Real Decreto-ley 32/2021. Una reforma que no cumple con sus objetivos

Hace 10 días se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el real decreto-ley de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Rimbombante título para su contenido, poco o mucho depende de quien lo juzgue, que desde luego es poco congruente con el nombre que lo cobija.

El real decreto-ley contiene el acuerdo al que llegó el Gobierno con los agentes sociales para dar cumplimiento a su compromiso con Europa en relación con el marco laboral español, al que se supone culpable de nuestras diferencias en materia de empleo con los países de nuestro entorno. Seguimos con el doble de desempleo que la media europea, nuestro paro juvenil es también el doble y el empleo temporal alcanza cotas muy superiores a las de los países de la OCDE.

La Comisión Europea en el ámbito de la aplicación del mecanismo de reconstrucción exige a España que ponga orden en nuestro marco laboral para paliar el problema estructural que nos acompaña desde hace tiempo y que se empezó a enderezar a partir de la reforma de 2012. Europa demanda más flexibilidad para ser más resilientes, es decir, más capaces de adaptarnos a las circunstancias sin destruir empleo o, para decirlo en positivo, ser capaces de aprovechar los buenos tiempos para crear empleo estable y de calidad; Europa demanda resolver el problema de la empleabilidad de nuestros trabajadores para paliar las altísimas cotas de desempleo juvenil y el gran problema del desempleo de larga duración; Europa, en fin, demanda que al ser el cambio exigido una reforma estructural con impacto temporal de largo plazo se haga con el mayor consenso posible.

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El Partido Popular, por boca de su presidente, ha manifestado desde un primer momento que no podíamos ser partícipes del resultado que se plasma en la norma que da título a estas reflexiones. Y no podemos ser partícipes por varias razones que voy a intentar exponer de forma ordenada.

En primer lugar, porque lo que se ha hecho no resuelve ninguno de los problemas estructurales a los que se decía querer atender, salvo, si acaso, el de dar más prevalencia a los sindicatos de clase, que en cualquier caso no es un problema de nuestro marco laboral sino de ellos mismos. España es un país de pequeñas y medianas empresas que, para prosperar, necesitan capacidad de adaptación a las circunstancias en un mundo que cambia vertiginosamente impulsado por las nuevas tecnologías y en el que los sindicatos deberían jugar un papel diferente al que jugaban en el siglo XX. El camino para prestar seguridad a los trabajadores tenía que haber sido otro, no una vuelta atrás hacia tiempos pasados. Es curioso el uso y abuso del término 'modernización' para calificar lo que es un retroceso.

En segundo lugar, porque el tratamiento al empleo temporal, en vez de ir al núcleo del problema, a analizar las causas reales por las que se produce en España, se dedica, en el mejor estilo de la responsable de la cartera, la vicepresidenta Díaz, a prohibir, a sancionar, a regular 'objetivamente' cuando se deberían atender las razones que provocan las diferentes contrataciones y darles respuestas razonables. Como tantas veces dicen nuestros empresarios del campo, que no levantan cabeza con este Gobierno, el empleo temporal no es necesariamente precario ni de mala calidad, sino que obedece a las necesidades concretas de la actividad. Encarecer los costes de las empresas que necesitan legítimamente empleo temporal solo lleva a destrozar su competitividad y, a la larga, a reducir sus contrataciones. En resumen, una medida que predica proteger a los trabajadores desprotege a los más vulnerables, a los que necesitan un empleo.

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Desde el Partido Popular hemos venido demandando reiteradamente que se aprovechara la oportunidad del mecanismo de reconstrucción para financiar la puesta en marcha de una herramienta para eliminar las diferencias entre los trabajadores sujetos a distintos contratos de trabajo, como la llamada mochila austriaca. Sistema que se ha reivindicado por diferentes instituciones entre las que se encuentra el Banco de España, ya desde su intervención en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, con escaso éxito.

Por último, el consenso que demandaba Europa ha sido muy limitado. Es cierto que se ha trabajado con los agentes sociales para llegar a un insatisfactorio acuerdo desde un documento de partida de máximos del ministerio, que es lesivo para muchas empresas y que resta flexibilidad al sistema. Pero, también, que el objetivo no era llegar a un 'acuerdo' sino que el acuerdo fuera bueno, no el menos malo como han dicho algunos, en la línea de lo que necesitaba nuestro mercado laboral para cumplir con lo que demandaba Europa, de acuerdo con sus reiteradas recomendaciones semestrales.

Por otra parte, está claro que el Gobierno elude reiteradamente llegar a acuerdos que le resultan incómodos, como los que le viene ofreciendo el Partido Popular, principal partido de la oposición y alternativa. Y esa falta de negociación no se puede suplir con las sucesivas apelaciones a no se sabe muy bien qué, porque el modelo Thelma y Louise solo está en una particular película y nosotros no vamos a contribuir a despeñar a España; los contratos de adhesión ya no se estilan porque, en general, hay libertad de elección, pero es lo que parece que nos reclaman insistentemente.

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En resumen, la norma no cumple con su objetivo de resolver los problemas del mercado laboral; lo que reforma lo hace restando flexibilidad a las empresas y capacidad de resiliencia y adaptabilidad; la regulación del empleo temporal solo es prohibitiva y punitiva sin ninguna aportación positiva y se ha perdido una oportunidad de oro para resolver y modernizar uno de los principales problemas estructurales que tiene España, y por eso no vamos a apoyarla de ninguna manera.

P.D. Y aprovechando la cómoda manera de legislar elegida, en una de las disposiciones adicionales, la quinta, en aras de una ejecución más eficaz del plan de recuperación, se llevan por delante las normas básicas de contratación de personal en el sector público, por mucho que apelen a que se deben cumplir en estos contratos de “duración determinada” los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y la ley de reducción de la temporalidad en el empleo público. Y van radicalmente en contra de lo que en el propio texto exigen para el sector privado. Todo, como decía al principio, muy congruente.

*Elvira Rodríguez, vicesecretaria de Sectorial del PP.