¿Quién asume el coste político de la pandemia?

Si fuera cierta una de las teorías circulantes, en estos días se estarían cumpliendo dos años desde que empezó a expandirse en China el coronavirus que ha provocado la peor calamidad sanitaria en décadas. Ha sido tiempo suficiente para acertar y equivocarse, y para que aprendamos de los aciertos y de las equivocaciones. También, para insistir en determinados errores, a sabiendas.

Este segundo aniversario coincide con la llegada de una nueva ola, cuando estamos a las puertas de la Navidad. Y debemos recordar la terrible ola que sufrimos en enero de este año, cuando la incidencia a catorce días se disparó hasta 900 casos a finales de enero, es decir, como consecuencia directa de las celebraciones navideñas. Supimos entonces que las decisiones (o la ausencia de decisiones adecuadas) político-sanitarias previas a la Nochebuena de 2020 tuvieron como efecto que se dispararan los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en los primeros meses de 2021. El Gobierno se negó a decretar restricciones aplicables a todo el país, y entregó toda la responsabilidad a los gobiernos autonómicos, en lo que se dio en llamar "las 17 navidades distintas". Cada comunidad tomó sus propias medidas y eso generó un nivel inaudito de confusión general: no había forma de saber qué se podía hacer, y qué no, en cada territorio, ni por qué en unos sí y en otros, no.

El Gobierno ha optado por dos actitudes contrapuestas: las noticias buenas las doy yo y las más controvertidas las dan las CCAA

Llegados a finales de noviembre de 2021, la incidencia del virus se ha disparado en buena parte de Europa. En España el dato es mucho mejor que en Alemania, Austria o Francia, pero también empeoramos. Como consecuencia, hay varios debates abiertos a propósito de la gestión política de esta crisis sanitaria. Uno de ellos, sobre la aplicación de una tercera dosis de refuerzo. Y otro, sobre si hay que establecer restricciones específicas para las personas que no se quieren vacunar, ante la evidencia de que la mayoría de quienes se contagian y sufren una enfermedad severa son aquellos que no se han vacunado.

Ante estos dos debates, el Gobierno ha optado por dos actitudes contrapuestas: las noticias buenas las doy yo y las más controvertidas las dan las comunidades autónomas. Así, el presidente Pedro Sánchez se apresuró a anunciar desde Turquía que se administrará la tercera dosis a los mayores de 60 años y a los sanitarios, persuadido de la mayoritaria buena disposición que los españoles mostramos ante la vacuna. No existe esa misma aprobación general para las restricciones —como, por ejemplo, la imposición del certificado covid— y, entonces, Moncloa despeja esa responsabilidad hacia los gobiernos autonómicos. Y no se trata de una estrategia improvisada para esta ocasión.

El presidente ha decidido que cada gobierno autonómico asuma "la presión política frente a la pandemia", ignorando la sentencia del TC

Cuando empezó la pandemia, Pedro Sánchez decidió centralizar la gestión en la presidencia del Gobierno. "Entramos juntos y saldremos juntos", prometió cuando firmó el primer estado de alarma (tumbado después por el Tribunal Constitucional). Por tanto, centralizó también toda la responsabilidad política derivada de esa gestión. A principios del verano de 2020, Sánchez nos anunció en sede parlamentaria que "hemos vencido al virus". En agosto, una nueva ola de contagios demostró que tal cosa no había ocurrido y la perspectiva de sufrir nuevos varapalos políticos a consecuencia de la complejidad del problema hizo virar el rumbo. El 22 de agosto de 2020, Moncloa filtró al diario 'El País' que "el Gobierno traslada a las autonomías toda la presión política frente a la pandemia", en una autocalificada como "decisión política de fondo". Cogobernanza, lo bautizaron. Sánchez traspasaba el embrollo a los presidentes autonómicos, salvo en un caso que sí le satisfizo ejecutar en primera persona del singular: dos meses después impuso el estado de alarma solo en la comunidad de Madrid. Territorios que lideraron el ranking de incidencia en otros momentos de la pandemia (Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco o Navarra) nunca fueron "intervenidos" de esa manera.

Ahora, la cogobernanza ha sido declarada inconstitucional. El TC considera que la limitación de derechos fundamentales no corresponde establecerla a las comunidades autónomas, que esta semana han pedido a Moncloa —sin éxito— una normativa general que les permita, por ejemplo, imponer el pasaporte covid para entrar en restaurantes o eventos multitudinarios. Pero la palabreja —"estamos practicando la cogobernanza", insiste Sánchez— ha hecho fortuna y en Moncloa han optado por ignorar la sentencia del TC, aunque sea tan reciente como de hace solo tres semanas. El presidente ha decidido que cada gobierno autonómico asuma "la presión política frente a la pandemia", en aplicación de la doctrina establecida en agosto de 2020. Las noticias buenas las doy yo: la retirada de las mascarillas al aire libre ("las mascarillas dejan paso a las sonrisas", según descripción naif de la ministra de Sanidad), o lo bien que ha ido la vacunación. De las noticias controvertidas te ocupas tú: no habrá normativa general y quien quiera imponer el pasaporte covid, que lo intente por su cuenta. Sálvese quien pueda.