La gestión económica del coronavirus

Con este escenario de tanta virulencia en las economías por parte del virus, cabe preguntarse qué se puede hacer desde la política económica para contener este impacto

Foto: Videoconferencidlos líderes de la Unión Europea por el coronavirus (Reuters)
Videoconferencidlos líderes de la Unión Europea por el coronavirus (Reuters)

La crisis del coronavirus ha impactado ya con toda su virulencia sobre la actividad económica. A los bloqueos en las cadenas de producción iniciados tras las medidas de contención del virus adoptadas, en primer lugar, por el gobierno chino se ha sumado la ralentización de la demanda privada en algunos sectores más expuestos a este tipo de riesgos como el turismo. En todo caso, la incertidumbre global sobre la evolución de la enfermedad y su impacto sobre la economía real han hundido todas las bolsas del mundo, adelantando una recesión que afectará, al menos, a varios trimestres de este ejercicio. La OCDE ha revisado así el crecimiento de la zona euro en tres décimas hasta situar la previsión de expansión por debajo del uno por ciento para 2020, aunque posiblemente el impacto será más negativo.

Con este escenario cabe preguntarse qué se puede hacer desde la política económica para contener este impacto, toda vez que la economía europea daba muestras de recuperación tras la desaceleración a mediados de 2019, y aún con reformas estructurales pendientes derivadas de los ecos de la crisis financiera de hace una década, en un entorno con serios problemas en el comercio internacional, y retos ante la digitalización o los cambios demográficos.

Pues bien, dentro de caja de herramientas clásicas de política económica, sería razonable repensar las políticas monetarias y fiscales, aunque ambos terrenos el camino no será sencillo ni exento de crear riesgos adicionales.

En primer lugar, la actual política monetaria ya es extraordinariamente expansivas. Los tipos de interés oficiales se sitúan en el 0 por ciento y la autoridad emisora cobra un 0,25 por ciento por los depósitos que los bancos mantienen en el BCE para incentivar su transmisión a la economía real. A su vez, el BCE compra en estos momentos unos 20.000 millones de euros mensuales de deuda pública y privada para colaborar así en la rebaja de los tipos de interés y su impacto en toda la zona euro. Sin duda, el BCE podría situar su tipo oficial en terreno negativo o incrementar, más fácilmente, el volumen de compras de deudas mensuales, especialmente tras la notable rebaja de tipos por la Reserva Federal la semana pasada.

Ahora bien, la liquidez ya inunda los mercados y expansiones adicionales tendrían un impacto decreciente, toda vez que el principal problema para la canalización de la política monetaria se sitúa más en la existencia o no de demanda solvente. De este modo, con una demanda reducida y decreciente de nuevo crédito y una oferta abundante de liquidez, los márgenes de explotación de los bancos podrían reducirse aún más con riesgos sobre la estabilidad financiera, generando problemas adicionales para la propia transmisión de la política monetaria, que en nada ayuda a resolver la actual situación. Es más, habría que reflexionar sobre la modulación de las herramientas anti-cíclicas de la regulación bancaria incorporada en los últimos años de la mano de Basilea III.

En segundo lugar, la ralentización de la economía activará los estabilizadores automáticos, elevando el gasto público y reduciendo ingresos vía impuestos, aún sin la toma de decisiones discrecionales. En todo caso habrá decisiones de los distintos gobiernos de la UE que harán elevar los déficits en países como el nuestro o reducir los superávits en aquellos otros como Alemania con saldos presupuestarios positivos. Y, previsiblemente, la Comisión Europea permitirá aplicar la cláusula de “desastres naturales” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para acomodar las posibles desviaciones de los saldos fiscales respecto de los objetivos acordados.

Sin embargo, la zona euro no puede dejar la respuesta fiscal exclusivamente en manos de las autoridades nacionales a riesgo de repetir los mismos errores que nos condujeron a la crisis de deuda soberana a partir de 2010. Por contra, la agenda debería dar continuidad al camino iniciado en el Consejo Europeo del verano de 2012 con la creación de la unión bancaria, es decir, de asumir conjuntamente los riesgos económicos.

La zona euro debe responder solidariamente en el esfuerzo fiscal para lo cual no se necesita tanto, aunque también, el uso flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino especialmente la actuación a través de instrumentos presupuestarios compartidos. Y en ese terreno nos encontramos con el Presupuesto de la UE, que debe verse reforzado en las actuales negociaciones del marco financiero, la provisión de liquidez del Banco Europeo de Inversiones y quizá una operación conjunta y obligatoria de todos los Estados a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Así pues, aunque la zona euro se enfrentan a una nueva recesión algo mejor equipada, también lo es que partimos de un punto inicial peor, con menos margen en la política monetaria y mayor volumen de deuda que condiciona las respuestas nacionales. En todo caso, la política monetaria podría acompañar algo más con provisión finalista de nuevas de liquidez, pero en ausencia de demanda solvente podría llegar a tener un efecto no beneficioso. Y, además, se necesita pues una respuesta fiscal común, financiada solidariamente para evitar espirales negativas sobre la cotización de las deudas públicas.

Posiblemente, el escenario central continúa pasando por una evolución en forma de “V”, pero para ello hay que evitar efectos de histéresis o shocks financieros y fiscales, lo que exige una respuesta mancomunada en la zona euro, y no sólo mayores dosis de colaboración inter-gubernamental.

Jonás Fernández, MEP y portavoz del grupo parlamentario de Socialistas y Demócratas en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios

Tribuna
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