Colocación de exministras, otra indignidad

Es constante la falta de recato de los partidos políticos en llamarnos a los españoles con los vocablos con que designó Milei (sí, el amigo de Musk, Ayuso y otros) a los discapacitados argentinos: "idiotas", "imbéciles" o "débiles mentales".

¡Lo han vuelto a hacer! Mientras que expresan con voz ampulosa la mentira de que España es una democracia "plena", vuelven a deteriorar la calidad de nuestro sistema. No les importa que nos afecte o no, pero, tras colocar a un exministro socialista en el Tribunal Constitucional, pasar otro sin un día de intervalo de un Ministerio a ser director del Banco de España hace unos meses, ahora repiten la jugada. Recuerdo ahora que, entre los pesebristas varios, tienen un poco escondida a una ex ministra que duró 101 días (sí, tres meses) con este presidente en 2018 y que lleva ya justamente ahora 5 años como embajadora ante un organismo internacional como es la OEA en Washington. Le darán pronto otro cargazo.

El nombramiento ahora, otra vez más, de una exministra socialista en una de nuestras instituciones constitucionales, vuelve a ser un insulto a los españoles y una manera de manchar estas. Y no les importa. Así, incrementan la desafección de los ciudadanos por la política. Con ello, favorecen la antipolítica y el populismo que representan hoy aquí los antisistemas que apoyan a la extrema derecha.

En efecto, la designación de la exministra Magdalena Valerio como miembro permanente del Consejo de Estado es un desafuero más en la contaminación de las instituciones de nuestro país, tanto las de control, como las de asesoramiento, como el Consejo de Estado. Este organismo, hace tiempo requiere una renovación en cuanto a su configuración, pero otra cosa es que sigan intoxicando los organismos nucleares del Estado, llenándolos de políticos.

La designación de Valerio es un desafuero más en la contaminación de las instituciones

La persona mencionada había ocupado durante solo durante 18 meses el Ministerio de Trabajo. Tras ello, recibió, como todos los exministros, dos años de sueldo casi íntegros. Después, le colocaron nada menos que como presidenta del Consejo de Estado. Ciertamente, no tenía apenas méritos jurídicos, pues si bien era licenciada en Derecho, nunca había elaborado ninguna publicación ni ejerció, antes de acceder a la política, inicialmente autonómica, ninguna labor jurídica. Simplemente, había desempeñado un modesto puesto de funcionaria para cuya oposición de ingreso no se precisaba ser licenciado.

Impugnado ese nombramiento ante el Tribunal Supremo, ese lo anuló en una polémica sentencia que inicialmente sería recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, pero no serían admitidos a trámite quedando, pues, firme la resolución, pero dejando sin aclarar algunas cuestiones muy interesantes en Derecho (entre otras la cuestionable legitimación para recurrir nombramientos). Y ahora… ¡vuelven otra vez a colocarla!

Es un gran descaro que evidencia que nada les importan las instituciones salvo para colocar a su gente, ni les importa la calidad democrática ni tampoco les interesan los ciudadanos, pues los muy pocos que se han enterado y piensan que no hay nada que hacer, (yo me resisto) sabiendo aquellos que esto no les quita votos. ¡Qué tristeza! También es lamentable lo que es usual: de tantos asesores ninguno tiene la valentía de decirle al señorito de turno que eso está mal o es un disparate. Es una de las patologías de lo que son los círculos "peloteros" de poder en el gobierno o en la oposición, da igual.

Nada les importan las instituciones, salvo para colocar a su gente, ni les importa la calidad democrática, ni los ciudadanos

En efecto, un análisis minucioso, nombre a nombre, institución a institución, de lo que ha sucedido en España durante muchos años, revela que tanto el PSOE como el PP son igualmente despectivos con la neutralidad de las instituciones. Como hicieron con las Cajas de Ahorro hace 30 años, han llenado los órganos tanto de exministros como de activistas políticos partidarios con ropaje de técnicos. Que no bramen mucho los que ahora están en la oposición, porque sus nombramientos o propuestas son de traca. ¡Menudos activistas políticos promueven también!

Volviendo al caso que nos ocupa, la recolocación de Magdalena Valerio ha vuelto a ser un golpe, aunque astutamente la llevan a la condición de consejera permanente, donde no se exige ser jurista de reconocido prestigio. Ella ha sido ministra y punto. O se podría decir: "porque me da la gana y punto final".

Pero el nombramiento adquiere más gravedad cuando se observa que el partido gobernante, el PSOE, ya había promovido hace menos de un año a una exministra como presidenta de la institución y además, —aquí viene el escándalo—, también, en este caso, como consejeras permanentes otras dos que, tras haber sido miembros del Gobierno han pasado a ocupar y cobrar un cargo hasta el final de sus días. Debe señalarse que una de ellas fue auto-recolocada desde la propia la presidencia de la institución, que ante el temor de perder su puesto por elecciones, incitó a otra consejera a que renunciase y ocupar ella su sillón. Así fue.

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Pero vamos con la ahora agraciada, Magdalena Valerio. No había hueco, pues son nueve las plazas de consejeros "perpetuos" y estaban todas cubiertas. El artificiero hizo lo siguiente: vamos a ver a quién conseguimos que se retire. No se sabe si acudieron al consejero más anciano, 95 años, que era magistrado de origen conservador, y este, entre cabezadas, acaso les dijo que se fuera por donde había venido el emisario gubernamental. O tal vez se dirigieron directamente al segundo consejero de la fila, un muy brillante catedrático y expresidente del Tribunal Constitucional progresista, esto es, de confianza (entre nosotros) el cual "solo" tenía 90 años y la salud de D. Miguel no era buena. Accedió comprensivo y quedó expedita la vía para la pretendiente al cargo. ¡Magdalena!

Todo esto no está nada bien. Cuando llegue el PP, el camino se lo ha labrado el PSOE y hará lo mismo, pero las ya colocadas invocarán legalmente a Santa Rita. Además, está la escasa transparencia con que se hace. Esos trucos dañan la democracia. Pero a ellos, nombradas y "nombradores", no les preocupa nada.

Hace tiempo que postulo varias medidas de regeneración. Entre ellas, acabar con la categoría de los Consejeros permanentes, que resulta ser un anacronismo. Son, junto con el Monarca, las únicas personas (nueve) que tienen un mandato vitalicio, eterno hasta que fallezcan. Esto se cohonesta muy mal con la temporalidad que en una democracia avanzada deben tener los cargos públicos. Con el máximo respeto a ellos y los servicios prestados, en la actualidad quienes ostentan esos cargos tienen unas edades de 95, 90 (incluyo a D. Miguel, el cesado), 88, 85, 84, 80, 78, 77 y 75 años. El caldito de los jueves (días de pleno) con las alfombras muy mullidas les une. Menos mal que los que mantienen activo el Consejo de Estado es el brillante cuerpo de Letrados. Así, si se quiere prolongar estos cargos más allá de la edad de jubilación, podría fijarse de futuro una edad concreta, pero no para siempre. La experiencia y agradecimiento no deben ser la excusa para una canonjía vitalicia y un sueldo que sería como un cuponazo, el Gordo o el de una marca de café: un sueldo para toda la vida.

Cuando me vuelva a llamar Évole para tratar de la indignación en la política, tendré más argumentos.

*Jesús López-Medel. Jurista y autor del libro "Calidad democrática. Partidos voraces, instituciones contaminadas. 1978-2024"