículo 29 de la Ley General Tributaria) dentro de las que se encuentran, como hemos dicho, las declaraciones informativas.

¿Qué ocurre cuando la Agencia Tributaria te pide indirectamente que añadas más información de la que estás obligado legal y normativamente a dar?

Hasta ahí, todo dentro de lo esperable, ahora bien, como dice mi maestra, la abogada Natalia Hidalgo, una cosa es la teoría, otra la práctica y otra, bien diferente, es la realidad (de la calle, del día a día, etc.).

¿Qué ocurre cuando la Agencia Tributaria te pide indirectamente que añadas en esas declaraciones informativas más información de la que estás obligado legal y normativamente a dar?

Ocurrió recientemente a cuenta de la ampliación de la deducción maternal para las madres que pagaban guarderías o centros de educación infantil homologados (que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 estableció con carácter indefinido y con efectos desde el propio ejercicio fiscal 2018). Esta ayuda únicamente se daba a las madres que pagaban de su bolsillo el coste de la guardería, quedando vedada a aquellas cuyo coste era sufragado por la empresa empleadora de la madre en concepto de retribución en especie por venir así pactado en contrato de trabajo o convenio colectivo.

Pues bien, en orden a cotejar un 'censo' de beneficiarias, el Ministerio de Hacienda aprobó el modelo 233 (Orden Ministerial 1400/2018, 21 diciembre) en cuya virtud las guarderías venían (y vienen) obligadas a informar de un sinfín de datos con única excepción de las cuotas ingresadas por las empresas (es menester indicar que estas retribuciones en especie, a pesar de estar exentas, también son objeto de obligación informativa a Hacienda por parte de las empresas a través del modelo 190).

Tengo que manifestar mi desacuerdo con la dudosa extensión de las potestades tributarias en orden a un cerco mayor a los obligados tributarios

Sin embargo, ¿qué hizo Hacienda? Pues 'aprovechar que el Pisuerga pasaba por Valladolid' e indicar a las guarderías que informaran DE TODAS LAS CANTIDADES, las pagaran las madres o no. Y lo hizo por partida doble: con información errónea colgada en la web de la Agencia Tributaria y con visitas físicas del personal de la propia Agencia a asociaciones de educación infantil para sugerirles "cómo había que declarar correctamente".

Sin perjuicio de los problemas y numerosos procedimientos de aplicación de los tributos que dicho actuar irremediablemente conllevará, y siendo como soy un defensor de la labor de la Agencia, tengo que manifestar mi desacuerdo con la dudosa extensión de las potestades tributarias en orden a un cerco mayor a los obligados tributarios.

Convendría repensar determinados procedimientos administrativos, puesto que, como decía John Marshall (presidente del Tribunal Supremo de EEUU): "El poder de aplicar impuestos incluye el poder de destruir".

*Pablo G. Vázquez, abogado fiscalista.

Tribuna
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