¿Puede Madrid seguir siendo una isla fiscal?

La Comunidad de Madrid dispone de una característica –resultado de la concepción liberal-conservadora de sus gobiernos autonómicos– que la hace más competitiva y atractiva: constituir lo que, quizás en términos peyorativos para algunos, se conoce como una “isla fiscal”. Efectivamente, en Madrid los impuestos para financiar el autogobierno como son los que gravan el patrimonio y las sucesiones están técnicamente “desfiscalizados”, es decir, exentos. Esa es una diferencia de enorme calado respecto de otras autonomías.

Para ser justos hay que reconocer que esa política fiscal se ha debido tanto a Aguirre como a González. A este último le ha costado mantener así la situación de la comunidad más de un serio encontronazo con Cristóbal Montoro y, en general, con el Gobierno. Sin embargo, se oye poco en la campaña de Cifuentes y del PP esta política de reducción de impuestos que ha hecho de Madrid un polo de atracción de grandes patrimonios con la generación de riqueza –y de impuestos, por otros tipos fiscales– que conlleva.

La persistencia en esta política fiscal está justificada de manera clara en el hecho de preservar a las clases medias del esfuerzo fiscal –brutal en esta legislatura– al que les ha sometido el Gobierno de Rajoy incrementando el IRPF y el IVA. Si se cumplen las promesas electorales de reducir el IBI –la propiedad soporta cada vez más tasas, contribuciones e impuestos– y de aflojar en las plusvalías municipales y se garantiza que un Gobierno del PP no reinstalará en la comunidad ni patrimonio ni sucesiones y cerrará la ruinosa Telemadrid, la mesocracia madrileña –amplísima– tendrá un motivo de seria duda si pensaba fugarse a otra opción alternativa a la popular.

Madrid tiene afán recaudador, pero menos. Es una isla fiscal, pero semejante condición no es negativa sino una palanca de potencial progreso

Madrid cumple los estándares más exigentes de solidaridad con el resto de las comunidades españolas. Transfiere buena parte de su PIB –como lo hace Cataluña, que alcanza al 19% del total español– y reclama, también como Cataluña, que se imponga en la financiación autonómica un principio de ordinalidad que es un criterio federalizante operativo en los Estados descentralizados como Alemania. Es verdad que el “efecto sede” de Madrid le reporta beneficios, pero le procura también muchos costes, hasta el punto de que se produce una compensación razonable entre la ventaja y la desventaja.

La campaña electoral se está yendo por los cerros de Úbeda. Si creemos eso de que “¡es la economía, estúpido!” convendría que los candidatos hablasen mucho más de impuestos, de tasas, de contribuciones… de ese sinfín de aportaciones de los ciudadanos que desde que salen de casa hasta que regresan están con el monedero o la cartera abiertos. Pagando por todo: por aparcar; por un certificado municipal; por la plusvalía también municipal de una vivienda que se ha vendido a pérdida; por un IBI de la casa habitual y de la plaza de garaje; por multas exorbitantes por infracciones mínimas –¡qué desproporción por aparcar, por ejemplo, en un lugar reservado a carga y descarga!– y, casi, por respirar.

La persistencia en esta política fiscal está justificada de manera clara en el hecho de preservar a las clases medias del esfuerzo fiscal al que les somete Rajoy

Madrid tiene afán recaudador, pero menos. Es una isla fiscal, pero semejante condición no es negativa sino una palanca de potencial progreso. La amenaza de más exacciones –que van casi todas sobre las clases medias y trabajadoras con nóminas reducidas– agobia a los ciudadanos, los cabrea y rebota. Mucho más cuando se constatan despilfarros hirientes y, lo peor, corrupciones sistémicas que roban recursos públicos. Uno de los retos más singulares del Instituto Nacional de Estadística, en colaboración con otras entidades, consistiría en cuantificar cuántos millones de euros son desviados por los corruptos. Por eso, la honradez en la gestión de los asuntos públicos no es sólo una cuestión de moral. La honradez es un valor –sí, moral– pero también de carácter económico. Porque no tiene pase que las clases dirigentes más extractivas –ilícitamente extractivas– sean las que proclamen la necesidad de seguir aumentando los impuestos.

P.S. Varios foreros puntualizaron ayer que el titular de EGIN, cuando la Guardia Civil liberó a Ortega Lara, fue “Ortega Lara vuelve a la cárcel” y no “Ortega Lara sale de la cárcel”. Los foreros tenían razón y yo erré en la transcripción. En ambos casos, el titular del periódico proetarra era infame, pero la advertencia de varios lectores resultó muy oportuna. Disculpas por el lapsus.