Infanta imputada, bueno, ¿y qué?

Si nos creyéramos lo que tantas veces hemos pregonado sobre el respeto a las decisiones judiciales y el funcionamiento del Estado de Derecho en régimen de igualdad ante la ley, veríamos la imputación de la Infanta, Doña Cristina, como un síntoma de salud democrática. Por desgracia, no es así. Nos zumban los oídos de tanto escuchar que estamos ante una conspiración contra la Corona o ante los desvaríos de un nuevo juez estrella.

Dos melodías se entrecruzan en la banda sonora de fondo. Una: “No se puede castigar a nadie por ser quien es”, pregonada por el fiscal Horrach (erigido en defensor de la Infanta, junto al abogado del Estado) y voces afines a la Corona. Otra: no se puede exculpar a nadie por ser quien es, que firma el juez instructor (“La justicia es igual para todos”) en orden al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley invocado por el propio rey Don Juan Carlos en su mensaje navideño de 2012 y silenciado en el de 2013. Todo lo demás es un proceso indagatorio apoyado en informes de la Policía y la Agencia Tributaria sobre dos supuestos delictivos: blanqueo de dinero y delito contra la Hacienda Pública. Aunque el desenlace es incierto, quienes ya se malician que será arbitrario o caprichoso no creen ni han creído nunca en el imperio de la ley.

Ni los pilares del Estado van a tambalearse por preguntar a la infanta Cristina, como dice el juez Castro, ni se va a desplomar el cielo porque la hija del Rey declare en calidad de imputada si estaba o no al tanto de los manejos de su marido, Iñaki Urdangarin. Es más, su imputación es una oportunidad de la Corona para hacer creíble el propósito de la enmienda expresado por el Rey cuando en su último mensaje habló de "transparencia" y "ejemplaridad" como guías de conducta entre los miembros de su familia y en el funcionamiento de la Casa Real.

Por supuesto que la infanta Cristina y su representación procesal están en su derecho a recurrir. Pero quede claro que, en vez de colaborar con el juez, la Infanta prefiere el litigio

Una forma de dar ejemplo es colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de unas conductas presuntamente delictivas. Al fin y al cabo, la Infanta todavía no está acusada de nada, aunque lo parezca por la llamada ‘pena de telediario’, que han sufrido tantos y tantos personajes públicos. ¿Acaso la notoriedad de estas personas, incluidos los miembros de la Familia Real, les hace formar parte de una especie protegida? A la Infanta, simplemente, se la convoca (8 de marzo a las 10:00 h) para que preste declaración “en calidad de imputada” y “asistida de letrado”.

Sin embargo, entre cooperación o litigio, la Infanta ha optado por lo segundo. Mientras la Casa del Rey expresaba ayer su respeto a esta decisión judicial, el representante legal de Doña Cristina, Miquel Roca, anunciaba su intención de presentar un recurso contra el auto de más de 200 páginas firmado por el  juez instructor. Está en su derecho.

Por supuesto que la infanta Cristina y su representación procesal están en su derecho a recurrir. Eso no se discute. Pero quede claro que, en vez de colaborar con el juez, la Infanta prefiere el litigio. No parece una señal segura de su inocencia respecto a las actividades de la sociedad familiar Aizoon, que, a medias con su marido, Iñaki Urdangarin, funcionó como caja registradora del instituto Nóos.