La corrupción en el ojo ajeno y el lawfare en el propio

Al escuchar el relato, entre emotivo y retador, del calvario judicial vivido por Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de Izquierda Unida en Sevilla, lo primero que a uno se le viene a la cabeza es la Fórmula de Blackstone. Esa sentencia tan célebre en Derecho Penal que dice que “es mejor que diez culpables estén en la calle a que sufra un solo inocente”. Estremece pensar en el daño sufrido en más de diez años de imputaciones, declaraciones judiciales, portadas de periódicos y penas de banquillo y en el coste personal, político y económico que implica. Nadie debería alegrarse jamás, al margen de filias o fobias políticas, de que una persona que no ha sido condenada por delito alguno tenga que vivir una situación similar.

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Ocurre, no obstante, que hay quien se empeña en mover a su antojo las lindes entre la inocencia y la culpabilidad. Entonces es cuando los cimientos de la ratio del jurista inglés se empiezan a tambalear. Y, con ellos, los del sistema judicial. Y, sin ánimo de ponernos alarmistas, la propia democracia y el Estado de Derecho sufren daños colaterales. Porque Torrijos es inocente, porque así lo han determinado los tribunales. Idéntico argumento para que quien ha sido condenado sea culpable, sin peros ni piruetas verbales de ningún tipo, como esa críptica y dañina afirmación de Pedro Sánchez de que con la pena a José Antonio Griñán “pagaban justos por pecadores”.

Si cuando un político adversario es condenado pertenece a un “partido penetrado por la corrupción” que no merece gobernar, cuando lo es un compañero todo responde a la arbitrariedad de una “cacería política, mediática y judicial” y si es absuelto tras una larga imputación ha sido víctima de “un laboratorio nacional para el lawfare”, alguien no sólo se está haciendo trampas al solitario, sino que está poniendo en duda todo el sistema.

Es intolerable vivir angustiado más de una década por un incierto destino que depende de un larguísimo proceso judicial, y esto vale para Torrijos, para los acusados por los ERE y también para los de la Gürtel. Pero sostener que obedece a los manejos maquiavélicos de unos jueces politizados y no a los defectos de una Justicia lenta y con falta de recursos materiales y humanos es una afirmación tan arriesgada como peligrosa. Basta con estar libre de prejuicios y tener un mínimo sentido crítico para que de manera inmediata surjan varias preguntas y reflexiones.

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Por qué una confabulación de las fuerzas vivas de la derecha rancia y carpetovetónica del “Tea Party local”, como al propio Torrijos siempre le gustaba definirlo, es capaz de imputarle diez delitos en cuatro procesos distintos, pero no puede condenarle por ninguno. ¿No será que diferentes fiscales y jueces ven indicios de delito durante la instrucción y en el juicio se demuestra que es inocente? ¿Puede ser que el sistema funcione?

Las denuncias sobre diferentes irregularidades en la gestión de Mercasevilla hicieron posible descubrir la trama de los ERE. En el caso Fitonovo hay 66 personas procesadas en cinco piezas distintas, dos de ellas ya juzgadas y con condenas por prevaricación y cohecho, y el asesor de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona ha reconocido los hechos en un acuerdo con la Fiscalía. Respecto a Sevilla Global, el TSJA afirmó que esta sociedad municipal dirigida por IU actuaba como “una agencia de colocación de afines” y con “vulneración de derechos fundamentales por motivos ideológicos”. Y el gerente de la Fundación DeSevilla, también de IU, fue condenado por fraude de subvenciones.

En todos esos casos en los que fue procesado Torrijos se ha acreditado la existencia de delitos cometidos por otras personas que han sido condenadas por ello. Y en ese momento él ocupaba cargos relevantes en la Administración local y en su propio partido que le hacían tener responsabilidades en ellos, por lo que no se trató de denuncias falsas, sino de sospechas o indicios de su presunta participación en actividades ilícitas luego demostradas, aunque no en su caso. Lo habitual en una instrucción judicial.

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Quienes denunciaron cada caso hicieron un ejercicio de responsabilidad gracias al cual se ha identificado y condenado a los culpables de los diferentes delitos, algo que es responsabilidad de los instructores y no de los denunciantes. Así pues, ¿por qué habrían de pedir perdón? ¿Acaso el propio Torrijos no denunció también en su día por prevaricación y malversación a todo el Gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y por calumnias al portavoz adjunto popular? ¿Pidió perdón por ello cuando las denuncias quedaron en nada?

En octubre de 2008, Torrijos presentó una moción en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Sevilla para exigir la inmediata dimisión de 14 cargos públicos nacionales del PP por su implicación en presuntas corrupciones. Ninguno de ellos del Ayuntamiento de Sevilla y ninguno de ellos con una condena, solo con una imputación. ¿Era eso un ejercicio de limpieza democrática o una cacería política?

Izquierda Unida forma hoy día parte del Gobierno de España gracias a una moción de censura que tenía como justificación (el corrector del procesador de texto ha estado a punto de cambiar la palabra por “excusa”) la insoportable corrupción estructural del Gobierno del PP de Mariano Rajoy en base a una frase aislada de una sentencia. No se me ocurre un mejor ejemplo de ese lawfare que denuncia Torrijos.

Haber sufrido el calvario de cuatro procesos penales siendo inocente merece sin duda la mayor solidaridad por todo el sufrimiento vivido. Nueve procesos diferentes archivados o con su absolución acumula ya Francisco Camps, quien durante muchos años fue icono de la corrupción, y no consta que nadie le haya pedido perdón todavía.