La nueva Comisión Von der Leyen en busca del equilibrio: sostenibilidad y competitividad en la nueva legislatura

La sostenibilidad ha sido la bandera de la UE durante la última década. El Pacto Verde Europeo y sus políticas han situado a Europa en la vanguardia global de la transición ecológica. Pero, a las puertas del año 2025, los costes derivados de este logro han resultado en cambios muy reseñables en el ecosistema político comunitario. Los sucesivos procesos electorales han dibujado un Consejo de la UE y un Parlamento en los que cada vez más las voces piden reevaluar el coste-beneficio de normas del Pacto Verde, e incluso ponerlas en pausa o revertirlas. A ello se le suma el clima de opinión, cada vez más extendido entre empresas y académicos, de que, como señaló el ex primer ministro italiano Mario Draghi en su ya célebre informe sobre la competitividad europea, la normativa de sostenibilidad es una fuente importante de carga regulatoria que contribuye significativamente a la desventaja competitiva que acumula Europa respecto a EEUU y China.

La nueva Comisión Europea apenas ha empezado su mandato, pero ya ha dado muestras de haber recogido el guante de este aparente cambio de paradigma. Y es que, aunque el nuevo ejecutivo de Ursula von der Leyen no ha presentado aún su agenda legislativa, tanto la presidenta como sus comisarios han asumido un amplio paquete de compromisos, tanto en sus discursos de investidura o audiencias ante el Parlamento como en las "cartas de misión", en las que se definen los objetivos principales de cada uno de los 26 nuevos comisarios.

Una de estas pistas destaca por encima de las demás. Y es que en todas las cartas está presente la tarea de llevar a cabo un test de estrés a la legislación comunitaria. Bajo la supervisión del vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, se deberá revisar el inmenso acervo legal de la UE para identificar duplicidades y simplificar obligaciones y requisitos.

Este empeño se anticipa especialmente relevante en materia de sostenibilidad corporativa, donde la propia Von der Leyen ha apuntado ya en reiteradas ocasiones; la más reciente, el pasado 8 de noviembre, cuando prometió presentar una "ley ómnibus" encaminada a reducir notablemente las cargas burocráticas impuestas por normas europeas que se aprobaron durante la anterior legislatura, como la reforma de la taxonomía, la Directiva de información no financiera o "CSRD" (que acaba de iniciar su proceso de transposición en España) y la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas o "CSDDD", que ni siquiera ha comenzado a transponerse en los Estados miembros.

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Lejos de ser un anuncio genérico, la inquilina del Berlaymont —la emblemática sede de la Comisión— hasta se aventuró a dar cifras, fijando el objetivo de reducción de obligaciones de reporting no financiero en un 25% para las grandes empresas y en un 35% para las demás. Esta misma semana, se ha filtrado una carta del Gobierno alemán a varios comisarios proponiendo una modificación de la directiva en esta línea, e incluso más ambiciosa, en el sentido de reducir el número de empresas afectadas y alargar los plazos de implementación.

No faltarán quienes argumenten que, tratándose de normas que apenas han entrado en vigor —en algunos casos, ni siquiera lo han hecho—, es altamente improbable que la Comisión se atreva a revisarlas o modificarlas. Pero lo cierto es que ya se ha hecho. El pasado 2 de octubre, todavía con su Ejecutivo en funciones, Von der Leyen presentó una reforma express del Reglamento contra la Deforestación con el objetivo de retrasar un año las obligaciones que se imponían a las empresas que importasen productos derivados de la tala de árboles. El Parlamento y el Consejo de la UE, en un tiempo récord para lo que acostumbra la maquinaria legislativa bruselense, alcanzaron un acuerdo para validar la modificación.

La clave estará en demostrar que la sostenibilidad no es un obstáculo, sino una ventaja estratégica para las empresas

Más allá de la decisión en sí y de la valoración que a cada cual le merezca, lo cierto es que con ella se abre la puerta a que otras directivas o reglamentos ya aprobados y publicados se pongan en pausa, se sometan a modificación sin apenas haber empezado a aplicarse o incluso a que acaben quedándose en un cajón de forma indefinida.

En este contexto, la sociedad civil tiene un papel crucial. La participación activa de las empresas y asociaciones en los procesos de consulta es esencial. Pero no basta con señalar barreras; las empresas deben proponer soluciones que refuercen el vínculo entre sostenibilidad y competitividad. Esto requerirá inversiones en tecnología, en sistemas de gestión de datos ESG y en procesos más transparentes que respondan tanto a las demandas regulatorias como a las expectativas de los consumidores.

El camino que tiene por delante la UE no está exento de desafíos. Las tensiones políticas internas, la creciente influencia de partidos euroescépticos y las divisiones entre Estados miembros dificultarán la ejecución de esta agenda. Sin embargo, este momento también es una oportunidad para redefinir qué significa ser competitivo en el siglo XXI. La clave estará en demostrar que la sostenibilidad no es un obstáculo, sino una ventaja estratégica para las empresas y los Estados miembros.

En última instancia, la verdadera fuerza de la UE radica en su capacidad para transformar desafíos en oportunidades. Si la nueva Comisión logra alinear sus políticas con las necesidades de los ciudadanos y las empresas, este podría ser el comienzo de una era de crecimiento sostenible e inclusivo. Porque el equilibrio entre sostenibilidad y competitividad no es solo una meta; es la esencia de lo que Europa puede y debe ofrecer al mundo.

*Jorge Viñuelas, coordinador de asuntos europeos en beBartlet.