Las oposiciones como garantía de mérito y de independencia

La vocación por el servicio público no es cosa de poca monta. Y esta vocación debería constituir una aspiración digna de ser aplaudida por todos. Con ella no solo se pretende buscar un trabajo estable. Cuando uno entra al servicio de lo público tarde o temprano se da cuenta de la importancia que representa su papel en la construcción de una sociedad mejor. No debería caber duda de que cuanto más alta sea la talla de nuestros funcionarios, su nivel de preparación y sus conocimientos, mejores serán los servicios que brindarán a los ciudadanos.

Los funcionarios están acostumbrados con demasiada frecuencia a escuchar los incesantes desprecios hacia el sistema de selección en el acceso a la función pública. El insulto se ensaña, de forma especial, con aquellos que ocupan los puestos directivos, y cuando el insulto aparece en un debate es que ya no existen argumentos. Nadie mejor que los funcionarios sabemos cómo es ese proceso y, por tanto, nadie mejor debería decir qué se debe cambiar y por qué los cambios nunca pueden ser drásticos, ni deben estar basados en trasladar, sin más, modelos que dicen ser exitosos en otros países o instituciones.

Opinión

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España utiliza un modelo de selección que elige, dentro de sus limitaciones, a los mejores. El planteamiento de los que se oponen al modelo es precisamente el contrario de lo que nosotros vemos. Cuando uno aspira a un cuerpo directivo sabe que el objetivo de esa larga y sacrificada maratón es el dominio de una materia, que debe demostrarse a través de la combinación de pruebas diversas y ante un tribunal exigente y plural. En ese objetivo la memoria tan solo es el medio que se utiliza para lograrlo.

Aquellos que ponen en duda el sistema actual lo hacen porque se basan solo en el medio, olvidándose de lo más importante, que es el fin. Aquí el fin sí justifica el medio que se utiliza, y este no puede ser otro que lo que se denomina memorización inteligente, concepto tan denostado y pisoteado hoy día por los que, o nunca lo han practicado o, por envidia, ignorancia, frustración o tal vez algún interés particular, se han apartado de él. Las oposiciones son una valiosa herramienta garante de la igualdad, y fulminarlas o flexibilizarlas, sin más, tendría consecuencias muy negativas para el interés general, así como para el correcto funcionamiento del estado de bienestar.

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La aptitud de la función pública no solo está sobradamente demostrada. También lo está su actitud. Y la función pública está tan bien preparada, pese a quien le pese, que ha sabido afrontar retos dificilísimos en muchos momentos de la España reciente: tras un año sin Gobierno, la Administración siguió funcionando y sirviendo a sus ciudadanos, actuado siempre con independencia y demostrando toda repulsa a cualquier tipo de servilismo político. En los últimos años, gracias precisamente a su preparación y capacidad de sacrificio y trabajo, ha sabido adaptarse a los cambios que ha sufrido nuestra sociedad, porque nuestra Administración es garantía de flexibilidad.

En los últimos trece meses la función pública ha demostrado mucho más que aptitudes: La labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los sanitarios y de todo el personal de limpieza... cuyo trabajo y esfuerzo es impagable. Todos ellos son merecedores del agradecimiento de toda la sociedad. El resto de la Administración también ha demostrado no solo aptitud sino una actitud que ha elevado la consideración que los ciudadanos tienen de sus funcionarios.

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El debate de lo obvio no debería existir. Se pueden debatir otras cosas como, por ejemplo, la necesidad imperante de digitalización y modernización de nuestra Administración, la falta de promoción y carrera administrativa inexistente en algunas instituciones o la ausencia de concursos que llevan años esperándose. Y en materia de selección habría mucho que hacer en las actuaciones de marketing que la Administración podría llevar a cabo para publicitar sus puestos vacantes o en la necesidad de estabilidad en la oferta de empleo público y en la posibilidad de concesión de ayudas públicas para garantizar la verdadera igualdad en el acceso a la función pública. Sin embargo, sobre el sistema de acceso, sus pruebas y sus criterios, más vale ser cuidadosos porque son menores sus defectos que sus virtudes. Las oposiciones del sistema de acceso son una herramienta con la que se sigue reclutando talento y ese talento está muy valorado dentro y fuera de nuestra casa.

La juventud, aunque muchos se empeñen en afirmar lo contrario, sigue acercándose a la función pública como una alternativa con muchísimas ventajas frente al mercado laboral privado que tan difícil se está poniendo en estos tiempos de pandemia. Los números nos lo confirman. Por ejemplo, el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado ha más que duplicado sus aspirantes en las últimas cinco convocatorias (495 a 1.187). En el cuerpo de Abogados del Estado la demanda también ha crecido (de 208 aspirantes ha pasado a 245 frente a una veintena de plazas, aproximadamente) y, pese a la dificultad de su proceso selectivo, sigue siendo uno de los más valorados a nivel nacional e internacional.

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Nuestro procedimiento de acceso a la función pública no solo no está anclado en el siglo pasado, sino que sigue siendo muy admirado y reconocido fuera de nuestras fronteras porque está en primera línea de todo y de todos. Más bien se podría decir que se ha anclado en lo que se conoce como prestigio, por demostrar sus méritos y capacidades con creces. Volver al siglo pasado, en mi humilde opinión, implicaría, por ejemplo, utilizar criterios que pudieran adolecer de subjetividad o arbitrariedad en la selección, minando la preparación y la independencia que nuestros ciudadanos admiran en nuestro trabajo día a día.

Eliminar los cimientos de un edificio bien construido cuando el tejado, las ventanas o sus habitaciones necesitan reformas no es lo más adecuado ni lo más inteligente, menos aún en tiempos de pandemia. Sigamos apostando por la igualdad, el mérito y la capacidad porque nuestro país y nuestros ciudadanos lo merecen.

*Ana de la Herrán Piñar. Vicepresidenta de Inspectores de Hacienda del Estado.