El libro blanco del desasosiego tributario

“Cuando la generación a la que pertenezco nació, encontró el mundo desprovisto de apoyos para quien tuviese cerebro y corazón al mismo tiempo. El trabajo destructivo de las generaciones anteriores hizo que el mundo para el que nacimos no tuviera ya esa seguridad que nos diera el orden religioso, ni sostén que nos diera un orden moral, ni la tranquilidad que nos diera un orden político. Nacimos ya en plena angustia metafísica, en plena angustia moral, en pleno desasosiego político”

Fernando Pessoa. El libro del desasosiego.

Contraviniendo mi propósito inicial, me he aventurado a continuar con la lectura del “Libro blanco sobre la reforma tributaria” presentado recientemente por un “Comité de personas expertas”. Mi primera impresión fue que no merecía ni lejanamente dicho color inmaculado, por lo que lo en mi memoria se instaló como un cuaderno gris (CG, que me perdone el genial Josep Pla) y opté por abandonarlo como se abandonan los objetos inútiles.

Sin embargo, las continuas noticias y artículos en prensa especializada, algunos de ellos escritos por compañeros y con mucho sentido común, me han impedido cumplir mi idea original y he tenido que retomar el CG. El resultado ha sido trágico, lejos de comprender, en un análisis más sereno, la bondad de sus propuestas, me ha generado un auténtico desasosiego, por lo que he caminado raudo a mi librería para buscar la compañía de la lírica de Pessoa.

El objetivo era ambicioso, cumpliendo el mandato de la Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 12 de abril de 2021, su tarea era nada menos que elaborar “Un sistema fiscal para el siglo XXI”. Casi un año después, se presentó un documento de cerca de 800 páginas. Comparto con “las personas expertas” la necesidad de crear un sistema fiscal, lo que implica que no se cumple la primera condición exigida en el mandato constitucional del artículo 31 de nuestra Carta Magna, es decir, la existencia de un verdadero sistema tributario justo.

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En primer lugar, debo hacer una apreciación previa, la referida a la selección de los expertos. Aunque se trata de personas de reconocida valía, cualificación técnica y conocimientos teóricos, (en su mayoría profesores universitarios) hubiera sido recomendable la presencia de profesionales dedicados a la práctica tributaria. Entiendo que, al menos, debería haber habido una representación de los inspectores de hacienda como encargados de la aplicación del sistema tributario. Posteriormente he leído que tampoco formaban parte de “las personas expertas” asesores en ejercicio.

Quizás explique su ausencia la enumeración de los objetivos del CG: “la futura reforma tributaria debe adecuarse a la realidad económica del siglo XXI, y garantizar un sistema tributario “más equitativo, progresivo, justo y que incorpore la fiscalidad medioambiental, digital y la perspectiva de género”. Se trata, con ello, de “sentar las bases para una reforma tributaria estructural a medio y largo plazo que modernice y aumente la eficiencia del sistema tributario de nuestro país”.

Deben pensar que los profesionales en activo no son necesarios para lograr dichos objetivos. Entiendo que como respuesta a las generalizadas críticas recibidas por el decepcionante resultado del informe se ha aclarado que los integrantes del Comité no han obtenido retribución alguna por sus servicios. Por tanto, su recompensa se basa en el prestigio/desprestigio que resulta de haber participado en el mismo, lo que viene siendo hacer biografía o currículum, o incrementar el caché de sus ponencias, conferencias, charlas, etc.

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Ello explicaría que mi criterio (e imagino que la de la mayoría de personas neutrales) esté mucho más cercano al expresado por los dos disidentes, los señores Carlos Monasterio Escudero (Universidad de Oviedo) e Ignacio Zubiri Oria (Universidad del País Vasco) que fueron designados para integrar el comité de expertos, grupo que decidieron abandonar por discrepancias:

“Sin embargo, después de leer el texto del informe hecho público el pasado 3 de marzo por el Ministerio de Hacienda, la impresión que se saca es la de una abundancia de «sutileza» teórica y la escasez de propuestas concretas y bien fundadas, en orden de relevancia, para mejorar algún aspecto esencial de nuestro sistema fiscal. Lo primero que destaca, después de la lectura del documento, es que, pese a señalar que «una tarea imprescindible, para el próximo futuro, es la de revisar la estructura del sistema tributario, excesivamente concentrado en la tributación de las rentas de trabajo», luego no propone ninguna medida concreta respecto al IRPF, principal impuesto sobre las rentas salariales, que afecta a 22 millones de contribuyentes. “

He de recordar que el tipo marginal del IRPF es cercano al 50% en muchas de las Comunidades Autónomas (en mi opinión, confiscatorio). No parece lógico que no se adopte ninguna medida en favor del asalariado medio, el que percibe 23.000 euros y tiene uno o dos hijos.

Aunque un político, por su propio interés, prefiere gastar, a veces, hay que actuar como el denostado “buen padre de familia” (que también quieren suprimir del Código Civil) y anteponer los intereses públicos a los suyos y de su partido.

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Hay medidas que me sorprenden y me plantean aún más rechazo, como la resurrección de la idea de eliminar la tributación conjunta y la propuesta de aumentar el tipo máximo de gravamen conjunto del Impuesto de Patrimonio y del IRPF (¡al 70%¡). Quiero dedicar algunas palabras a la obsesión por eliminar el citado beneficio fiscal de carácter familiar.

Se trata de una medida cifrada en 2.400 millones de euros y que beneficia a cuatro millones de contribuyentes. El informe del CG lo califica como “extraño a un impuesto individual, como pretende ser el IRPF”. No hay que ir muy lejos, concretamente al artículo 1 de su Ley para encontrar que el citado impuesto es “un tributo que grava la renta de las personas físicas de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares”.

Otra de las excusas para liquidar la tributación conjunta es la citada “perspectiva de género”. Nadie en su sano juicio puede creer que, en las circunstancias actuales, esa reducción fiscal es la causa que evita la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

En ocasiones, actuar de manera diligente implica asumir decisiones dolorosas y muy costosas. Por mucho que le pese al Gobierno, debe asumir que debe hacer frente a ajustes en partidas de gasto. No hace falta repetir lo que dijo una popular dirigente de una Comunidad autónoma muy importante de “dedicar los 20.000 millones que se van a gastar en determinadas políticas en otra cosa”. Lo que está claro es que las modificaciones presupuestarias deben tomarse en serio con el fin de dotar de mayor crédito a aquellas partidas destinadas a la transferencia de renta con destino a los ciudadanos más desfavorecidos. La solución no es una subida generalizada de impuestos y, menos, en estos tiempos.

*Pablo Fernández Miser es Inspector de Hacienda del Estado y autor del libro “Cómo me convertí en inspector de hacienda”